Entre la Criminología y la Política
Criminal: Caminos para una
Justicia Renovada.
Autor/es:
Samaniego-Quiguiri, Delia Paulina
Fiscalía General del Estado
Toscano-Broncano, Fabian Heriberto
Consejo de la Judicatura
Bonilla-Morejón, Diego Marcelo
Consejo de la Judicatura
Alfonso-Olvera, Luis Arturo
Estudio Jurídico: Asesores Legales Corporativos – ASESCORP
Bonilla-Morejón, Jefferson Steven
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Manobanda-Chimbo, Henry Armando
Universidad Amawta Wasi
Bucheli-Espinoza, Carlos Ivanoff
Universidad Estatal de Bolívar
Paredes-Fierro, Eduardo Joselito
Universidad Estatal de Bolívar
Publicado por Editorial Grupo AEA
Ecuador, Santo Domingo, Vía Quinindé, Urb. Portón del Río.
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Primera Edición, 2024
D.R. © 2024 por Autores y Editorial Grupo AEA Ecuador.
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Samaniego-Quiguiri, D. P.
Toscano-Broncano, F. H.
Bonilla-Morejón, D. M.
Alfonso-Olvera, L. A.
Bonilla-Morejón, J. S.
Manobanda-Chimbo, H. A.
Bucheli-Espinoza, C. I.
Paredes-Fierro, E.J.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una
Justicia Renovada
Editorial Grupo AEA, Ecuador, 2024
ISBN: 978-9942-651-22-8
Formato: 210 cm X 270 cm 141 págs.
Título del libro:
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia
Renovada
© Samaniego Quiguiri Delia Paulina, Toscano Broncano Fabian Heriberto,
Bonilla Morejón Diego Marcelo, Alfonso Olvera Luis Arturo, Bonilla Morejón
Jefferson Steven, Manobanda Chimbo Henry Armando, Bucheli Espinoza Carlos
Ivanoff, Paredes Fierro, Eduardo Joselito
© Febrero, 2024
Libro Digital, Primera Edición, 2024
Editado, Diseñado, Diagramado y Publicado por Comité Editorial del Grupo AEA,
Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador, 2024
ISBN:
978-9942-651-22-8
https://doi.org/10.55813/egaea.l.67
Como citar (APA 7ma Edición):
Samaniego-Quiguiri, D. P., Toscano-Broncano, F. H., Bonilla-Morejón, D. M.,
Alfonso-Olvera, L. A., Bonilla-Morejón, J. S., Manobanda-Chimbo, H. A., Bucheli-
Espinoza, C. I. & Paredes-Fierro, E.J. (2024). Entre la Criminología y la Política
Criminal: Caminos para una Justicia Renovada. Editorial Grupo AEA.
https://doi.org/10.55813/egaea.l.67
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Revisores:
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capítulos son responsabilidad de los autores.
Reseña de Autores
Samaniego Quiguiri, Delia Paulina
Fiscalía General del Estado
samaniegod@fiscalia.gob.ec
https://orcid.org/0000-0002-2051-3431
Madre, esposa, hija y profesional, Abogada de los Juzgados y Tribunales de la
República del Ecuador, Licenciada en secretariado Gerencial, Maestrante egresada de
Derechos Humanos de las poblaciones vulnerables en la UASB, Magister en Derecho
Procesal Penal en la UNEMI investigadora y escritora. He laborado por más de 15 años
en el Sector Público, de ellos 11años para la Fiscalía General del Estado en Sucumbíos
y Bolívar. He realizado diversas publicaciones en temas de investigación, como
Responsabilidades civiles por el mal manejo de fondos públicos; La doble taxación y
sus afectaciones jurídicas en el Ecuador; El derecho a la libertad de opinión y expresión
y su vulneración como derecho fundamental; La explotación sexual comercial infantil,
una realidad poco observada en el Estado ecuatoriano, How in constitutional protection,
the right to helathy environmente can be guaranteed, Causas que determinan la
ineficacia del Código Orgánico de la Niñez y adolescencia en la consecución del
objetivo del interés superior de los NNA en la legislación ecuatoriana, Los derechos
humanos desde la perspectiva de las poblaciones vulnerables.
Toscano Broncano, Fabian Heriberto
Consejo de la Judicatura
fabitorio@gmail.com
https://orcid.org/0009-0000-4433-3817
Abogado de Profesión por la Universidad Central del Ecuador, con
estudios de Derecho Constitucional por la Universidad Nacional de
los Andes, Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de
Chimborazo, Comunicación Política y Gestión de Gobierno por la
Universidad José Camilo Cela; ocupe funciones de Juez
Multicompetente de primer nivel, Juez Provincial Multicompetente,
actualmente en el cargo de Juez Provincial de la Sala Especializada
de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte de Justicia de Chimborazo.
En el camino del aprendizaje del derecho como una ciencia que
aporta al desarrollo social de la humanidad.
Bonilla Morejón, Diego Marcelo
Consejo de la Judicatura
diego.bonilla@funcionjudicial.gob.ec
https://orcid.org/0000-0001-5481-151X
Profesional, que se ha formado en el pre grado como Abogado, Master en Fiscalidad
Nacional (UNIR), Magister en Derecho Procesal Penal (UNEMI), y Formador de
Formadores, lo que me ha permitido alcanzar conocimientos para crecer como persona
y profesional. Como estudiante me desempeñaba como ayudante jurídico laborando
con excelentes profesionales del derecho, para luego dar un gran paso al ámbito
público he laborado en la Fiscalía Provincial de Sucumbíos, así como en la Fiscalía
Provincial de Bolívar, y actualmente desempeño mis funciones en el Consejo de la
Judicatura en Bolívar. Mi anhelo es colaborar con los futuros profesionales del país,
donde su formación debe ser de calidad con calidez, fomentando una verdadera
educación, ya que la única forma en la que podremos alcanzar una sociedad de
excelencia, es a través de conocimiento que debe ser impartido en las aulas de clase
como lo he venido realizando como docente universitario en la Universidad Estatal de
Bolívar en las diferentes ramas del derecho público, y como miembro activo del Instituto
Ecuatoriano de Derecho Tributario.
Alfonso Olvera, Luis Arturo
Estudio Jurídico: Asesores Legales
Corporativos – ASESCORP.
L-arturo91@outlook.com
info@estudioasescorp.com
https://orcid.org/0009-0006-6649-1561
Abogado penalista en el libre ejercicio de la profesión. Mi experiencia
me ha permitido alcanzar un profundo conocimiento del sistema
judicial y de la legislación penal de nuestro país; logrando
comprender, que para la defensa de las causas penales se debe
observar a nuestra Constitución. Por tal razón, concluí exitosamente
mis estudios de cuarto nivel alcanzando el grado de magister en
Derecho Constitucional. Soy una persona convencida de que, a
través de la profesión, se puede servir positivamente a nuestra
sociedad siempre y cuando ejerzamos, teniendo a la honestidad, el
permanente estudio y la disciplina, como premisas fundamentales.
Estas son características que sumadas a la proactividad y al trabajo
en equipo, me han formado en lo personal y profesional.
Bonilla Morejón, Jefferson Steven
Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo
jeffersonbonillamorejon@gmail.com
https://orcid.org/0009-0000-3048-0840
Abogado de los Juzgados y Tribunales del Ecuador, Estudiante de la
Universidad Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES”, Escritor
de Arts. Científicos entre ellos “La determinación Tributaria a los
Servicios Digitales de entretenimiento que prestan las empresas
multinacionales en el Ecuador”, Master en Derecho Constitucional
Contemporáneo y Gobernanza Local, Docente de la Carrera de
Leyes y Reglamento de Tránsito y Seguridad Vial en la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo "ESPOCH", Escritor de Libros
entre ellos “ Los gritos Silenciosos de las víctimas de violencia de
genero. Un enfoque desde la prespectiva pre- procesal y procesal
penal en Ecuador.”
Manobanda Chimbo, Henry Armando
Universidad Amawta Wasi
manobandahenry@yahoo.es
https://orcid.org/0009-0005-6854-3524
Hijo del Padre Cosmos y la Madre naturaleza de KAY PACHAk, JAHUA
PACHAk, Líder, Sabio, Yachay, Abogado de los Juzgados y Tribunales de
la República, Maestrante en Derecho Procesal Penal (UNEMI),
representante comunitario, líder del pueblo Kiwchua Waranka, Asesor y
Coordinador técnico de la organización COSICPB, Asesor de la Asamblea
de la Seguridad Ciudadana cantón Echeandía, participación en los eventos
Nacionales y luchador de los derechos de los indígenas y campesinos en
Ecuador, destacando como abogado litigante a nivel Nacional. Dando inicio
en el sector público como asistente de proyectos 2 de Justicia Indígena de
Pueblos y Nacionalidades del Ecuador AMAWTA WASI. Mi aporte siempre
desde lo intelecto a la sociedad para generar una conciencia social de los
derechos que nos asiste.
Bucheli Espinoza, Carlos Ivanoff
Universidad Estatal de Bolívar
cbucheli@ueb.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-7686-6981
Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador,
licenciado en Bibliotecología, Documentología y Archivología, Maestrante
egresado en Derechos Humanos de las poblaciones vulnerables en la
UASB. A lo largo de más de 30 años como servidor público, impacta
positivamente en la sociedad, contribuyendo con investigaciones
significativas como "La explotación sexual comercial infantil, una realidad
poco observada en el estado Ecuatoriano", "How in constitutional
protection, the right to a healthy environment can be guaranteed", y "The
Double Taxation within Ecuador and its Legal Affections". Estas
publicaciones reflejan un enfoque en temas críticos que buscan no solo
informar, sino también generar cambios significativos en el entendimiento y
tratamiento de problemáticas complejas en nuestra sociedad.
Paredes Fierro, Eduardo Joselito
Universidad Estatal de Bolívar
eparedes@ueb.edu.ec
https://orcid.org/0009-0000-5242-6183
Formación profesional de pre grado como abogado de los Tribunales
de Ecuador, Licenciado en Informática Educativa, Licenciado en
Relaciones Empresariales, egresado de la Maestría en Derechos
Humanos de Poblaciones más Vulnerables, ilustraciones que me
permitido alcanzar conocimientos de distintas áreas. Desempeño en
el servicio público en la Universidad Estatal de Bolívar, como
especialista de contratación pública, procesos formativos que hoy en
la actualidad, es un valor esencial en la formación de los individuos
en diversas áreas del conocimiento permitiendo desarrollar
habilidades adquirir conocimientos y promover el crecimiento
personal y profesional.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
XIII
Editorial Grupo AEA
Índice
Reseña de Autores .......................................................................................... IX
Índice ............................................................................................................. XIII
Introducción .................................................................................................. XVII
Capítulo I: Fundamentos teóricos...................................................................... 1
1.1. Criminología: Definición y Evolución ................................................... 3
1.1.1. Perspectivas Históricas: El pasado de la Criminología .................. 6
1.1.1.1. La intersección entre la criminología y la psicología: Explorando
nuevas perspectivas y enfoques en el estudio del comportamiento criminal
10
1.1.1.2. Explorando la intersección entre la criminología y la sociología:
Perspectivas sobre el comportamiento delictivo y el control social ....... 11
1.1.2. La criminología en la era moderna............................................... 12
1.1.2.1. La criminología moderna ....................................................... 15
1.1.2.2. Futuro de la criminología ....................................................... 16
1.1.3. Teorías Criminológicas ................................................................ 17
1.1.3.1. Teoría clásica: ....................................................................... 17
1.1.3.2. Teoría del etiquetamiento: ..................................................... 19
1.1.3.3. Teoría de las ventanas rotas: ................................................ 20
1.1.3.4. Teoría de las actividades cotidianas o rutinarias: .................. 23
1.1.3.5. Teoría de la elección racional: ............................................... 25
1.1.4. Intersección con la justicia penal ................................................. 28
1.1.4.1. Aplicaciones prácticas ........................................................... 35
1.1.4.2. Desafíos actuales .................................................................. 58
1.2. Conclusiones del capítulo ................................................................. 60
Capítulo II: Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología .......... 63
2.1. Política Criminal: Definición y principios ............................................ 65
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
XIV
Editorial Grupo AEA
2.1.1. Principios de la política criminal ................................................... 67
2.1.1.1. Proporcionalidad ................................................................... 68
2.1.1.2. Coherencia: ........................................................................... 69
2.1.1.3. Previsión ............................................................................... 71
2.1.1.4. Prohibición del Derecho Penal Simbólico y del Populismo
Punitivo 72
2.1.1.5. Evidencia Empírica: .............................................................. 74
2.1.1.6. Seguridad Jurídica: Pilar Fundamental para la Estabilidad y
Confianza en la Política Criminal .......................................................... 76
2.1.1.7. Respeto a los Derechos Fundamentales en la Política Criminal:
Garantizando Justicia y Dignidad ......................................................... 77
2.1.1.8. Revisión del Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes: Consideraciones en las Modificaciones Legislativas ..... 79
2.1.1.9. Prevención del Delito: Estrategias en la Política Criminal para
Reducir la Reincidencia y Promover la Reinserción.............................. 80
2.1.2. Relaciones Interdisciplinarias en el Sistema Penal: Una Perspectiva
Integral 82
2.1.2.1. Integración y Funciones de las Ciencias Penales: Criminología,
Política Criminal y Dogmática Penal ..................................................... 83
2.1.2.2. Funciones Específicas de la Política Criminal ....................... 84
2.1.3. El Impacto de las Decisiones de Política Criminal en la Estructura y
Desempeño del Sistema Judicial: Una Evaluación Completa .................. 85
2.1.3.1. Diseño y Modificación de Normativas Penales: El Papel de la
Criminología en la Política Criminal ...................................................... 85
2.1.3.2. Carga de Trabajo y Eficiencia Judicial: Implicaciones de las
Decisiones de Política Criminal ............................................................ 87
2.1.3.3. Enfoque de Resolución de Conflictos: Explorando Alternativas a
la Pena Convencional ........................................................................... 89
2.1.3.4. Acceso a la Justicia y Desigualdades Sociales ..................... 90
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
XV
Editorial Grupo AEA
2.1.3.5. Desafíos Económicos del Sistema Judicial: .......................... 92
2.1.3.6. Rehabilitación mediante Programas Específicos ................... 93
2.1.3.7. Adaptabilidad frente a Transformaciones en la Sociedad y la
Delincuencia ......................................................................................... 95
2.1.3.8. Optimización de la Efectividad en el Control del Delito .......... 97
2.1.4. Explorando las Dinámicas del Delito: Reseñas Críticas sobre
Criminología y Política Criminal ............................................................... 99
2.1.4.1. Prevención del crimen ........................................................... 99
2.1.4.2. Análisis y Evaluación de Programas de Prevención del Delito
101
2.1.4.3. Las prisiones en América Latina ..........................................103
2.1.4.4. La sociedad de los reclusos y los límites de la represión .....105
2.1.4.5. Los sufrimientos del encarcelamiento ..................................108
2.1.4.6. Seguridad Urbana y Estrategias Preventivas del Delito: Un
Análisis Crítico .....................................................................................110
2.1.4.7. Victimización secundaria ......................................................111
2.2. Conclusiones del capítulo ................................................................113
Referencias Bibliográficas ..............................................................................117
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
XVI
Editorial Grupo AEA
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
XVII
Editorial Grupo AEA
Introducción
En el vasto panorama del control social y la administración de justicia, la
criminología emerge como un pilar fundamental, proporcionando una
comprensión profunda de las raíces, causas y dinámicas inherentes al fenómeno
criminal. En paralelo, la política criminal se erige como una gestora central de
recursos estatales destinados a la lucha contra la delincuencia. Sin embargo,
ambos campos enfrentan desafíos cruciales: estructurar procesos con
rigurosidad y respaldo informativo, especialmente al implementar estrategias a
largo plazo.
La criminología, como aliada estratégica de la política criminal, aporta
conocimientos científicos necesarios para fundamentar decisiones y orientar
acciones en la gestión del delito. En este contexto, el análisis político criminal se
presenta como una disciplina innovadora y complementaria, ofreciendo una
perspectiva integral que busca transformar prácticas arraigadas en la política
criminal de diversos Estados.
En este libro exploraremos diversos elementos claves que nos permitan conocer
como la política criminal, en su esencia, persigue objetivos valorativos. Busca
evitar el abuso de poder y la violencia, considerando la violencia estatal como
parte integral de la violencia social. Dentro de esta situación, la reducción de la
violencia social se plantea mediante la aplicación de la violencia estatal, con la
meta de absorber y reconvertir dicha violencia.
Considerando que los objetivos de la política criminal se orientan hacia el control,
reducción, transformación o extinción de fenómenos criminales. La flexibilidad
en la elección de objetivos implica considerar diversas acciones y ajustes para
adaptarse a condiciones cambiantes y abordar problemáticas específicas.
De igual forma hay que considerar que la política criminal opera en diversos
contextos, como el institucional, organizacional, político, cultural y financiero. La
participación del poder legislativo se revela crucial, y la consideración de
restricciones internas y externas es imperativa para una administración efectiva
de la política criminal.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
XVIII
Editorial Grupo AEA
Sin dejar de lado la temporalidad representa un desafío significativo, exigiendo
la fijación de objetivos realizables en lapsos determinados. La adaptación a los
tiempos sociales, políticos y de aprobación se vuelve esencial para evitar
fracasos y la exacerbación de situaciones sociales.
Debiendo establecerse nuevas políticas criminales que se fundamenten en
instrumentos legales sólidos respaldados por una administración pública eficaz.
Finalmente, al comprender la interrelación entre estas disciplinas, se pretende
abordar de manera más efectiva la prevención del delito, el control de la
criminalidad y la promoción de una justicia más equitativa, considerando que la
criminología y la política criminal se presentan como herramientas cruciales para
moldear un sistema de justicia que responda de manera más precisa a las
complejidades de la sociedad contemporánea.
Invitamos a nuestros lectores a revisar detalladamente cada uno de los temas
que abordaremos en este libro con la finalidad de ampliar el espectro subjetivo
de cada uno, con el único propósito de que entendamos el porqué del problema
agudo que atravesamos en cuanto a la inseguridad, y aumento de delitos.
Delia Paulina Samaniego Quiguiri
Investigadora y escritora
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 1
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Capítulo I: Fundamentos teóricos
01
Fundamentos
teóricos
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 2
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 3
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Fundamentos teóricos
1.1. Criminología: Definición y Evolución
Siempre se ha hablado comúnmente acerca del delito y la delincuencia como
fenómenos persistentes a lo largo de la historia. La desviación y el control social
son mecanismos inherentes a la vida social, al igual que las habilidades sociales
propias de la condición humana. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de
comprensión racional de la realidad delictiva realizados por grandes sistemas
filosóficos de la tradición occidental, la criminología como disciplina científica
moderna no surge hasta el último tercio del siglo XIX, coincidiendo con el auge
de las ciencias sociales y la predominancia del positivismo, que sostiene que las
cosas se pueden plasmar en instrumentos con el fin de obtener una legalidad
contextual.
La reflexión sobre la criminología y la investigación criminológica ha
experimentado una considerable evolución desde su fundación hasta la
actualidad. A pesar de los esfuerzos, no hay consenso en la comunidad científica
al definir la criminología. Al comparar diversos autores y escuelas, se observan
notables diferencias en cuanto al concepto, objeto y método aplicado.
Es esencial para cualquier investigador, comprender el contenido de una nueva
ciencia. Por lo tanto, la definición de criminología se explica de diversas formas,
y en esta investigación se considerará la más apropiada, la que servirá como
base para la formulación de la definición propia, la cual debe ser simple y
comprensible, la cual contenga los elementos fundamentales de esta disciplina.
La persistente preocupación de expertos de diversas disciplinas a lo largo de la
historia por comprender el comportamiento humano, han ido fortaleciendo
diversos estudios, de los cuales se puede establecer dos enfoques principales
en este estudio: la ciencia normativa, que se dedica al examen de las conductas
reguladas por normas, abordando los modelos de comportamiento humano
catalogados como delitos y las sanciones asociadas a cada conducta específica;
y la ciencia aplicativa, que se centra en investigar las circunstancias
instrumentales y personales que rodean la comisión de un hecho punible.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 4
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
En esta contextualización, se establece una distinción clave entre disciplinas
relacionadas: el derecho penal es considerado una ciencia normativa, la
criminalística como ciencia aplicativa, y la criminología como una ciencia causal-
explicativa. El análisis se centra en la criminología, remontándose a sus raíces
en el siglo XVIII, cuando el término fue introducido por Paul Topinard y
posteriormente popularizado por Raffaele Garofalo en su obra de 1885.
Las conceptualizaciones de Garofalo subrayan que la criminología es la "ciencia
que estudia el fenómeno delictual y áreas de desviación social etiológicamente
y con proyección profiláctica". Además, destaca que es una "disciplina que se
ocupa del fenómeno sociopolítico criminalidad, con el propósito de reducirlo a
proporciones compatibles con el desarrollo sociopolítico nacional e internacional,
según las exigencias adecuadas de libertad, dignidad, igualdad y seguridad
colectivas".
Siguiendo la definición de López (2017), se enfatiza que la criminología es una
"ciencia empírica e interdisciplinaria" que aborda el crimen, el delincuente, la
víctima y el control social del comportamiento delictivo. Su contribución radica en
proporcionar información válida, contrastada y fiable sobre la génesis, dinámica
y variables del crimen como problema social. Además, destaca por su enfoque
en la prevención eficaz del crimen, así como en las formas y estrategias de
reacción y las técnicas de intervención positiva en el infractor.
Además López, señala: La criminología se define como una ciencia empírica e
interdisciplinaria. En cuanto a su objeto de estudio, se enfoca en cuatro
elementos esenciales: el delito, el delincuente, la víctima y el control social del
comportamiento delictivo. Esta disciplina desempeña tres funciones clave:
a) Proporcionar información válida y contrastada sobre la génesis, dinámica
y variables relacionadas con el delito, tanto desde la perspectiva del acto
individual como fenómeno social.
b) Desarrollar programas de prevención eficaz del crimen, estableciendo una
finalidad preventiva.
c) Crear técnicas de intervención positiva en la rehabilitación del
delincuente, orientadas a su reinserción social.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 5
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
En cuanto a la relación de la criminología con otras ciencias, diversas disciplinas
abordan el estudio del delito, el delincuente, la víctima y el control social desde
distintos enfoques. Destacan disciplinas como la Antropología Criminal, la
Psicología Criminal, la Biología Criminal, la Sociología Criminal y la Victimología.
La criminología, como ciencia interdisciplinaria, abarca todas las disciplinas que
se ocupan del estudio de la realidad criminal en sus diversas fases.
Es fundamental destacar la complejidad en la delimitación de la materia
criminológica y de las disciplinas relacionadas. A medida que avanza el
conocimiento empírico sobre el crimen, surgen disciplinas adicionales, todas
integradas en la criminología. Cada disciplina científica aporta información
valiosa pero también tiene limitaciones, y su dependencia mutua contribuye a
obtener una visión totalizadora y multidimensional del problema del crimen, el
delincuente, la víctima y el control social.
En relación con el derecho penal, se establece que la criminología y el derecho
penal son ciencias distintas. Mientras el derecho penal es una ciencia "jurídica",
"cultural", "normativa" y del "deber ser", la criminología se presenta como una
ciencia "empírica" y del "ser". El derecho penal define los bienes jurídicos a
proteger penalmente, configura delitos y penas, y es una rama del derecho
positivo. En contraste, la criminología se centra en el estudio empírico y científico
del crimen como fenómeno individual y social.
Es importante, considerar lo referido por el criminólogo alemán Hans Hoppinger
quien ha descrito a la Criminología como una ciencia empírica e interdisciplinaria
que se ocupa de las circunstancias humanas y sociales relacionadas con el
origen, comisión y prevención del crimen.
Según su investigación, aborda todo lo vinculado tanto a las normas legales
como a la personalidad del delincuente, la situación en la que se encuentra y el
comportamiento condenado por el orden jurídico y social.
Otros investigadores, como Jean Pinatel y Pierre Buzat (1974) destacan la
distinción entre el derecho penal y la criminología, señalando que el primero
estudia las normas jurídicas relacionadas con la penalidad, mientras que la
segunda se enfoca en los hechos y personas a los que se refieren esas normas
penales. Introducen la idea de criminología general, que coordina, compara y
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 6
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
confronta los resultados de diversas ciencias criminológicas, y la criminología
especializada, que presenta estos resultados de manera sistemática.
Emily Durkheim es mencionada por estos autores, quienes adoptan su definición
de criminología como la ciencia que estudia actos con características externas
que, una vez realizados, provocan una reacción social específica llamada pena.
Esta definición establece al delito como objeto de estudio de la criminología.
Se identifican cuatro clases de criminología: científica, analítica, académica y
aplicada. La criminología científica aborda la criminalidad como fenómeno
individual y social, mientras que la aplicada se compone de las contribuciones
de la criminología científica y empírica. La académica se enfoca en la
sistematización para la enseñanza y difusión del conocimiento criminológico. En
cuanto a la criminología analítica, busca determinar si otras ramas criminológicas
y la política criminal cumplen con su propósito.
Laignel y Stanciu (1959) definen la ciencia criminológica como el estudio integral
del hombre con la constante preocupación de comprender las causas y remedios
de su conducta antisocial. Mimbela la describe como la ciencia causal-explicativa
de la conducta delictiva, con el objetivo de lograr una valoración judicial y penal
objetiva de la personalidad conductual. Por último, el criminólogo peruano
Olivera Díaz la define como la ciencia que explica y estudia las causas de la
conducta delictiva y peligrosa, además de analizar la personalidad del
delincuente.
1.1.1. Perspectivas Históricas: El pasado de la Criminología
El inicio reflexivo sobre el pasado resulta apropiado para abordar el derecho a la
educación, ya que la criminología, como reflexión, tiene raíces que se remontan
al comienzo de la existencia humana. El primer ser humano capaz de reflexionar
sobre actos violentos, asesinatos u otras transgresiones del orden social se
convierte, por definición, en el primer criminólogo. En esencia, la criminología se
define como la búsqueda de significado y la aspiración de explicación de
comportamientos considerados desviados dentro del contexto social.
Este vínculo con el pasado es evidente en pinturas rupestres que representan
escenas violentas, según señala Serrano Gómez en su "Historia de la
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 7
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
criminología en España". Aunque la intención original de estos dibujos es
desconocida, indican una reflexión colectiva sobre eventos de esa época.
A pesar de sus raíces reflexivas en la moral, la religión, la filosofía o la política,
la criminología, como ciencia, emerge en el siglo XIX. Fundadores notables de
la Escuela de Criminología en la década de 1880, como Lombroso, Garófalo y
Ferri, influyen en la mente colectiva con sus teorías sobre el delincuente, el delito
y el entorno. La idea de características intrínsecas del comportamiento, como
propuesta por Lombroso, persiste en teorías contemporáneas sobre la genética
del comportamiento y la personalidad.
A pesar de las exageraciones biológicas de Lombroso, Ferri aporta una
perspectiva social al fenómeno criminal, destacando el origen social de la
delincuencia. Garófalo, en 1885, acuña el término "criminología", enfocándose
en el estudio positivo del delito como un fenómeno criminológico. Estos
fundadores definen actores clave para su estudio: el delincuente, el delito y el
entorno, estableciendo un estudio metódico del hecho delictivo.
El positivismo, caracterizado por el estudio sistemático de fenómenos
observables, influye en el análisis de la delincuencia. La Escuela de Chicago en
las décadas de 1910 y 1920 incorpora la subjetividad y la comprensión del
desviado en la explicación de la desviación y el delito. La reflexión mertoniana
sobre estructura social y anomia en los años 60 proporciona una explicación
coherente de las relaciones entre estructuras sociales y conductas desviadas.
En los años 60 y principios de los 70, las teorías del etiquetamiento y la reacción
social, representadas por Becker y Lemert, destacan la importancia de la
interacción entre el desviado y la sociedad. Estos enfoques subrayan la
construcción social de etiquetas para el delincuente y el delito, desafiando la idea
de la delincuencia como patología.
En conclusión, la criminología evoluciona desde reflexiones morales y filosóficas
hacia una ciencia positiva, influenciada por el positivismo, la Escuela de Chicago
y teorías del etiquetamiento. La comprensión contemporánea de la delincuencia
implica una interacción compleja entre individuos y sociedades, desafiando
concepciones anteriores y abriendo nuevas perspectivas de estudio.
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pág. 8
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
A continuación, se explorará con más detalle todo lo mencionado:
En esa época, se inicia un período histórico cuya denominación aún no está
clara, por lo que frecuentemente se utiliza el término "post": post-industrial
(Touraine, 1969; Bell, 1973) en lo económico-social y post-moderna (Lyotard,
1979) en lo cultural-identitario. Este periodo se caracteriza por el cambio de una
economía de producción a una de servicios y consumo, el ascenso de los medios
de comunicación de masas como centros de poder, la desacralización de
grandes ideologías sociales, políticas y religiosas después de la caída del muro
de Berlín en 1989 (se llega a prever "el fin de la Historia" por Fukuyama, 1989),
y la transformación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
en el soporte comunicacional de la comunidad global, dando origen a una nueva
forma de sociedad conocida como la sociedad red (Castells, 1996).
En el ámbito personal, esta época se caracteriza por la individualización, que
implica un repliegue de la persona sobre sí misma, manifestado en la
autosuperación psicológica y el cultivo del cuerpo y la imagen, centrando la
atención en el presente como el único tiempo relevante.
La postmodernidad conlleva un desencanto hacia los grandes discursos, que se
vuelven relativos. Ahora, según explica Vattimo, lo crucial no son los hechos,
sino sus representaciones, especialmente las emitidas por los medios de
comunicación, virtualizando la realidad (1983). La epistemología tardomoderna
cuestiona la posibilidad de una ciencia social con postulados universales, y el
devenir histórico desafía las causalidades establecidas por el positivismo. Esta
relativización de los grandes paradigmas epistemológicos se manifiesta en la
llamada "crisis etiológica de la criminología".
Esta crisis surge del escepticismo generalizado propio de la modernidad tardía y
se ve exacerbada por situaciones concretas que desafían los postulados
anteriores. Se observan fenómenos como la disminución de las tasas de
criminalidad durante épocas de aumento de la pobreza y el desempleo, así como
el aumento de los delitos en períodos de bonanza económica. Se destaca que
las clases medias y altas delinquen igual o más que los pobres, y el delito es más
abundante en áreas acomodadas que en las pobres.
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
En la segunda mitad del siglo XX, se estableció lo que se conoció como el primer
mundo. Sin embargo, décadas como los años 50 y 60, de desarrollo sostenido,
desafiaron las predicciones del paradigma positivista, que sostenía que las
condiciones precarias solo podían generar conductas antisociales. Este período
vio disminuir el desempleo a mínimos históricos y aumentar el gasto social, la
vivienda de protección oficial y la escolarización. No obstante, en muchos países
desarrollados, la delincuencia creció, incluso se disparó, como en el Reino Unido
y Estados Unidos.
En España, la relativa bonanza de la segunda mitad de los años 80 coincidió con
un aumento de la criminalidad, pero durante la crisis de los primeros 90, se
observó una disminución de la misma. Esta contradicción no es uniforme en
todos los países desarrollados; por ejemplo, en Japón, la prosperidad y las tasas
delictivas mantienen una relación inversa, mientras que en América Latina, el
aumento de la pobreza ha llevado a un aumento paralelo de la delincuencia.
Este panorama desafía la última creencia de que la desviación, el derecho y la
psicología/psiquiatría eran explicaciones exhaustivas. La crisis etiológica de la
criminología se intensifica al cuestionar las respuestas institucionales
tradicionales (Levitt & Dubner, 2005) como más policía o penas más severas,
que no garantizan necesariamente una reducción del delito. Ante esta
complejidad, la ciencia criminológica incorpora nuevos elementos de análisis,
como la víctima (Victimología), la mujer (criminología feminista) y el medio
ambiente (delincuencia medioambiental). Desde finales de los años 70, se
proponen respuestas a esta crisis epistemológica, dando forma a los paradigmas
actuales de la criminología.
La criminología situacional tiene sus fundamentos en el empirismo neopositivista
y el neoclasicismo. Aborda el estudio del delito como una respuesta pragmática
a situaciones específicas, sin necesidad de abordar sus causas subyacentes
(Clarke, 1980). Se basa en dos principios principales:
Abordar el delito no implica abordar sus causas, ya que mejorar las condiciones
sociales generales no garantiza la reducción de la mayoría de los delitos que
afectan a los ciudadanos.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Considera al delincuente como un actor racional que evalúa las circunstancias y
busca optimizar el rendimiento de sus acciones.
Como respuesta a estos principios, la criminología situacional propone acciones
concretas, como limitar oportunidades delictivas y favorecer el control informal
para mejorar la seguridad ciudadana.
En contraste, el realismo de izquierda, heredero de la criminología crítica, se
centra en la desigualdad relativa como causa del delito, destacando la falta de
alternativas frente a la privación relativa (Taylor, Walton, Young, 1973). La
criminología cultural (Ferrell & Sanders 1995), dentro de este paradigma, se
enfoca en la estructura cultural, considerando el delito como una expresión de
resistencia contra el control cultural.
La criminología libertaria, surgida en los años 70, sostiene que el delito es
resultado del ejercicio del poder por la Administración Pública y la explotación de
los mercados (Christie, A. 2004). Radicaliza los postulados del etiquetamiento y
se relaciona con el abolicionismo cuestionando la existencia misma de las
cárceles y argumentando que muchas infracciones no deberían ser
consideradas delitos.
En síntesis, la criminología situacional busca acciones focalizadas sin abordar
las causas del delito, el realismo de izquierda se centra en la desigualdad
relativa, y la criminología libertaria cuestiona la definición misma de delito y
aboga por la abolición de las cárceles.
1.1.1.1. La intersección entre la criminología y la psicología:
Explorando nuevas perspectivas y enfoques en el estudio
del comportamiento criminal
Dentro del campo de la criminología y las disciplinas afines, como la psicología,
se están generando continuamente nuevos criterios, teorías e hipótesis. La
relación entre la criminología y la psicología es especialmente relevante, ya que
abordan los aspectos psicológicos de los delitos desde diversas perspectivas,
como la sociología y la psicología criminológica. El objetivo principal de esta
relación es proporcionar herramientas para comprender, prevenir y abordar el
crimen desde una perspectiva psicológica.
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
La psicología criminal se centra en la aplicación de principios psicológicos para
entender la mente del delincuente. Esta disciplina examina diversos aspectos,
como las causas del delito, el impacto en las víctimas y los autores, así como la
relación entre la psicología del individuo y el entorno social, cultural y económico
en el que se desarrolla.
Existen varias teorías dentro de la psicología criminal, como la psicología social,
que estudia cómo los grupos sociales influyen en el comportamiento criminal, y
la psicología evolutiva, que explora cómo la evolución afecta el comportamiento
humano y su relación con el crimen. Además, se consideran las características
de la personalidad que pueden hacer a una persona más propensa a cometer
delitos, así como la influencia de los trastornos psicológicos, como la
esquizofrenia, en el desarrollo de la personalidad criminal.
Los factores genéticos y ambientales también juegan un papel importante en el
comportamiento criminal, ya que pueden influir en la predisposición de una
persona hacia el delito. Es esencial considerar estos aspectos para comprender
completamente la naturaleza del crimen y desarrollar estrategias efectivas de
prevención y tratamiento.
El papel del psicólogo en la criminología es fundamental, ya que se encarga de
realizar evaluaciones psicológicas del criminal, proporcionar informes y perfiles
psicológicos, así como participar en la prevención y el tratamiento del delito.
Además, el psicólogo ayuda a determinar la imputabilidad de una persona y el
riesgo que representa para la sociedad.
La relación entre la criminología y la psicología es crucial para comprender y
abordar eficazmente el comportamiento criminal. Es necesario considerar una
variedad de factores, incluidos los psicológicos, genéticos y ambientales, para
desarrollar estrategias integrales de prevención y tratamiento del crimen.
1.1.1.2. Explorando la intersección entre la criminología y la
sociología: Perspectivas sobre el comportamiento delictivo
y el control social
La criminología social se centra en analizar cómo los sentimientos,
pensamientos y acciones de las personas son influenciados por su grupo social
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
y su integración en él. Este campo de estudio aborda las dinámicas grupales que
pueden llevar a una persona hacia la adversidad, la violencia o la exclusión
social. Factores como la situación económica, el abandono y la influencia de la
delincuencia organizada pueden contribuir a la formación de entornos familiares
nocivos para el individuo.
La criminología, como rama del derecho penal, se caracteriza por ser
multidisciplinaria e interdisciplinaria, ya que aborda la estructura criminal, el
estudio del crimen, del delincuente y de la víctima, así como el riesgo y el control
social del comportamiento desviado. Se nutre de diversas disciplinas como la
antropología, la psicología, la biología y la sociología para un estudio detallado
del crimen.
La sociología criminal se enfoca en comprender las razones que llevan a un
individuo a cometer actos delictivos, explorando si estos impulsos son resultado
de patologías o de influencias sociales. Teóricos como Ferri introdujeron el
componente sociológico en el estudio de la criminalidad, reconociendo su
complejidad y su relación con el entorno del delincuente. Esta disciplina estudia
el delito como una conducta desviada, considerando sus causas, formas y
efectos sociales.
En el ámbito de la sociología criminológica, es crucial desarrollar estrategias de
prevención del delito, aplicar técnicas para disminuir los factores que contribuyen
a la criminalidad y promover políticas públicas que refuercen el control social. Se
busca comprender las interacciones sociales y los factores criminológicos que
influyen en el comportamiento humano, ofreciendo teorías que respalden un
estudio exhaustivo y psicológico del delincuente para mejorar su conducta y
prevenir futuros delitos.
1.1.2. La criminología en la era moderna
Desde los primeros momentos de la criminología hasta la actualidad, se ha
debatido sobre su naturaleza, ya sea considerándola como una ciencia
autónoma, una técnica, una hipótesis de trabajo, o como dependiente de otras
disciplinas (Orellana Wiarco, 2007). Estos conceptos se caracterizan por tener
"fronteras imprecisas y carecer de una unificación rigurosa en sus principios y
conclusiones" (Di Caudo, 2014, p. 39). La incertidumbre se acentúa al
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
compararla con disciplinas como el derecho o la psicología, que cuentan con
campos de estudio específicos, técnicas especializadas, generación de
conocimientos y pertinencia social, aunque no se desvinculan por completo de
la interdisciplinariedad, evolucionando hacia la transdisciplina (Rodríguez J.,
2016).
A lo largo de su desarrollo académico, la criminología ha recibido diversas
atribuciones, siendo considerada una ciencia sintética, interdisciplinaria,
empírica, jurídica o disciplina científica. También se la ha concebido como una
rama de otras disciplinas, especialmente ligada al derecho penal, que ostenta la
supremacía hegemónica en el control de la conducta transgresora (Medina
Wahnnatah, Almada Quintero, Duarte Félix y Avalos Wahnnatah, 2018; Cuevas,
2007; García-Pablos De Molina, 1989). La complejidad aumenta cuando algunos
educadores no respaldan la autonomía de la criminología o no comprenden las
diferencias entre los términos propuestos por las ciencias que la conforman,
dificultando la comprensión de su esencia y área de estudio.
En este contexto, no hay consenso claro sobre las asignaciones atribuidas a la
criminología. Puede argumentarse que se trata de un campo en el que convergen
diversas disciplinas dedicadas al estudio de lo criminal en sus diversas
manifestaciones, funcionando como una disciplina organizadora que aborda el
crimen, el criminal y la criminalidad (Tieghi, 2004). Actúa como punto de
encuentro para todos los aspectos del ser humano, ya sean naturales, culturales,
mentales u organizacionales. Se enfoca en el delito desde la perspectiva del
derecho penal, la conducta desviada, violenta y patológica desde la sociología,
psicología, trabajo social, así como la anormalidad desde la medicina y
psiquiatría, entre otras disciplinas que conforman las ciencias criminales. A pesar
de esta diversidad de enfoques, la criminología no ha alcanzado una maduración
transdisciplinaria para el desarrollo de un conocimiento sistemático y se
mantiene como un conjunto caótico de datos que dificulta la propuesta de
intervenciones políticas.
Hasta el momento, se pueden distinguir dos tipos de criminología: una teórica,
que recopila teorías de diversas disciplinas sobre la criminalidad, y otra práctica,
traducida en políticas públicas relacionadas con la seguridad, desarrollo social,
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
criminal y penal, entre otras áreas. El origen de la criminología se atribuye a
disciplinas como la antropología, psicología, derecho y sociología, según
Parmelee (1925), quien la conceptualiza como un producto híbrido de varias
disciplinas contribuyentes al entendimiento de la naturaleza, origen y evolución
del delito, así como al análisis de las causas y al estudio del tratamiento penal
del delito y del delincuente.
La relevancia de la criminología fue tal (Ordaz Hernández y Figueroa Castellano,
2017) que se incorporó en los planes de estudio de disciplinas como derecho,
psicología, medicina y sociología. Sin embargo, a mediados del siglo XX, se
buscó desvincularla del derecho penal, considerándola una rama de este, para
establecerla como una ciencia autónoma. Este proceso condujo inicialmente a la
creación de posgrados y posteriormente a programas de licenciatura (Zaffaroni,
1990). A pesar de estos esfuerzos, la criminología sigue siendo fuertemente
influenciada por la perspectiva jurídica, dificultando su autonomía y la
exploración del crimen desde enfoques no dominados por el derecho penal.
Aunque la criminología tiene sus raíces en la antropología, no ha experimentado
el mismo proceso de purificación y mejora que esta disciplina, a pesar de ser
permeada por la positivización (Navone, 2005), una corriente adoptada por otras
ciencias en la época (Di Claudo, 2013).
En la actualidad, se evidencia una falta de claridad en los aspectos
metodológicos, conceptuales y teóricos de la criminología, reflejando su
naturaleza interdisciplinaria pero sin alcanzar una maduración transdisciplinaria
que permita el desarrollo de un conocimiento sistemático.
Zaffaroni describe a la criminología como un terreno lleno de incertidumbres,
poblado por preguntas que se reproducen abundantemente y encuentran pocas
respuestas, señalando la velocidad de multiplicación de estas preguntas en
relación con la falta de asombro causada por lo cotidiano. Similar a cómo Boas
organizó la antropología en distintos campos del conocimiento (Universidad de
Cantabria s.f.), se plantea la necesidad de subdividir la criminología en áreas
especializadas para facilitar su desarrollo y acción.
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Un enfoque Boasiano para la criminología implicaría expulsar a aficionados y
especialistas de escritorio, introduciendo la experiencia de campo como un
atributo profesional, buscando niveles elevados de cientificidad (Harris, 1996).
1.1.2.1. La criminología moderna
A partir de mediados del siglo XX, la criminología experimenta un cambio de
paradigma centrado en los procesos de criminalización y el entorno social,
extendiendo su análisis a la víctima.
Antonio García-Pablos de Molina (1989) la define como una ciencia empírica e
interdisciplinaria que se ocupa del estudio del crimen, el infractor, la víctima y el
control social del comportamiento delictivo. Su objetivo es proporcionar
información válida sobre la génesis, dinámica y variables principales del crimen,
tanto como problema individual como social, además de abordar programas de
prevención eficaz, técnicas de intervención positiva en el delincuente y diversos
modelos de respuesta al delito.
En sus inicios, esta "ciencia" no tenía límites definidos, ya que diversos estudios
de ciencias sociales y naturales abordaban el objeto "crimen" desde perspectivas
variadas, inicialmente más vinculada a la medicina que a lo jurídico en un
contexto positivista.
La criminología moderna amplía su objeto de estudio, no limitándose al análisis
del delito y el delincuente, sino incorporando la víctima y el control social, e
introduciendo la noción de prevención. Este enfoque cuestiona postulados
antiguos que partían del concepto legal del delito, utilizaban teorías etiológicas
de la criminalidad, asumían que los delincuentes eran patológicamente distintos
y concebían la pena como retributiva. La criminología moderna rechaza la
dependencia de la pena y busca establecer sus propios fundamentos.
El objeto de estudio se centra en el delito, entendido como el concepto básico
para iniciar cualquier investigación criminológica. La definición legal de delito,
proporcionada por el derecho penal, establece un marco formal y normativo
basado en los principios de legalidad y seguridad jurídica, determinando que solo
lo tipificado en el código penal puede considerarse como tal. Este enfoque
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
redefine la criminología, cuestiona sus fundamentos y propone una
independencia respecto a las concepciones tradicionales de la pena.
1.1.2.2. Futuro de la criminología
Es necesario presentar de manera concisa el estado actual de la teoría
criminológica y realizar conjeturas sobre su futuro. Sin embargo, es fundamental
destacar que el resumen de las aproximaciones teóricas previas excluyó
enfoques relevantes, como la teoría de la personalidad criminal de Eysenck
(Eysenck y Eysenck, 1970), la teoría de las tendencias criminales heredadas de
Mednick (1977), la teoría de las ventanas rotas de Wilson y Kelling (1982), la
teoría de la vergüenza reintegradora de Braithwaite (1989), la teoría del
desarrollo de Moffitt (1993) y la teoría del balance en el control de Tittle (1995).
A pesar de ello, se ha enfocado el contenido en los enfoques teóricos más
significativos.
El conocimiento teórico y aplicado de la criminología respecto a
comportamientos antisociales y reacciones sociales es extenso y complejo,
permitiendo aproximaciones multidimensionales a los problemas de criminalidad.
La actual tendencia en criminología se dirige hacia teorías integradoras,
destacando la Teoría Integrada del Potencial Cognitivo Antisocial (ICAP) de
Farrington (2005) y la Teoría del Triple Riesgo Delictivo (TRD) de Redondo
(2015).
Farrington (2005) propone la ICAP con el fin de integrar en un único marco
teórico los enfoques sobre la criminología del desarrollo. La ICAP busca
comprender por qué las personas se convierten en delincuentes y por qué
cometen actos delictivos, abordando factores biológicos, emocionales,
educativos, sociales, de oportunidades delictivas y experiencias previas con el
delito. Redondo (2015) introduce el TRD, que explora la probabilidad de
comportamiento delictivo basándose en factores de riesgo personales,
oportunidades delictivas y carencias en el apoyo social.
Otra corriente actual es el desarrollo de marcos teóricos para abordar nuevas
realidades delictivas en el siglo XXI. Fenómenos transnacionales como el
terrorismo, cibercrimen, criminología ambiental y delitos financieros con
repercusiones globales demandan una criminología global. La disciplina debe
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
ajustarse a estos cambios y analizar crímenes globales y los mecanismos de
control social relacionados.
En cuanto al futuro, se anticipa una criminología más empírica, con mayor
perfección metodológica, profundidad teórica y aplicabilidad práctica. Además,
se prevé que la disciplina evolucione hacia un enfoque más global para abordar
crímenes con dimensiones internacionales. Se espera también que la
criminología adopte un enfoque más humanista, centrado en el bienestar
personal y social. En resumen, se anticipa que la criminología se vuelva más
empírica, global y humanista en los próximos años.
1.1.3. Teorías Criminológicas
El propósito esencial de las teorías criminológicas radica en proporcionar
explicaciones acerca de las causas y motivaciones que subyacen en cada
comportamiento delictivo. Estas teorías desempeñan un papel de suma
importancia al proporcionar un conocimiento más profundo de los factores que
llevan a la comisión de delitos, al mismo tiempo que ofrecen dirección sobre
cómo abordar de manera eficaz el fenómeno criminal en la sociedad.
El objetivo principal de las teorías criminológicas es establecer una base sólida
y bien fundamentada para el estudio del crimen. Además, buscan facilitar la
identificación de patrones, la predicción de tendencias y el desarrollo de
estrategias preventivas e intervenciones apropiadas.
Existen varias teorías criminológicas, entre las que se destacan:
1.1.3.1. Teoría clásica:
Se cree que el libro "Dei delitti e delle pene" (1764) de Cesare Bonesana,
marqués de Beccaria, fue el origen del estudio científico de la desviación y la
delincuencia (Garrido et al, 2006, p.177; Redondo, 2016, pág.1). A pesar de que
Rafter (2011, p.144) enfatiza que el trabajo de Beccaria no puede ser
categorizado únicamente como criminológico porque es más un texto reflexivo
sobre la finalidad jurídica de las penas y contiene elementos que explican las
causas del delito. Beccaria fue uno de los primeros pensadores en decir que las
penas son para prevenir las infracciones y proteger el orden social. Defendió un
sistema de justicia penal más justo y humano. Si las leyes son claras, justas,
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
proporcionadas y, sobre todo, rápidas, precisas y severas, se puede reducir la
criminalidad. Esto se conoce como disuasión general negativa del delito
(Beccaria, 1989; citado en Miró y Bautista, 2013, p.6).
Si el castigo debe ser aceptado en algún caso, solo puede serlo si promete
excluir un mal mayor", según Bentham (1789, p. 158). Según Bentham, la
proporcionalidad de los castigos es innecesaria cuando son infundados,
ineficaces, improductivos o demasiado costosos e innecesarios.
Cinco puntos resumen las ideas de la Escuela Clásica, según García et al. (2006,
pág. 184): I) el comportamiento humano busca aumentar el placer y reducir el
dolor, II) las personas tienen la capacidad de tomar decisiones, III) el delito
ocurrirá cuando los beneficios superen los costos previstos, iv) El derecho penal
debe compensar los beneficios esperados del delito y v) el derecho penal busca
prevenir el delito en la sociedad en general y en particular en las personas
condenadas.
La teoría clásica, una de las corrientes fundamentales, se fundamenta en la
premisa de que los individuos son seres racionales que toman decisiones
conscientes basadas en una evaluación de costos y beneficios. Según esta
perspectiva, las personas se involucran en conductas delictivas cuando perciben
que los beneficios superan los costos asociados.
Ejemplo de la teoría clásica, supongamos que Juan, un individuo racional,
enfrenta la decisión de cometer un robo. Según la Teoría Clásica, Juan evaluará
los costos y beneficios antes de tomar una decisión. En este caso:
Beneficios: Juan percibe que puede obtener una ganancia significativa si tiene
éxito en el robo. Tal vez necesita dinero urgentemente y ve el robo como una
solución rápida a sus problemas financieros.
Costos: Juan también evalúa los posibles costos asociados con el robo. Estos
podrían incluir la posibilidad de ser atrapado por la policía, enfrentar cargos
legales, perder la confianza de sus seres queridos y dañar su reputación.
Según la Teoría Clásica, Juan comparará estos beneficios y costos. Si determina
que los beneficios superan los costos, podría decidir cometer el robo. Por el
contrario, si los costos parecen superar los beneficios, optaría por no delinquir.
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
En este ejemplo, la Teoría Clásica ilustra cómo los individuos, al ser
considerados seres racionales, toman decisiones conscientes basadas en la
evaluación de costos y beneficios al enfrentar la posibilidad de cometer un delito.
1.1.3.2. Teoría del etiquetamiento:
La teoría del etiquetado se desarrolló en los Estados Unidos en los años 60 como
respuesta al excesivo empirismo de las teorías criminológicas de la época. Se
aleja de las preocupaciones exclusivas sobre las causas y la prevención del
delito. Los principales defensores de esta teoría, Lemert y Howard Becker
(1967), cuestionan la idea de que las leyes penales reflejan la censura de
comportamientos socialmente reprochables. Por otro lado, argumentan que las
reglas atienden a los intereses de grupos poderosos, lo que lleva un "proceso de
evaluación" en el que las personas clasifican como desviadas y aquellos que
violan las reglas del grupo.
Howard Becker sostiene que ningún comportamiento es inherentemente
desviado; en cambio, la desviación surge cuando ciertos comportamientos son
clasificados como tal. Según la teoría del etiquetado, la implementación de
normas provoca una profecía autocumplida donde las expectativas de
comportamiento no conformista reducen las posibilidades de comportamiento
conformista, lo que provoca "carreras desviadas".
Este punto de vista, relacionado con el interaccionismo simbólico, reconoce la
interconexión entre el delito y la reacción social. La teoría del etiquetado, en
términos de política criminal, critica las acciones punitivas del Estado y aboga
por la descriminalización y la reparación de daños en lugar de la estigmatización
irreversible causada por el sistema penal.
La teoría del etiquetamiento, cuestiona el proceso de definición del delito y
sostiene que las normas penales se aplican de manera selectiva, afectadas por
el poder de ciertos estratos sociales.
Desarrollada en las décadas de los 60 y 70, la teoría del etiquetamiento sostiene
que la razón detrás de la comisión de un delito radica en la carga que implica
para una persona ser etiquetada negativamente por la sociedad. Cuando alguien
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
recibe una etiqueta estigmatizadora, tiende a internalizarla, ajustando su
comportamiento y percepción de sí misma de acuerdo con dicha etiqueta.
Ejemplo, Imaginemos a un estudiante universitario, Juan, que durante una
manifestación estudiantil participa en un acto de protesta considerado ilegal por
las autoridades. En el contexto de la teoría del etiquetamiento, este incidente
desencadena un proceso de evaluación social. Las personas que establecen las
normas, en este caso, las autoridades académicas y gubernamentales, etiquetan
a Juan como un manifestante desviado.
Como resultado de esta etiqueta, Juan experimenta un cambio en su identidad
percibida. Ahora se ve a sí mismo y es percibido por otros como un estudiante
"desviado" o activista. Esta nueva etiqueta influye en sus interacciones sociales,
ya que algunos compañeros y profesores pueden comenzar a tratarlo de manera
diferente debido a su participación en la protesta.
Con el tiempo, la aplicación de esta etiqueta tiene consecuencias significativas
para Juan. En lugar de conformarse con las expectativas sociales previas, se ve
impulsado a asumir un rol alineado con la etiqueta de "manifestante desviado".
Este cambio en su identidad y las expectativas que lo rodean pueden llevarlo a
participar más activamente en futuras protestas o actividades consideradas
desviadas.
Desde la perspectiva del etiquetamiento, el comportamiento desviado de Juan
no está inherentemente vinculado a la protesta en sí, sino a la etiqueta que se le
asigna y a las reacciones sociales resultantes. La teoría del etiquetamiento
sugiere que, si en lugar de estigmatizar a Juan, se adoptaran enfoques de
descriminalización y reparación, se podrían evitar las "carreras desviadas" y
promover una reintegración más positiva en la sociedad.
1.1.3.3. Teoría de las ventanas rotas:
En 1969, el profesor Philip Zimbardo realizó un experimento de psicología social
en la Universidad de Stanford (EEUU), en el que abandonó dos vehículos
idénticos en entornos socioeconómicos diferentes. Uno fue trasladado al Bronx,
un área de Nueva York conocida por su pobreza y conflictividad, mientras que el
otro fue dejado en Palo Alto, una zona acomodada de California. Aunque eran
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
autos idénticos, el automóvil en el Bronx sufrió daños y se despojó de sus partes
en pocas horas, mientras que el automóvil en Palo Alto permaneció intacto.
En Palo Alto, se rompió el vidrio de un automóvil en el segundo paso del
experimento. Sorprendentemente, este acto desencadenó un proceso similar al
que se observó en el Bronx, con robos, violencia y vandalismo que llevaron al
vehículo de la zona adinerada un estado similar al de la zona más pobre . Este
experimento difícil demostró que, más allá de atribuirlo únicamente a la pobreza,
el comportamiento humano y las relaciones sociales juegan un papel
fundamental en la generación del delito.
Un vidrio roto en un automóvil abandonado transmite la idea de deterioro,
desinterés y despreocupación, lo que hace que la sensación de abandono sea
crucial. Esto conduce a la violación de los códigos de convivencia y a la creencia
de que no hay normas, lo que conduce a una escalada de los delitos.
La teoría de los vidrios rotos se puede aplicar a muchas cosas que las personas
hacen en la vida diaria. Por ejemplo, no reparar una pared pintada sin permiso
puede aumentar la cantidad de actos de vandalismo. De manera similar, el
aumento de delitos y comportamientos más graves puede ser causado por el
descuido progresivo de espacios públicos y la falta de sanciones para pequeñas
infracciones.
La teoría destaca que en el ámbito doméstico, el descubierto de pequeños
detalles, como la falta de pintura en las paredes o malos hábitos familiares,
puede conducir a un tratamiento gradual de las relaciones interpersonales, lo
que eventualmente conduce a malas conexiones con la sociedad en general e
incluso a la participación en actividades delictivas.
La aplicación de la teoría de los vidrios rotos en la vida diaria enfatiza el valor de
abordar y reparar cualquier daño de inmediato para evitar la impunidad. La teoría
de la "tolerancia cero", utilizada en el metro de Nueva York en la década de los
80, demostró ser efectiva en la disminución de los índices criminales al enfocarse
en mantener comunidades limpias y ordenadas.
En resumen, la teoría de los vidrios rotos enfatiza que todos son responsables
de prevenir y abordar problemas pequeños para evitar efectos perjudiciales más
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
graves. La importancia de reparar cualquier daño de inmediato se convierte en
un llamado a la acción para ser parte de la solución y contribuir al cambio positivo
en nuestras comunidades.
Finalmente, la teoría de los vidrios rotos surge como respuesta a las altas tasas
de criminalidad en las décadas de los 80 y 90. Esta teoría postula que es esencial
abordar un problema cuando aún es incipiente, vinculando la percepción positiva
del entorno urbano con la reducción de vandalismo y criminalidad. La premisa
es que un entorno bien cuidado contribuirá a la disminución de actos delictivos.
Ejemplo de la Teoría de las Ventanas Rotas:
Imaginemos un pequeño vecindario llamado Villa Esperanza, conocido por su
armonía y limpieza. Todas las casas están bien cuidadas, los jardines son
impecables, y los residentes comparten un sentido de comunidad y
responsabilidad.
Un día, en una de las casas, alguien rompe una ventana accidentalmente
mientras realizaba reparaciones en el hogar. Sin embargo, debido a la rápida
respuesta de los propietarios, la ventana se repara de inmediato. Los vecinos
observan la situación y, aunque inicialmente preocupados, ven que el problema
se aborda sin demora.
Contrastemos esto con otro vecindario llamado Ciudad Descuido, donde las
casas parecen haber perdido su antiguo esplendor. Pintura descascarada,
jardines sin cuidado y ventanas rotas sin reparar son una imagen común. En una
de las casas, una ventana se rompe, pero meses pasan sin que nadie la repare.
Ahora, apliquemos la Teoría de las Ventanas Rotas a ambos escenarios:
Villa Esperanza (Entorno Bien Cuidado):
La ventana rota se repara de inmediato, manteniendo la estética y la seguridad
del vecindario.
Los residentes siguen sintiendo un sentido de pertenencia y responsabilidad, ya
que los problemas se abordan rápidamente.
El cuidado continuo del entorno refuerza la idea de que las normas y reglas son
respetadas.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Ciudad Descuido (Entorno Descuidado):
La ventana rota permanece sin reparar durante meses, contribuyendo al aspecto
general de descuido.
Otros residentes observan la falta de acción y comienzan a asumir que las
normas y reglas en la comunidad no son aplicadas.
Con el tiempo, el descuido se multiplica, y la comunidad se vuelve más propensa
a actos delictivos y comportamientos antisociales.
Este ejemplo ilustra cómo la rápida reparación de una "ventana rota" en Villa
Esperanza contribuye a mantener un entorno ordenado y a prevenir problemas
mayores. En contraste, la falta de atención a la ventana rota en Ciudad Descuido
conduce a un progresivo deterioro del vecindario y aumenta la probabilidad de
comportamientos indeseados.
La Teoría de las Ventanas Rotas sugiere que abordar pequeños problemas de
inmediato es esencial para prevenir la propagación de comportamientos
negativos y mantener un entorno comunitario saludable.
1.1.3.4. Teoría de las actividades cotidianas o rutinarias:
Marcus Felson y Lawrence E. Cohen desarrollaron la teoría de las actividades
diarias, también conocida como teoría de la oportunidad, en 1979. Desde la
Segunda Guerra Mundial hasta los años setenta, Cohen y Felson observaron
que, a pesar de mejoras en el ámbito sociológico, como el aumento de las
condiciones económicas y el bienestar, la delincuencia no disminuía, sino que
aumentaba. Como resultado, llegaron a la conclusión de que no hay una
compensación directa entre mejorar las condiciones de vida y reducir la
delincuencia.
Se descubrió que los cambios en la vida diaria de las personas eran la principal
causa de este fenómeno. Estos se desplazaban constantemente, lo que resultó
en una disminución significativa del tiempo que pasaban en sus hogares, y
además, las propiedades que poseían, como automóviles o casas, eran más
numerosas. Estos factores contribuyeron al aumento de objetos ilegales y
oportunidades.
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Cohen y Felson plantearon la siguiente interrogante en este caso: "¿De qué
manera la organización temporal de las actividades de algunas personas puede
generar delincuencia?". La teoría de las actividades diarias surgió para
responder a esta pregunta y explica el aumento de la delincuencia a partir de
tres factores interdependientes: un delincuente motivado, un objetivo o víctima
favorable y la falta de un guardián eficaz. (Esto no solo se refiere a la policía,
sino también a cualquier persona que pueda protegerse a sí misma y a otros,
como nosotros mismos, nuestros amigos o familiares).
Por lo tanto, independientemente de las condiciones sociales mejoradas o
empeoradas, cuando estos tres elementos coinciden en el mismo espacio y
tiempo, se produce un aumento de la criminalidad.
Es importante destacar que el delincuente, la víctima o el guardián no tendrían
que estar presentes para prevenir el delito. Sin embargo, sería suficiente la
combinación de los tres componentes para provocar un aumento en las tasas de
delincuencia y criminalidad.
Esta teoría argumenta que un delito ocurre cuando se dan tres elementos
simultáneamente. En primer lugar, el delincuente tiene un motivo para cometer
el acto; en segundo lugar, la víctima u objetivo es de fácil acceso; y, finalmente,
la ausencia de control social o protección de la víctima. La confluencia de estas
tres condiciones facilitaría la comisión de un delito.
Ejemplo: Imagina a una persona que todos los días realiza el mismo recorrido
desde su hogar hasta su lugar de trabajo. Este individuo tiene la rutina de
caminar por un callejón poco transitado para acortar su trayecto. En este caso:
Delincuente Motivado: Un ladrón observa este patrón de comportamiento y
nota que la persona lleva consigo objetos de valor, como un dispositivo
electrónico costoso y dinero en efectivo.
Objetivo o Víctima Propicios: La persona que realiza la rutina se convierte en
un objetivo fácil para el ladrón debido a su previsibilidad y a los objetos de valor
que lleva consigo.
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Ausencia de Guardián Eficaz: El callejón poco transitado carece de cámaras
de seguridad o presencia policial regular, lo que brinda al ladrón la oportunidad
de cometer el delito sin ser detectado fácilmente.
La convergencia de estos tres elementos en el mismo espacio y tiempo facilita
la comisión del delito. En este caso, la Teoría de las actividades cotidianas o
rutinarias sugiere que el robo es más probable cuando se dan las condiciones
adecuadas, como la rutina predecible, la presencia de un delincuente motivado
y la falta de un guardián eficaz.
1.1.3.5. Teoría de la elección racional:
En primera instancia, se parte de la premisa de que las personas que cometen
delitos buscan obtener beneficios a través de sus acciones, lo cual implica un
proceso de toma de decisiones y elecciones, aunque en ocasiones estos
procesos pueden ser primitivos. Aunque estos procesos pueden mostrar cierta
racionalidad, pueden verse limitados por factores como el tiempo, la capacidad
y la disponibilidad de la información relevante. Cornish y Clarke admitieron que
esta concepción de la criminalidad se adapta mejor a ciertos tipos de delitos que
a otros.
Sin embargo, incluso en casos de delitos que parecían ser motivados de manera
patológica o ejecutada de forma impulsiva, se demostró que los componentes
racionales también estaban presentes con frecuencia, y la identificación y
descripción de estos elementos podrían ser útiles para la creación de políticas
de control del delito.
En segundo lugar, se inclinaron hacia un enfoque centrado en el delito,
argumentando que las necesidades de cada delito pueden variar
significativamente, y que el contexto situacional y la información relacionada con
la toma de decisiones pueden variar significativamente entre un delito y otro.
Ignorar estas diferencias podría reducir significativamente la eficacia de la
investigación para identificar puntos de intervención específicos.
Se afirma que un enfoque centrado en el delito requiere diferencias más precisas
que las que se establecen combinadas en criminología. Por ejemplo, puede ser
insuficiente dividir el robo en formas comerciales y residenciales; posiblemente
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
sea necesario distinguir entre los robos cometidos en suburbios de clase media,
áreas residenciales de alto nivel socioeconómico y viviendas públicas.
Según estudios empíricos, hay una gran variación en los tipos de delincuentes,
las motivaciones y los métodos utilizados en estas diferentes formas de robo
doméstico. Entre otros ejemplos evidentes, argumentos similares podrían
aplicarse para distinguir entre diferentes modalidades de robo, violación, hurto
en tiendas y robo de vehículos. El resultado de este enfoque es que la
explicación teórica se centra en los delitos en lugar de en los delincuentes. Esto
proporciona un contrapeso a las preocupaciones teóricas y políticas centradas
en los delincuentes.
En tercer lugar, argumentaron que la diferenciación fundamental entre la
implicación delictiva y el acto delictivo es necesaria para un enfoque de toma de
decisiones delictivas.
La implicación delictiva se refiere a los procesos mediante los cuales las
personas deciden involucrarse inicialmente en formas particulares de delito,
persistir en la delincuencia y finalmente desistir. En cada caso, una variedad de
factores diferentes afecta los procesos de toma de decisiones en estas distintas
etapas de implicación delictiva.
De manera similar, las categorías de información específica determinarán los
procesos de toma de decisiones utilizados para cometer un delito específico (es
decir, el acto delictivo). Aunque no todas se relacionan directamente con los
delitos en sí, las decisiones relacionadas con la implicación delictiva suelen
constar de varias etapas, a incluir períodos extensos y utilizando una amplia
gama de información. Las decisiones sobre actos delictivos son procesos más
breves y utilizan información más limitada, en su mayoría relacionadas con
circunstancias y situaciones inmediatas (Cornish y Clarke, 1986, p. 2).
Esta teoría, enfatiza que los delitos son meditados y planificados con antelación,
es decir, el comportamiento delictivo tiene un propósito y es considerado
racional. Para prevenir tales acciones, se emplean procesos de toma de
decisiones destinados a influir psicológicamente en el delincuente, acercándolo
a comportamientos no delictivos.
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Ejemplo: En una ciudad ficticia, los investigadores Smith y Rodríguez aplicaron
la Teoría de la Elección Racional para analizar la prevalencia de robos a mano
armada en diferentes áreas urbanas. Observaron que, a pesar de mejoras
económicas y sociales generales, los índices de este delito no disminuían
uniformemente. La teoría sugiere que los individuos que cometen robos a mano
armada toman decisiones racionales basadas en sus percepciones de beneficio
y riesgo.
En primer lugar, Smith y Rodríguez identificaron que los delincuentes evaluaban
las oportunidades y riesgos asociados con el robo a mano armada. Aunque
algunos podrían considerar que la mejora económica podría reducir la
delincuencia, los hallazgos indicaron que los delincuentes evaluaban el riesgo
de ser atrapados y la posibilidad de obtener beneficios sustanciales. La teoría
destacó que, incluso en condiciones socioeconómicas mejoradas, los factores
individuales y situacionales desempeñan un papel crucial en la toma de
decisiones delictivas.
En segundo lugar, la investigación se centró en las características específicas
del delito en cuestión. En lugar de tratar todos los robos a mano armada de
manera uniforme, Smith y Rodríguez distinguieron entre robos cometidos en
áreas residenciales, comerciales y de ocio. Descubrieron que las motivaciones,
los métodos y los riesgos variaban según el entorno. Esta distinción precisa
permitió una comprensión más profunda de los factores que impulsaban la
elección de cometer este delito en contextos específicos.
En tercer lugar, la Teoría de la Elección Racional sirvió como marco para
entender el proceso de toma de decisiones tanto en la participación inicial en
actividades delictivas como en la ejecución de un robo a mano armada en sí
mismo. Se reconoció que los delincuentes pasan por etapas de implicación
delictiva, desde la decisión inicial de cometer el delito hasta la persistencia y,
finalmente, el retiro. La teoría resaltó que diferentes conjuntos de factores
influyen en estas etapas, enfocándose en las motivaciones y las decisiones
específicas asociadas con el robo a mano armada.
En resumen, la aplicación de la Teoría de la Elección Racional en el estudio de
los robos a mano armada reveló que, incluso en un entorno cambiante, las
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
decisiones delictivas están arraigadas en la evaluación individual de riesgos y
beneficios. Este enfoque refinado proporciona información valiosa para el
desarrollo de estrategias de prevención del delito que se centran en comprender
y abordar los factores que influyen en las decisiones de los delincuentes.
1.1.4. Intersección con la justicia penal
La aplicación del poder punitivo es un tema de constante relevancia en América
Latina, donde las noticias y medios impresos rutinariamente destacan casos
relacionados con la prisión, reflejando el interés general de la ciudadanía. La
lucha contra el crimen organizado y la corrupción gubernamental ocupa
regularmente las portadas de los periódicos en nuestras sociedades, y es
precisamente esto lo que atrae a muchos a estudiar Derecho penal o
criminología.
Cuando concluimos la lectura de los periódicos matutinos, surgen
cuestionamientos sobre la efectividad real de contrarrestar el crimen mediante el
Derecho penal. Aparecen preguntas adicionales, tales como las circunstancias
que provocan el delito, las motivaciones del delincuente y las estrategias
utilizadas para llevar a cabo sus acciones con éxito. Sin embargo, también
comenzamos a notar que la facultad de imponer castigos no se aplica
uniformemente. La labor de las agencias de justicia penal es altamente selectiva,
debido a recursos limitados y a intereses particulares que pueden influir en la
decisión de no investigar ciertos casos (por ejemplo, delitos contra la
Administración pública o relacionados con el medio ambiente). Este
descubrimiento puede generar desencanto o frustración en el mejor de los casos.
Este preámbulo nos lleva a contextualizar la importancia del estudio de la
criminología y el Derecho penal como dos dimensiones complementarias dentro
del marco de los mecanismos de control social formalizado en relación con el
delito.
En cuanto al Derecho penal, es esencial destacar que se desarrolla a partir del
fenómeno histórico de la codificación y se centra en el estudio de la norma penal
como objeto de análisis. Esta norma se interpreta, se sistematiza con otras y se
critica por su diseño deficiente.
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Este enfoque de investigación, como se menciona repetidamente, se centra en
el estudio de la norma penal, que aborda los delitos incluidos en la parte especial
o en leyes específicas. Esta normativa legislativa es un producto que solo los
jueces penales aplicarán. De acuerdo con el principio constitucional de legalidad,
un ciudadano solo puede ser castigado mediante la aplicación de esa norma
penal, después de un debido proceso y con un estándar de prueba que vaya
más allá de toda duda razonable sobre su culpabilidad. Es fundamental entender
que la función principal de la norma penal es delimitar áreas de acción permitidas
e ilícitas para los ciudadanos. Por lo tanto, el estudio de la dogmática penal
adquiere una importancia crucial para establecer esos espacios de libertad que
deben ser garantizados.
En términos simples, "lo que no está prohibido está permitido". La dogmática
penal, en este sentido, contribuye a proporcionar la predictibilidad necesaria para
el uso racional del castigo penal. Sin embargo, aún estamos a medio camino
para comprender completamente qué es el delito.
Aquí es donde entra en juego el conocimiento criminológico. El delito no se limita
únicamente a lo regulado en un código penal; es un fenómeno de la realidad que
puede estar tipificado o no. Fundamentalmente, es una situación "socialmente
problemática" que requiere una respuesta tanto comunitaria como estatal. Desde
esta perspectiva, al estudiar estas situaciones sociales perturbadoras como
hechos de la realidad, más allá de su regulación normativa, nos sumergimos de
lleno en el ámbito de la criminología.
En sus inicios, la criminología se centró exclusivamente en el delincuente,
considerándolo como una especie de "bicho raro" que podía ser identificado y
neutralizado independientemente de la comisión de un delito. Dada su condición
"diferente" a la generalidad de los ciudadanos, ya sea por razones genéticas,
psicológicas, antropomórficas, étnicas, etc., se consideraba posible la aplicación
de medidas de seguridad que podrían durar toda la vida. Surge la noción de
"peligrosidad" como un sustento irrefutable para la aplicación, por ejemplo, de
internamientos en centros de detención o psiquiátricos.
Esta corriente, conocida como "positivismo criminológico", fue un intento de
proporcionar una explicación razonable y fundamentada sobre por qué surge el
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
delito. Sin embargo, mostraba falta de crítica en cuanto a cómo "los delincuentes
llegaban a la cárcel" y por qué en la cárcel "no estaban todos los que debieran
estar". Estas y otras objeciones, como su neutralidad ideológica, llevaron a que
perdiera cierta trascendencia frente a otras teorías criminológicas de enfoque
sociológico. Superada esta etapa, en la mitad del siglo pasado, surgieron varias
teorías criminológicas que relacionaron diferentes variables, como el medio
social (por ejemplo, teorías ecológicas, de la asociación diferencial, etc.) o la
importante función selectiva de los órganos de la justicia penal en la definición
de la delincuencia (teoría del enfoque del etiquetado).
Es importante destacar que autores como Emilio Durkheim y Robert Merton
resaltaron que el fenómeno de la delincuencia es normal en cualquier sociedad,
siempre que no sobrepase ciertos límites de tolerancia colectiva. Por otro lado,
autores como Edwin Sutherland afirmaron que el delito se "aprende" mediante el
trato con los demás. Todo esto marcó una superación cualitativa con respecto a
las concepciones etiológicas propias de la escuela positivista italiana.
El desarrollo histórico de la criminología, se puede afirmar que esta disciplina
mantiene su interés en el estudio del delincuente, pero ha expandido su enfoque
hacia el análisis de los procesos sociales que definen la criminalidad. En otras
palabras, la percepción de lo que constituye delincuencia en una sociedad
específica está determinada por la definición que el legislador establece en un
código penal. En este sentido, la criminología se ocupa de estudiar los diversos
mecanismos de control social, tanto formales (justicia penal) como informales
(familia, escuela, sociedad), centrándose especialmente en el control social
penal. Así, se amplía el ámbito de estudio para incluir la práctica de las agencias
del sistema penal y el papel crucial desempeñado por la víctima en numerosos
casos.
Con mayor precisión, la criminología busca comprender los factores que influyen
en el proceso de criminalización, es decir, por qué ciertas conductas son
consideradas delictivas y otras no. Este proceso se desenvuelve en un modelo
de sociedad conflictiva, donde diversos grupos compiten por obtener o mantener
el poder político, y este poder determina contra quién se inicia el proceso de
criminalización (Martínez 2021).
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
El proceso de criminalización se divide en dos fases: una abstracta, a cargo del
legislador al tipificar los delitos, y otra concreta, relacionada con las agencias
ejecutivas del poder punitivo estatal, especialmente la policía. Es crucial analizar
ambas dimensiones de esta dinámica, ya que se observa un déficit de
persecución en los delitos de "cuello blanco" y una sobre criminalización de los
sectores más empobrecidos y vulnerables, especialmente afectados por las
políticas económicas globalizadas. Surge así la noción de un "Derecho penal de
los excluidos", que engloba a jóvenes de áreas marginales, migrantes,
traficantes de drogas de menudeo, entre otros.
Por otro lado, el estudio criminológico de la víctima ha ganado relevancia desde
finales del siglo pasado, a través de encuestas de victimización y grupos que
exigen mayor protección del Estado, especialmente en casos de delincuencia
sexual o violencia de género. De esta manera, la victimología se presenta como
la contraparte de la criminología, argumentando que si esta última se centra en
el estudio del delincuente, la victimología debe analizar a la víctima para
equilibrar la balanza criminológica.
Esta evolución resalta que la victimología ha tenido un impacto significativo en la
política criminal contemporánea, abogando por la incorporación de los derechos
de las víctimas en los procesos penales, reconociendo la importancia de la
desvictimización como responsabilidad del Estado y defendiendo la reparación
material y simbólica de las víctimas. Sin embargo, ciertos enfoques más
militantes han utilizado el interés por la víctima como justificación para endurecer
la respuesta penal en ciertos delitos (como delitos sexuales o terrorismo) o
reducir las garantías constitucionales del acusado en el proceso penal. Esto ha
llevado a afirmar que una de las razones actuales del populismo punitivo en
América Latina es "satisfacer vindicativamente los derechos de las víctimas ante
el delincuente".
Planteado el escenario, queda la pregunta: ¿Qué más hay por hacer después de
caracterizar brevemente las dimensiones normativas y fácticas del delito? Diría
que la respuesta es mucho. La definición legal de un delito, tal como se presenta
en el catálogo de un código penal, no puede realizarse de manera completa sin
considerar las contribuciones de la criminología. La efectividad de las decisiones
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
de política criminal de un Estado con respecto al fenómeno de la criminalidad
debe basarse en un respaldo científico que permita una comprensión integral del
problema y señale las mejores estrategias para combatirlo. Esto se vuelve crucial
en áreas donde la aplicación de sanciones es limitada (por ejemplo, en delitos
de "cuello blanco" o "crímenes de los poderosos").
Los estudios criminológicos pueden ayudar a identificar situaciones
problemáticas que merezcan ser consideradas como delitos o a realizar ajustes
normativos para una persecución más efectiva o un juicio más justo (como ha
ocurrido con la inclusión de delitos informáticos o lavado de activos en muchas
legislaciones).
Por otro lado, la criminología, en su vertiente más crítica, debe cuestionar por
qué ciertos sectores sociales, particularmente los más vulnerables a las políticas
económicas globales, experimentan una mayor persecución penal. También
debe ser una disciplina que exija responsabilidad al poder político cuando este
utilice el poder penal estatal para satisfacer intereses ajenos a la protección de
las condiciones esenciales para una convivencia comunitaria saludable.
En cuanto al Derecho penal en su sentido técnico, el análisis e interpretación de
la norma penal no pueden obviar la dimensión social del acto delictivo. La
efectiva lucha contra la criminalidad organizada, la delincuencia empresarial, la
corrupción gubernamental o el terrorismo requiere jueces y fiscales que
comprendan las modalidades y tipologías de estas formas criminales. Esto
contribuye a evitar la impunidad. En este sentido, contar con un cuerpo normativo
sólido no tiene utilidad si no se logra un sistema de justicia penal en el que las
instituciones operen de manera coordinada y siguiendo un plan de acción
fundamentado en el conocimiento criminológico.
Finalmente, tanto el conocimiento normativo como el empírico del delito deben
estar alineados con los valores fundamentales del sistema democrático y del
Estado de derecho. Esto implica que el ejercicio del poder punitivo estatal debe
estar orientado a preservar los espacios de libertad de los ciudadanos. En otras
palabras, la legitimidad del uso del Derecho penal, siendo una herramienta
poderosa, radica en su carácter instrumental para garantizar la convivencia de
todos. Aquí, es crucial destacar la importancia de instrumentos internacionales
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
como la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, que sirven como fundamentos y límites para el
poder penal estatal.
En otras palabras, frente a la posibilidad de utilizar la criminología o el Derecho
penal para desarrollar o respaldar políticas criminales de corte autoritario en
América Latina, tanto el jurista como el criminólogo deben objetar y refutar dichas
propuestas desde una perspectiva basada en el respeto a los derechos
humanos. Este compromiso ético es fundamental y no puede pasarse por alto,
debiendo ser expresado frente a propuestas populistas que abogan por un
aumento en el uso de la prisión o por restricciones excesivas a los derechos
fundamentales de los ciudadanos. Siempre será necesario contar con
investigaciones rigurosas, propuestas fundamentadas y críticas valientes ante
los posibles abusos del poder punitivo. En este contexto, no hay espacio para
posturas ambiguas; es imperativo tomar una posición clara y definida.
Es menester señalar, como se ha evidenciado en el análisis de las diversas
corrientes que han tratado de explicar el fenómeno criminal, la criminología se
extiende más allá del ámbito del Derecho Penal. Dentro de esta perspectiva más
amplia, citamos la perspicaz visión de Diego Torrente, quien destaca la
necesidad de examinar las cuatro esquinas del fenómeno delictivo: la
participación del delincuente, la experiencia de la víctima, la reacción del control
formal (policía, jueces) y del control informal (tolerancia, miedo o actitudes hacia
las instituciones). Este enfoque reconoce la existencia de no una, sino al menos
cuatro delincuencias diferentes: la vivida por los delincuentes, la sufrida por las
víctimas, la sancionada por la justicia y la temida por la población (Torrente,
2001).
Dentro de este paradigma, la ciencia criminológica proporciona a las autoridades
políticas conocimientos empíricos relacionados con el delito y sus causas, los
delincuentes y las víctimas. Además, formula propuestas de medidas para
reducir la criminalidad, facilitando así a los líderes políticos la información
necesaria para tomar decisiones que mejoren el status quo. Según Antonio
García Pablos de Molina (1996) la criminología aporta información válida y
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
confiable en tres áreas: la explicación científica del fenómeno criminal, la
prevención del delito y la intervención en el individuo delincuente.
En contraste, el Derecho Penal, a través de la criminalización primaria,
selecciona una parte de la realidad estudiada por la criminología con el objetivo
de abordar el problema de la criminalidad mediante la aplicación de penas.
Surge un amplio debate sobre si la opción de utilizar el Derecho Penal es la más
útil, eficaz o el mejor enfoque. Según Torrente, el conocimiento criminológico
debería llevar a una intervención meditada y selectiva que prevenga el delito
mediante programas y estrategias apropiadas, siendo esta intervención efectiva
pero no necesariamente penal. La intervención penal, dada su carga social y sus
efectos nocivos, debe ser siempre subsidiaria, siguiendo el principio de
intervención mínima. Torrente aboga por una intervención que vaya más allá de
aumentar la severidad de las prohibiciones legales o mejorar el rendimiento del
control social formal, buscando abordar el problema humano y social del delito
con la racionalidad y eficacia propias de la prevención primaria. La selectividad
del fenómeno criminal y la relevancia de otras técnicas de intervención no
penales son fundamentales en los programas preventivos (García, 1996)
Para una mejor comprensión, citaremos un ejemplo de forma general:
Imaginemos una situación en la que las estadísticas muestran un aumento
alarmante en los delitos violentos en una determinada área urbana. La
criminología entra en juego al estudiar y analizar los factores sociales,
económicos y demográficos que podrían estar contribuyendo a este aumento
delictivo. Los criminólogos podrían investigar patrones delictivos, analizar
perfiles demográficos de los delincuentes, examinar las condiciones
socioeconómicas y evaluar la eficacia de las estrategias policiales existentes.
Basándose en estas investigaciones criminológicas, los responsables de la
formulación de políticas y los profesionales de la justicia penal pueden ajustar
sus enfoques. Por ejemplo, podrían implementar programas de intervención
social en comunidades específicas, mejorar la presencia policial en áreas de alto
riesgo identificadas por los estudios criminológicos, o desarrollar estrategias de
prevención basadas en la comprensión de los factores criminógenos.
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
En este escenario, la criminología proporciona la base empírica y el conocimiento
científico necesario para informar las decisiones en la formulación de políticas y
prácticas judiciales, lo que resulta en una respuesta más efectiva y
fundamentada frente al problema delictivo.
1.1.4.1. Aplicaciones prácticas
La criminología tiene diversas aplicaciones prácticas en diferentes ámbitos, entre
las más importantes están:
a) Diseño de Políticas de Prevención del Delito:
Análisis Situacional:
• Realizar un análisis detallado de la situación delictiva en la región,
identificando áreas de mayor incidencia delictiva, tipos de delitos
prevalentes y grupos demográficos más afectados.
• Considerar factores socioeconómicos, culturales y geográficos que
influyan en la dinámica delictiva.
Consulta y Participación Ciudadana:
• Incluir a la comunidad en el proceso de diseño de políticas a través de
consultas ciudadanas y mesas de diálogo.
• Aprovechar el conocimiento local para identificar problemas específicos y
posibles soluciones desde la perspectiva de los residentes.
Enfoque Multisectorial:
• Adoptar un enfoque multisectorial que involucre a diferentes organismos
gubernamentales, ONG, sector privado y la sociedad civil.
• Integrar acciones de prevención del delito en áreas como educación,
salud, empleo y desarrollo social.
Identificación de Factores de Riesgo y Protección:
• Utilizar investigaciones criminológicas para identificar factores de riesgo y
protección específicos de la comunidad.
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
• Adaptar estrategias de acuerdo con los resultados de estudios locales.
Personalización de Estrategias:
• Diseñar estrategias específicas según las características únicas de la
comunidad, considerando su cultura, estructura social y desafíos
particulares.
• Evitar soluciones genéricas que no se ajusten a la realidad local.
Inversión en Prevención Primaria:
• Priorizar estrategias de prevención primaria que aborden las raíces del
delito antes de que ocurran.
• Enfocarse en programas que fortalezcan el tejido social, promuevan el
bienestar y prevengan la aparición de factores de riesgo.
Medidas de Prevención Situacional:
• Implementar medidas de prevención situacional que modifiquen el
entorno físico para reducir oportunidades para el delito.
• Ejemplos incluyen mejoras en la iluminación, diseño urbano seguro y
vigilancia comunitaria.
Educación y Sensibilización:
• Desarrollar campañas educativas para sensibilizar a la comunidad sobre
temas de seguridad y promover la participación ciudadana en la
prevención del delito.
• Enfocarse en la concientización sobre las consecuencias delictivas y la
importancia de la denuncia.
Monitoreo y Evaluación Continua:
• Establecer un sistema robusto de monitoreo y evaluación para medir la
efectividad de las políticas de prevención del delito.
• Ajustar las estrategias en función de los resultados y la retroalimentación
de la comunidad.
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Coordinación Interinstitucional:
• Promover la coordinación y cooperación entre las instituciones
gubernamentales responsables de la seguridad y la justicia.
• Establecer protocolos claros de actuación y compartir información
relevante entre las agencias involucradas.
Inclusión de Tecnologías Innovadoras:
• Integrar tecnologías innovadoras, como sistemas de videovigilancia
inteligente o plataformas de denuncia digital, para mejorar la eficacia de
las medidas preventivas.
Adaptación Continua:
• Estar preparado para adaptar las políticas de prevención del delito de
manera continua, considerando cambios en la dinámica delictiva y las
necesidades cambiantes de la comunidad.
• Mantener flexibilidad para ajustar estrategias según la evolución del
entorno social y económico.
El diseño de políticas de prevención del delito debe ser un proceso dinámico,
colaborativo y basado en evidencia, buscando crear comunidades más seguras
y resilientes a través de intervenciones efectivas y sostenibles.
b) Mejora de Estrategias de Aplicación de la Ley:
Colaboración Interinstitucional:
• Fomentar una mayor colaboración y coordinación entre diferentes
agencias de aplicación de la ley, incluyendo policía, fiscales, servicios de
inteligencia y otros organismos de seguridad.
• Establecer protocolos de comunicación claros y mecanismos para
compartir información de manera efectiva.
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Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Tecnología y Análisis de Datos:
• Implementar tecnologías avanzadas, como inteligencia artificial, análisis
de big data y herramientas forenses mejoradas, para fortalecer las
capacidades de investigación y análisis.
• Garantizar la formación adecuada del personal en el uso de estas
tecnologías.
Formación Continua:
• Ofrecer programas de formación continua para agentes de la ley, fiscales
y jueces, asegurando que estén actualizados en las últimas técnicas,
legislación y enfoques éticos.
• Incluir módulos sobre derechos humanos y diversidad cultural.
Enfoque Comunitario:
• Adoptar estrategias de aplicación de la ley orientadas a la comunidad,
promoviendo la colaboración entre la policía y los ciudadanos para
abordar problemas locales de seguridad.
• Establecer programas de policía comunitaria para fortalecer la confianza
y la comunicación.
Prevención del Delito:
• Integrar enfoques de prevención del delito en las estrategias de aplicación
de la ley, abordando las causas fundamentales y colaborando con
comunidades para implementar medidas preventivas.
• Establecer programas educativos y de sensibilización en escuelas y
comunidades.
Unidades Especializadas:
• Crear unidades especializadas dentro de las fuerzas policiales para
abordar delitos específicos, como crimen organizado, ciberdelincuencia o
tráfico de personas.
• Dotar a estas unidades con recursos y formación especializada.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 39
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Adopción de Prácticas Innovadoras:
• Fomentar la adopción de prácticas innovadoras en la aplicación de la ley,
como el uso de drones para vigilancia, programas de rehabilitación
efectivos y técnicas avanzadas de interrogatorio.
• Evaluar continuamente nuevas metodologías y tecnologías.
Participación Ciudadana:
• Involucrar a la comunidad en la toma de decisiones relacionadas con
estrategias de aplicación de la ley y políticas de seguridad.
• Establecer consejos consultivos que incluyan representantes de la
sociedad civil.
Mediación y Resolución Alternativa de Conflictos:
• Promover la mediación y métodos alternativos de resolución de conflictos
como complemento a la aplicación tradicional de la ley.
• Capacitar a personal policial en técnicas de resolución pacífica de
disputas.
Énfasis en Derechos Humanos:
• Integrar la perspectiva de derechos humanos en todas las acciones de
aplicación de la ley, asegurando que las intervenciones respeten los
principios fundamentales.
• Implementar protocolos para prevenir abusos y garantizar la rendición de
cuentas.
Evaluación de Desempeño:
• Establecer sistemas de evaluación de desempeño para medir la
efectividad y la ética en la aplicación de la ley.
• Reconocer y recompensar prácticas ejemplares.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 40
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Transparencia y Rendición de Cuentas:
• Promover la transparencia en las acciones policiales, permitiendo la
rendición de cuentas y generando confianza en la comunidad.
• Publicar informes periódicos sobre actividades, resultados y medidas
disciplinarias.
Diversidad y Sensibilidad Cultural:
• Fomentar la diversidad en las fuerzas policiales para reflejar la
composición de la sociedad.
• Proporcionar formación en sensibilidad cultural para abordar situaciones
de manera respetuosa y equitativa.
Cambio Cultural Institucional:
• Trabajar hacia un cambio cultural dentro de las instituciones policiales,
promoviendo una mentalidad orientada al servicio, la integridad y el
respeto.
• Abordar prácticas discriminatorias y promover la igualdad de
oportunidades.
Evaluación Continua y Adaptabilidad:
• Establecer mecanismos de evaluación continua para adaptar estrategias
según la evolución de los desafíos delictivos y las necesidades de la
comunidad.
• Mantener un enfoque flexible y adaptable a cambios en el entorno
criminal.
La mejora de las estrategias de aplicación de la ley implica un enfoque integral
que abarque desde la formación del personal hasta la incorporación de
tecnologías avanzadas, siempre con el objetivo de garantizar la seguridad
ciudadana de manera ética y efectiva.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 41
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
c) Rehabilitación y Reinserción:
Programas de Rehabilitación:
• Desarrollar y fortalecer programas de rehabilitación penitenciaria que
aborden las necesidades individuales de los reclusos, incluyendo
programas educativos, laborales y terapias psicosociales.
• Personalizar los enfoques de rehabilitación según la naturaleza y
gravedad de los delitos.
Evaluación Individualizada:
• Realizar evaluaciones exhaustivas de cada recluso para identificar
factores criminógenos y diseñar planes de rehabilitación personalizados.
• Incluir evaluaciones psicológicas, educativas y sociales.
Formación y Desarrollo de Habilidades:
• Ofrecer oportunidades de formación académica y desarrollo de
habilidades laborales dentro de las instituciones penitenciarias.
• Fomentar la adquisición de habilidades que mejoren las perspectivas de
empleo tras la liberación.
Programas de Desintoxicación:
• Implementar programas efectivos de desintoxicación para reclusos con
problemas de abuso de sustancias.
• Integrar servicios de apoyo continuo para prevenir recaídas.
Apoyo Psicológico y Psiquiátrico:
• Proporcionar servicios de apoyo psicológico y psiquiátrico a reclusos con
trastornos mentales.
• Establecer programas de seguimiento después de la liberación para
garantizar el acceso continuo a la atención médica mental.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 42
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Medidas Alternativas al Encarcelamiento:
• Explorar y promover medidas alternativas al encarcelamiento, como la
libertad condicional, programas de libertad vigilada o servicios
comunitarios.
• Evaluar la idoneidad de la pena de prisión en casos específicos.
Reinserción Laboral:
• Facilitar la reincorporación de los reclusos al mercado laboral mediante
programas de capacitación y asociaciones con empleadores.
• Promover la creación de empleo para personas liberadas.
Vivienda y Apoyo Comunitario:
• Establecer programas que ayuden a los liberados a encontrar vivienda
estable y apoyo comunitario.
• Colaborar con organizaciones comunitarias para facilitar la transición.
Educación Continua y Desarrollo Personal:
• Proporcionar oportunidades de educación continua y desarrollo personal
tanto dentro como fuera de la prisión.
• Fomentar la participación en actividades educativas y culturales.
Sistemas de Monitoreo y Seguimiento:
• Establecer sistemas efectivos de monitoreo y seguimiento para evaluar el
progreso de los liberados.
• Implementar medidas correctivas según sea necesario para evitar la
reincidencia.
Apoyo Familiar y Redes Sociales:
• Incluir a las familias en los programas de rehabilitación y reinserción,
reconociendo su papel crucial en el proceso.
• Fomentar la reconexión con redes sociales saludables.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 43
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Programas Restaurativos:
• Introducir programas restaurativos que involucren a víctimas, infractores
y comunidades en el proceso de rehabilitación.
• Fomentar la responsabilidad y reparación del daño causado.
Desestigmatización de Exconvictos:
• Trabajar en la desestigmatización de exconvictos en la sociedad para
facilitar su reintegración.
• Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de brindar segundas
oportunidades.
Colaboración con Organizaciones No Gubernamentales:
• Colaborar con organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios
para fortalecer los programas de rehabilitación y reinserción.
• Aprovechar recursos y conocimientos externos.
Investigación y Evaluación Continua:
• Realizar investigaciones continuas para evaluar la efectividad de los
programas de rehabilitación.
• Ajustar las estrategias según los resultados y las mejores prácticas
identificadas.
Participación del Sector Privado:
• Involucrar al sector privado en iniciativas de rehabilitación y reinserción a
través de asociaciones y programas de responsabilidad social
empresarial.
• Crear oportunidades de empleo y capacitación a través de alianzas con
empresas.
El enfoque en la rehabilitación y reinserción no solo busca transformar a los
individuos infractores, sino también contribuir a la construcción de comunidades
más seguras y resilientes. La aplicación efectiva de estos programas requiere
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 44
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
una combinación de esfuerzos gubernamentales, colaboraciones comunitarias y
enfoques basados en la evidencia.
d) Desarrollo de Políticas Penitenciarias:
Enfoque Humanitario y Respeto a los Derechos Humanos:
• Desarrollar políticas penitenciarias que se basen en un enfoque
humanitario, respetando los derechos fundamentales de los reclusos.
• Asegurar condiciones de vida dignas, acceso a servicios de salud y
respeto a la integridad física y mental.
Individualización de Penas y Tratamientos:
• Promover la individualización de penas y tratamientos, reconociendo las
características y necesidades específicas de cada recluso.
• Establecer programas de evaluación para determinar los enfoques más
efectivos de rehabilitación.
Desarrollo de Infraestructuras Penitenciarias:
• Mejorar y modernizar las infraestructuras penitenciarias para garantizar
condiciones seguras y humanas.
• Invertir en instalaciones que faciliten programas educativos, laborales y
de rehabilitación.
Prevención de Hacinamiento:
• Implementar medidas para prevenir el hacinamiento en las cárceles, como
la revisión de políticas de detención preventiva y la aplicación de
alternativas al encarcelamiento.
• Buscar soluciones sostenibles y efectivas para el manejo de la población
penitenciaria.
Reinserción y Preparación para la Liberación:
• Desarrollar programas específicos para la preparación de la liberación,
centrándose en la reinserción efectiva de los reclusos en la sociedad.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 45
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
• Proporcionar capacitación laboral, educación y apoyo psicosocial durante
el tiempo de reclusión.
Acceso a Educación y Capacitación:
• Garantizar el acceso a programas educativos y de capacitación para
todos los reclusos, independientemente de su nivel educativo previo.
• Fomentar la adquisición de habilidades que mejoren las perspectivas de
empleo post liberación.
Atención a Grupos Vulnerables:
• Desarrollar políticas específicas para atender las necesidades de grupos
vulnerables en prisión, como mujeres, jóvenes y personas con problemas
de salud mental.
• Evitar la discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades.
Integración de Tecnología y Datos:
• Utilizar tecnología y sistemas de gestión de datos para mejorar la
eficiencia en la administración penitenciaria.
• Implementar soluciones tecnológicas para el monitoreo y seguimiento de
reclusos.
Participación Comunitaria:
• Involucrar a la comunidad en el diseño e implementación de políticas
penitenciarias.
• Fomentar la colaboración con organizaciones no gubernamentales y
grupos comunitarios.
Programas de Salud Mental:
• Establecer programas integrales de salud mental en entornos
penitenciarios, incluyendo evaluaciones regulares y acceso a
profesionales de la salud mental.
• Combatir el estigma asociado a las enfermedades mentales.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 46
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Desarrollo de Programas de Rehabilitación:
• Diseñar y mejorar programas de rehabilitación que aborden las causas
subyacentes del comportamiento delictivo.
• Incluir terapias, educación y capacitación para facilitar la reintegración
exitosa.
Fomento de Investigación y Evaluación Continua:
• Promover la investigación continua para evaluar la efectividad de las
políticas penitenciarias.
• Ajustar las estrategias según las mejores prácticas y los resultados de
evaluaciones.
Alternativas al Encarcelamiento:
• Desarrollar y fortalecer programas de justicia restaurativa y otras
alternativas al encarcelamiento.
• Evaluar la idoneidad de medidas como la libertad condicional o servicios
comunitarios.
Monitoreo de Derechos Humanos:
• Establecer mecanismos de monitoreo independientes para evaluar las
condiciones y prácticas en las instituciones penitenciarias.
• Garantizar el cumplimiento de estándares internacionales de derechos
humanos.
Revisión de Políticas de Drogas:
• Revisar y reformar las políticas de drogas que han contribuido al aumento
de la población carcelaria.
• Enfocarse en enfoques de salud pública y reducción de daños.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 47
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Colaboración Internacional:
• Colaborar con organismos internacionales y otros países para compartir
mejores prácticas y experiencias en el desarrollo de políticas
penitenciarias.
• Participar en diálogos internacionales sobre reformas carcelarias.
Transparencia y Rendición de Cuentas:
• Garantizar la transparencia en la administración penitenciaria y establecer
mecanismos de rendición de cuentas.
• Informar a la sociedad sobre el progreso y los desafíos en la
implementación de políticas penitenciarias.
El desarrollo de políticas penitenciarias efectivas implica un enfoque integral que
aborde tanto la seguridad pública como el bienestar de los reclusos. La
combinación de estrategias preventivas, programas de rehabilitación y medidas
de preparación para la liberación contribuye a un sistema penitenciario más
equitativo y orientado hacia la reinserción social.
e) Evaluación de Programas Sociales:
La evaluación de programas sociales es un proceso crítico y sistemático que
busca analizar la eficacia, eficiencia, relevancia, impacto y sostenibilidad de
intervenciones y políticas diseñadas para abordar problemáticas sociales
específicas.
Definición de Objetivos y Metas Claras:
• Establecer objetivos y metas específicas y medibles antes de implementar
un programa social.
• Clarificar los resultados esperados para facilitar la evaluación posterior.
Indicadores de Desempeño:
• Identificar indicadores cuantificables que reflejen el desempeño del
programa.
• Establecer líneas de base para medir cambios a lo largo del tiempo.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 48
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Diseño de Investigación:
• Seleccionar metodologías de investigación apropiadas para recopilar
datos cuantitativos y cualitativos.
• Considerar enfoques experimentales, cuasiexperimentales y estudios de
caso según la naturaleza del programa.
Participación de Stakeholders:
• Involucrar a todas las partes interesadas, incluidos beneficiarios,
comunidades afectadas, expertos y responsables de la toma de
decisiones.
• Incorporar perspectivas diversas para obtener una imagen completa.
Análisis Costo-Beneficio:
• Evaluar los costos financieros y beneficios sociales del programa.
• Comparar los recursos invertidos con los resultados y beneficios
obtenidos.
Evaluación Formativa y Sumativa:
• La evaluación formativa se realiza durante el desarrollo del programa para
realizar ajustes continuos.
• La evaluación sumativa se realiza al final para determinar el impacto
general del programa.
Monitoreo Continuo:
• Implementar sistemas de monitoreo continuo para supervisar la
implementación del programa en tiempo real.
• Detectar posibles desviaciones o problemas a medida que surgen.
Adaptabilidad y Flexibilidad:
• Diseñar programas con la capacidad de adaptarse a cambios en las
circunstancias o necesidades de la población objetivo.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 49
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
• Ser flexible en la implementación según los resultados y lecciones
aprendidas.
Evaluación de Procesos:
• Evaluar no solo los resultados finales, sino también los procesos internos
de implementación.
• Identificar posibles cuellos de botella, desafíos operativos y áreas de
mejora.
Medición del Impacto Social:
• Analizar el impacto social a largo plazo del programa en la comunidad.
• Considerar efectos indirectos y sostenibilidad de los cambios logrados.
Ética en la Evaluación:
• Garantizar la privacidad y confidencialidad de la información recopilada.
• Abordar cualquier impacto negativo no intencionado del programa en los
participantes.
Comunicación de Resultados:
• Comunicar de manera clara y accesible los resultados de la evaluación a
todas las partes interesadas.
• Utilizar hallazgos para mejorar la toma de decisiones y la planificación
futura.
Aprendizaje Organizacional:
• Fomentar un enfoque de aprendizaje continuo dentro de la organización
que implementa el programa.
• Aprovechar las lecciones aprendidas para mejorar futuras intervenciones.
Incorporación de Tecnología:
• Utilizar herramientas tecnológicas para recopilar, analizar y gestionar
datos de manera eficiente.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 50
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
• Implementar sistemas de información para facilitar la toma de decisiones
basada en evidencia.
Evaluación Participativa:
• Incluir a la comunidad y a los beneficiarios en el proceso de evaluación.
• Fomentar la participación activa para asegurar la relevancia cultural y
contextual del programa.
Comparaciones con Grupos de Control:
• Donde sea posible, establecer grupos de control para comparar el impacto
del programa con situaciones sin intervención.
• Facilitar la atribución de resultados al programa específico.
Evaluación a Largo Plazo:
• Considerar la sostenibilidad y el impacto a largo plazo de los resultados.
• Evaluar la durabilidad de los cambios logrados por el programa.
Revisión por Pares:
• Someter los resultados de la evaluación a revisión por pares externos para
garantizar la validez y fiabilidad.
• Incorporar retroalimentación independiente para mejorar la calidad de la
evaluación.
La evaluación de programas sociales es esencial para garantizar la efectividad y
el impacto positivo en las comunidades. Adoptar un enfoque holístico, ético y
participativo contribuye a maximizar los beneficios y a aprender de manera
continua para futuras iniciativas.
f) Análisis de Perfiles Criminales:
El análisis de perfiles criminales es una disciplina criminológica que busca
entender y categorizar el comportamiento delictivo mediante la identificación de
patrones, características y tendencias específicas asociadas a los perpetradores
de crímenes.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 51
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Definición del Análisis de Perfiles Criminales:
• Es una técnica criminológica que utiliza la información recopilada de los
crímenes para elaborar un perfil psicológico y conductual del posible
delincuente.
Historia y Evolución:
• Explorar el desarrollo histórico del análisis de perfiles criminales desde
sus inicios hasta su evolución actual, destacando hitos y avances
significativos.
Metodologías Utilizadas:
• Examinar las diferentes metodologías y enfoques empleados en el
análisis de perfiles criminales, como el Método Inductivo, Deductivo,
Geográfico, y el enfoque de la Escena del Crimen.
Fuentes de Datos:
• Identificar las fuentes de datos cruciales para el análisis, incluyendo
informes policiales, autopsias, testimonios y cualquier otra información
relevante.
Tipos de Perfiles:
• Analizar los diversos tipos de perfiles criminales, como el perfil geográfico,
que se centra en la ubicación de los crímenes, y el perfil psicológico, que
se enfoca en las características mentales del delincuente.
Rol del Profiler:
• Explorar el papel del analista de perfiles criminales (profiler), incluyendo
sus habilidades, formación, ética y la interacción con las fuerzas del orden.
Aplicaciones Prácticas:
• Destacar casos específicos donde el análisis de perfiles criminales ha sido
instrumental en la resolución de crímenes, así como su utilidad en la
prevención del delito.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 52
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Perfilación Criminal en Diferentes Contextos:
• Ampliar sobre cómo la perfilación criminal se aplica en diferentes
contextos delictivos, como asesinatos en serie, crímenes violentos, o
delitos relacionados con la ciberseguridad.
Desafíos y Críticas:
• Abordar los desafíos éticos y críticas asociadas al análisis de perfiles
criminales, incluyendo preocupaciones sobre la precisión y el uso
indebido de la información.
Tecnologías y Avances Recientes:
• Explorar cómo las tecnologías emergentes, como el análisis de big data y
la inteligencia artificial, están influyendo en el campo de la perfilación
criminal.
Colaboración con Otras Disciplinas:
• Analizar cómo el análisis de perfiles criminales se entrelaza con otras
disciplinas, como la psicología forense, la sociología criminal y la
informática forense.
Perfilación Criminal en el Ámbito Judicial:
• Examinar cómo los perfiles criminales son presentados y utilizados como
evidencia en procedimientos legales y juicios.
Perfilación Criminal en el Cine y la Cultura Popular:
• Explorar cómo la perfilación criminal se ha representado en medios de
entretenimiento, cómo ha influido en la cultura popular y qué tan precisa
es esta representación.
Desarrollos Futuros:
• Considerar las tendencias emergentes y las posibles direcciones futuras
del análisis de perfiles criminales, incluyendo avances tecnológicos y
adaptaciones metodológicas.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 53
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Estudios de Caso Significativos:
• Analizar casos específicos, como el caso de Perfil Criminal del Asesino
del Zodiaco o el perfilamiento de criminales en serie famosos, para ilustrar
la aplicación práctica de la técnica.
Ética y Privacidad:
• Abordar cuestiones éticas en torno a la recopilación y el uso de datos en
el análisis de perfiles, así como la protección de la privacidad de los
individuos involucrados.
Al profundizar en estos aspectos, se obtendrá una comprensión más completa
del análisis de perfiles criminales, destacando su impacto en la resolución de
crímenes y su papel en la comprensión de la psicología del delincuente.
g) Diseño de Legislación Penal:
Revisión y Actualización Constante:
• Establecer un proceso sistemático y regular para la revisión y
actualización de la legislación penal, adaptándola a cambios sociales,
tecnológicos y jurídicos.
Enfoque en Derechos Humanos:
• Priorizar un enfoque basado en los derechos humanos en la elaboración
de leyes penales, asegurando el respeto a las libertades fundamentales y
evitando medidas desproporcionadas.
Participación Ciudadana:
• Fomentar la participación ciudadana en el proceso de diseño legislativo,
garantizando la representación de diversos sectores de la sociedad y
promoviendo la legitimidad de las leyes.
Análisis de Impacto:
• Realizar análisis de impacto antes de implementar nuevas leyes penales
para evaluar posibles consecuencias, tanto en términos sociales como
económicos, y garantizar la efectividad de las medidas propuestas.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 54
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Coherencia y Claridad:
• Garantizar la coherencia y claridad en la redacción de las leyes penales
para evitar interpretaciones ambiguas, reducir la posibilidad de litigios y
facilitar la aplicación efectiva por parte de los operadores judiciales.
Adaptación a Realidades Locales:
• Considerar las realidades culturales, sociales y económicas locales al
diseñar legislación penal, reconociendo la diversidad y evitando la
imposición de medidas que no se ajusten a contextos específicos.
Inclusión de Perspectiva de Género:
• Integrar una perspectiva de género en el diseño de leyes penales para
abordar de manera efectiva la violencia de género, la discriminación y
otros problemas relacionados con la equidad de género.
Prevención del Delito:
• Incluir disposiciones orientadas a la prevención del delito, incorporando
medidas que aborden las causas subyacentes y promoviendo enfoques
proactivos para reducir la criminalidad.
Proporcionalidad de Penas:
• Establecer penas proporcionales y justas en relación con la gravedad de
los delitos, evitando sanciones excesivas que puedan conducir a
problemas de hacinamiento en cárceles y a la violación de derechos
fundamentales.
Consideración de Principios Internacionales:
• Tomar en cuenta los principios establecidos en tratados y acuerdos
internacionales de derechos humanos al diseñar leyes penales,
asegurando la coherencia con estándares internacionales aceptados.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 55
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Enfoque en Rehabilitación:
• Integrar enfoques de rehabilitación en la legislación penal, promoviendo
programas efectivos de reintegración para individuos condenados con el
objetivo de reducir la reincidencia.
Flexibilidad y Adaptabilidad:
• Diseñar leyes penales que sean flexibles y capaces de adaptarse a
cambios en la sociedad, la tecnología y las dinámicas criminales,
permitiendo ajustes oportunos sin la necesidad de reformas integrales.
Garantías Procesales:
• Asegurar la incorporación de garantías procesales sólidas en la
legislación penal, incluyendo el derecho a un juicio justo, la presunción de
inocencia y el acceso a la defensa legal.
Transparencia Legislativa:
• Promover la transparencia en el proceso legislativo penal, brindando
acceso público a la información y facilitando la comprensión de las leyes
por parte de la sociedad.
Educación sobre la Legislación:
• Desarrollar programas educativos que informen a la población sobre las
leyes penales vigentes, promoviendo la conciencia legal y contribuyendo
a la prevención del delito.
h) Atención a Víctimas:
Servicios de Apoyo Integral:
• Establecer y fortalecer servicios de apoyo integral para las víctimas, que
incluyan asistencia psicológica, asesoramiento legal, atención médica y
apoyo social.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 56
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Protocolos de Atención:
• Desarrollar protocolos claros y efectivos para la atención inmediata a
víctimas, asegurando una respuesta coordinada y eficiente de las
autoridades y organizaciones especializadas.
Acceso a Información:
• Garantizar el acceso de las víctimas a información clara y comprensible
sobre sus derechos, los procesos judiciales y los recursos disponibles
para su apoyo.
Inclusión de Perspectiva de Género:
• Integrar una perspectiva de género en los servicios de atención a víctimas,
reconociendo las distintas formas de violencia de género y
proporcionando respuestas especializadas.
Programas de Protección:
• Implementar programas de protección a víctimas que estén en situaciones
de riesgo, asegurando medidas para salvaguardar su seguridad y
bienestar.
Coordinación Interinstitucional:
• Fomentar la coordinación efectiva entre instituciones gubernamentales,
organizaciones no gubernamentales y servicios comunitarios para brindar
una atención integral y multisectorial.
Empoderamiento de las Víctimas:
• Desarrollar programas que empoderen a las víctimas, brindándoles
herramientas para participar activamente en los procesos judiciales y
recuperar el control sobre sus vidas.
Asesoramiento Legal Especializado:
• Proporcionar asesoramiento legal especializado a las víctimas,
asegurando que comprendan sus derechos, las opciones disponibles y
tengan representación legal si así lo desean.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 57
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Reparación Integral:
• Establecer mecanismos de reparación integral que aborden no solo el
daño material, sino también el emocional y psicológico, contribuyendo a
la recuperación completa de las víctimas.
Programas de Prevención Secundaria:
• Desarrollar programas de prevención secundaria que identifiquen a las
personas en mayor riesgo de convertirse en víctimas y les proporcionen
recursos para evitar la victimización.
Educación Pública:
• Implementar campañas educativas públicas que informen sobre la
prevención de victimización, los recursos disponibles y la importancia de
denunciar para romper el ciclo del silencio.
Apoyo Financiero y Social:
• Facilitar apoyo financiero y social a las víctimas, especialmente en casos
de pérdida de ingresos, para ayudarles a reconstruir sus vidas y reducir
las barreras para denunciar.
Investigación Sensible:
• Promover prácticas de investigación y interrogatorio sensibles hacia las
víctimas, minimizando la victimización secundaria y respetando su
dignidad durante los procesos legales.
Redes de Apoyo Comunitario:
• Fomentar la creación de redes de apoyo comunitario para las víctimas,
involucrando a vecinos, amigos y organizaciones locales en la provisión
de ayuda y solidaridad.
Monitoreo y Evaluación Continua:
• Establecer sistemas de monitoreo y evaluación continua para medir la
efectividad de los servicios de atención a víctimas y realizar mejoras
basadas en evidencia.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 58
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Estas aplicaciones prácticas destacan cómo la criminología puede ser
instrumental en la formulación de políticas, la toma de decisiones judiciales y la
implementación de programas que aborden eficazmente el fenómeno delictivo.
1.1.4.2. Desafíos actuales
En las últimas décadas, la criminología ha ganado una relevancia destacada en
los medios de comunicación. Es evidente que el fenómeno de la criminalidad
atrae a la audiencia, como lo demuestra el éxito de series y documentales
televisivos centrados en asesinos en serie y escenas de crímenes famosas.
Este interés creciente de la ciudadanía lleva a una mayor demanda de
respuestas por parte de los poderes públicos ante la delincuencia de la que se
tiene conocimiento. La Política Criminal, que comprende un conjunto de medidas
jurídicas, sociales y educativas, surge como respuesta y prevención del delito.
La Política Crimina abarcaba desde la seguridad ciudadana hasta los derechos
de sospechosos y procesados, el sistema de justicia penal y el modelo de justicia
juvenil.
Considerando que el término "Política Criminal" fue acuñado por primera vez en
el siglo XVIII por Kleinschrod, definiéndolo como el "conocimiento de aquellos
medios que el legislador puede encontrar para impedir los delitos y proteger el
Derecho natural de sus súbditos". En la actualidad, en un Estado democrático
de derecho, la prevención del delito se convierte en el objetivo primordial de la
política criminal, siempre limitado por el respeto a los derechos fundamentales.
Es esencial que la Política Criminal se apoye en la investigación criminológica
para proponer programas de prevención y reincidencia que vayan más allá de la
intervención del Derecho Penal, incorporando medidas sociales y educativas.
La prevención situacional, centrada en la seguridad del entorno físico y virtual
(ciberespacio en el caso de la cibercriminalidad), y la prevención social, enfocada
en las condiciones de vida en entornos específicos, son modelos de prevención
de la criminalidad. En un Estado social y democrático de derecho, se reconoce
que el delito es tanto un problema jurídico como social, y la política criminal utiliza
enfoques reactivos cuando las políticas sociales proactivas no han tenido éxito.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 59
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
Un ejemplo exitoso de política criminal se evidencia en Ecuador, que ha logrado
reducir significativamente los homicidios violentos, siendo el segundo país de
América Latina con menos homicidios después de Chile. Este éxito se atribuye
al programa de control de armas y la mejora en recursos técnicos y humanos.
La lucha contra la criminalidad organizada, especialmente en países como
Ecuador, que se encuentra entre dos grandes productores de cocaína (Colombia
y Perú), requiere una política criminal conjunta entre los países productores y los
de tránsito o venta de drogas.
Hace no mucho tiempo atrás, el Ecuador, manejaba el Plan Nacional de
Seguridad Integral el que supuestamente ha contribuido a la disminución de
homicidios violentos en Quito, y a pesar que una buena política criminal puede
brindar resultados óptimos, no siempre ha sido asi, pues lo único que se ha
hecho es maquillar una realidad, que acaece a la sociedad en inseguridad.
Ante esto existen diversos desafíos, entre los cuales está acercarnos más a la
ciencia, específicamente a la investigación científica, ya sea básica o aplicada.
Este enfoque nos permitirá generar nuevos conocimientos que sean útiles para
comprender a fondo los fenómenos de interés dentro del objeto de estudio de la
criminología. Es esencial reconocer que, al considerar nuestra área como una
ciencia, la actividad central debe ser la producción de conocimiento científico,
evitando quedarnos simplemente en declaraciones de pasión por la criminología,
sin respaldo científico.
Un segundo desafío crucial consiste en aprender a diferenciar entre el
conocimiento auténtico y aquel que no lo es. Observamos con cierta vergüenza
que en nuestro campo existe una gran apertura hacia las pseudociencias, que
pretenden pasar como ciencia pero presentan problemas metodológicos y
epistemológicos graves, y han sido refutadas en múltiples ocasiones. Abordar
esta problemática es fundamental y se planea compartir material al respecto para
combatirla.
La sistematización del conocimiento es otro desafío clave. Aunque ha sido
fundamental en la construcción de la criminología, es necesario reconocer que
no se ha continuado o aplicado de manera adecuada. La idea es integrar
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 60
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
adecuadamente el conocimiento científico de otras disciplinas al cuerpo de la
criminología, mejorando así todo el proceso de desarrollo.
La aplicación efectiva de la criminología en las sociedades actuales es esencial
para combatir la creciente violencia. Sin embargo, esta aplicación debe basarse
en investigaciones aplicadas previas que aborden a fondo el fenómeno que se
pretende controlar.
Superar la barrera del escaso apoyo institucional es un desafío adicional. Con
un mayor respaldo, la criminología podría despegar y avanzar, siempre y cuando
se cumplan los criterios de cientificidad, evitando posturas posmodernistas,
anticientíficas y pseudocientíficas.
1.2. Conclusiones del capítulo
En conclusión, el capítulo sobre criminología aborda de manera integral la
definición y evolución de esta disciplina, analizando las perspectivas históricas
que han dado forma a su desarrollo. Desde la era moderna, se han gestado
diversas teorías criminológicas que han buscado comprender las causas y
consecuencias del delito.
La intersección entre la criminología y la justicia penal destaca la importancia de
esta disciplina en la formulación de políticas y estrategias para abordar el
fenómeno delictivo.
A lo largo de la historia, la criminología ha evolucionado desde enfoques más
clásicos hasta perspectivas contemporáneas, como la criminología situacional,
el realismo de izquierda y la criminología libertaria. Estas teorías ofrecen distintas
formas de comprender y abordar el crimen, desde enfoques centrados en el
individuo hasta aquellos que destacan las dimensiones sociales y estructurales.
La conexión entre la criminología y la justicia penal destaca la importancia de
aplicar los conocimientos criminológicos en la toma de decisiones judiciales y en
la implementación de políticas públicas. Sin embargo, la criminología también
enfrenta desafíos, como la necesidad de adaptarse a la complejidad de la
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 61
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
sociedad contemporánea, la búsqueda de enfoques más efectivos para prevenir
el delito y la continua reflexión sobre la justicia penal y su impacto en la sociedad.
El estudio de la criminología abarca un amplio espectro, desde su definición y
evolución hasta las teorías criminológicas que han surgido a lo largo del tiempo.
La intersección con la justicia penal resalta la relevancia de la criminología en la
formulación de estrategias efectivas para abordar el crimen.
A pesar de los desafíos, la criminología continúa siendo una disciplina crucial en
la comprensión y abordaje de las complejidades del fenómeno delictivo en la
sociedad moderna.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 62
Capítulo I:
Fundamentos teóricos
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
Capítulo II: Política Criminal para una Justicia
Renovada Criminología
02
Política Criminal para
una Justicia Renovada
Criminología
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
Política Criminal para una Justicia Renovada
Criminología
2.1. Política Criminal: Definición y principios
Se pueden rescatar elementos clave de la literatura en relación con la política
criminal, como señala Alberto Binder al considerarla una forma de violencia
estatal organizada. Desde la perspectiva de Díez Ripollés, se la describe como
una especie de política pública, mientras que Alessandro Baratta, desde un
enfoque crítico, destaca su papel en la prevención y reacción del delito. Según
Daniel Escobar, la política criminal es una respuesta a comportamientos
desviados.
Estas definiciones subrayan que la política criminal aborda comportamientos
socialmente reprochables mediante diversas medidas, como sociales, jurídicas
y culturales. Aunque se menciona la prevención como parte de la política
criminal, no queda claro conceptualmente cómo se articulan las respuestas
preventivas dentro de esta política en comparación con otros sectores
administrativos como salud, educación y cultura.
Se podría proponer que la diferenciación entre una política social y una política
criminal radica en los criterios ideológicos establecidos para su definición.
Además, surge la pregunta de si la política criminal es una herramienta para
garantizar derechos.
A pesar de estas definiciones amplias, la dimensión penal de la política criminal
se centra en conflictos sociales considerados de mayor relevancia, y el legislador
elige los medios para enfrentarlos durante el proceso de criminalización de
conductas.
Aunque se reconoce que la política criminal es una especie de política pública,
su definición se ve dificultada por las estructuras del Estado y los sistemas
jurídicos y políticos. Las tradiciones vinculadas al ámbito penal se desarrollaron
en el sistema jurídico continental, mientras que la política pública proviene de
una tradición anglosajona. A pesar de estas diferencias, se busca acercar estas
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 66
Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
tradiciones y comprender cómo los diversos actores implementan la política
criminal.
Desde esta perspectiva, se puede anticipar que la definición de política criminal
se ve influenciada por tres categorías: el objeto de intervención, los medios
seleccionados y los fines perseguidos. El objeto de intervención está
determinado por lo criminal o contravencional, y es esencial establecer límites
con otras políticas orientadas a la satisfacción de derechos. En cuanto a los
medios, la política criminal puede involucrar respuestas variadas, desde
sanciones penales hasta medidas alternativas y programas de prevención.
En última instancia, los objetivos perseguidos por la política criminal, al igual que
los medios utilizados, se ven influenciados por criterios políticos y axiológicos
que determinan el resultado buscado con la intervención. Dentro de los fines,
existen diversas alternativas que no necesariamente se excluyen entre sí, como
la retribución, la inclusión social, la prevención, la resolución del conflicto, la
reconstrucción del tejido social, la reintegración social del condenado, la
administración del crimen y de la venganza, entre otros.
Desde la perspectiva analítica y operativa del Observatorio de Política Criminal,
se ha llegado al consenso de que la definición de problemas debe centrarse en
el elemento criminal. En el proceso de criminalización primaria, el Estado
propone estrategias para abordar los conflictos sociales, definiendo así el ámbito
de la política criminal. En este enfoque, se identifican tres subconjuntos
relevantes: la política penal, la política de administración de justicia penal y las
políticas penitenciarias o de ejecución de sanciones. El análisis, seguimiento y
evaluación de la política criminal comprenden:
• Los comportamientos criminalizados, no como datos naturales, sino como
fenómenos en constante transformación definidos por el Estado.
• Estudio de hechos no criminalizados pero relevantes en el contexto
criminal.
• Análisis de la política para comprender su impacto en los fenómenos y el
contexto social.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 67
Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
Estos procesos están atravesados por los niveles de criminalización (primaria,
secundaria y terciaria) y el ciclo de política (diagnóstico, definición del problema,
búsqueda de respuestas, implementación, seguimiento y evaluación),
coincidiendo entre sí y permitiendo entender el concepto de política criminal
como algo en constante movimiento.
Se propone el concepto de política criminal como una especie de política pública
que se enfoca en comportamientos criminalizados, ofreciendo un amplio
catálogo de medidas y fines basados en consideraciones éticas y políticas. Esta
política criminal debe ser vista como prescriptiva y su objeto puede variar según
diversas consideraciones sociales.
La Política Criminal se define como una estrategia jurídica y social que se
fundamenta en elecciones ideológicas y tiene como objetivo abordar de manera
pragmática los problemas vinculados a la prevención y represión del fenómeno
criminal en su totalidad. Con este propósito, la Política Criminal involucra a
diversas disciplinas, incluyendo ciencias penales, penitenciarias, policiales y el
sistema jurisdiccional punitivo del Estado, así como todas las políticas de
intervención social de control (Azaola y Torres, 2009).
En este contexto, varios países han adoptado una Política Criminal que coloca
la pena privativa de la libertad como el instrumento principal para reducir la tasa
de criminalidad. Sin embargo, diversos estudios han revelado que esta política
ha llevado al encarcelamiento masivo de individuos, sin generar los resultados
esperados (Berti, 2017). Es importante tener en cuenta que la criminalidad es un
fenómeno global al que todos los estados se enfrentan con diferentes niveles de
éxito.
Dado el desafío mundial que implica la lucha contra la criminalidad, el objetivo
principal de este trabajo es desarrollar los elementos esenciales de la Política
Criminal y la seguridad ciudadana.
2.1.1. Principios de la política criminal
La orientación de la política criminal debe regirse por principios que aseguren su
aplicación eficaz. La existencia de un estado de cosas inconstitucional en el
Sistema Penitenciario y Carcelario ha sido establecida, y entre las causas
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 68
Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
identificadas por la Corte se destaca que la política criminal colombiana es
reactiva, carece de fundamento empírico, tiende al endurecimiento punitivo,
carece de reflexión, es inestable, inconsciente, volátil y subordinada a las
políticas de seguridad.
El propósito de la Política Criminal es establecer directrices que aborden las
preocupaciones de la Corte Constitucional, transformando la política criminal de
ser una causa del estado de cosas inconstitucional a ser el principal vector para
resolverlo.
2.1.1.1. Proporcionalidad
La proporcionalidad en la política criminal constituye un principio fundamental
que busca garantizar que las intervenciones estatales para prevenir y reprimir el
fenómeno criminal sean equitativas, necesarias y adecuadas en relación con los
objetivos perseguidos por el Estado. Este principio, arraigado en la concepción
de un Estado de Derecho, impone límites claros y definidos a la actuación del
sistema penal, asegurando que las medidas adoptadas no sean ni excesivas ni
insuficientes, y estén debidamente justificadas en función de los valores y
derechos constitucionales.
Adecuación: La adecuación en la política criminal se refiere a la idoneidad y
pertinencia de las medidas adoptadas para abordar las conductas delictivas y
alcanzar los fines estatales. Las estrategias y sanciones deben ser
seleccionadas de manera que sean eficaces para el logro de los objetivos
perseguidos, considerando la naturaleza y gravedad de los delitos en cuestión.
Necesidad: La necesidad en la política criminal exige que las medidas
adoptadas sean indispensables para alcanzar los objetivos deseados, sin recurrir
a intervenciones más gravosas de lo necesario. Este principio implica la
obligación de explorar y seleccionar alternativas menos restrictivas de derechos
antes de recurrir a medidas más intrusivas, salvaguardando así los derechos
fundamentales de los individuos.
Proporcionalidad en Sentido Estricto: La proporcionalidad en sentido estricto
implica un equilibrio justo entre los beneficios esperados de una medida y los
sacrificios o afectaciones a los derechos fundamentales que puede generar. Es
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 69
Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
esencial evaluar cuidadosamente si la magnitud de la intervención estatal se
ajusta de manera equitativa a la gravedad del delito y a la necesidad de proteger
la sociedad.
Respeto a las Prohibiciones Constitucionales: El respeto a las prohibiciones
constitucionales de exceso y defecto es esencial para garantizar que las medidas
adoptadas no vayan más allá de lo necesario ni se queden cortas en la
protección de los derechos fundamentales. Esta consideración evita tanto el
autoritarismo estatal como la ineficacia en la respuesta a la criminalidad.
Principio de Última Ratio: La proporcionalidad se relaciona directamente con
el principio de última ratio, que establece que las medidas punitivas deben ser el
último recurso, aplicándose solo cuando otras alternativas menos intrusivas no
hayan sido efectivas. Este principio subraya la importancia de considerar
opciones menos restrictivas, como la prevención, la rehabilitación y la
reinserción, antes de recurrir a sanciones penales.
La aplicación adecuada de la proporcionalidad en la política criminal implica un
análisis cuidadoso y equitativo de cada situación, buscando un equilibrio entre la
protección de la sociedad y la preservación de los derechos individuales. Este
enfoque garantiza que las intervenciones estatales sean justas, proporcionadas
y coherentes con los principios fundamentales de un Estado de Derecho
2.1.1.2. Coherencia:
La coherencia en la política criminal es un principio esencial que busca asegurar
la armonía y la consistencia en todas las respuestas adoptadas por el Estado
para abordar conductas reprochables y salvaguardar los intereses
fundamentales y derechos constitucionales. Este principio se extiende a través
de diversos ámbitos, incluyendo aspectos jurídicos, culturales, tecnológicos y
educativos, y su aplicación integral es crucial para evitar desarticulaciones
estructurales del Estado. A continuación, se amplían los elementos clave de este
principio:
Visión Integral: La coherencia en la política criminal implica adoptar una visión
integral y unificada de todas las respuestas estatales ante las conductas
reprochables. Esta perspectiva considera que la política criminal no se limita
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 70
Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
únicamente al sistema penal, sino que abarca una variedad de sectores, como
la educación, la cultura, la tecnología y otros ámbitos sociales.
Interconexión de Ámbitos: Dado que la política criminal puede involucrar
medidas de diversa índole, es esencial que estas estén interconectadas y se
complementen entre sí. Las estrategias jurídicas deben alinearse con las
acciones culturales, educativas y tecnológicas para formar un frente integral y
coherente contra la criminalidad.
Evitar Desarticulaciones Estructurales: La falta de coherencia podría conducir
a desarticulaciones estructurales en la política criminal, donde las diferentes
respuestas adoptadas por el Estado no están alineadas y pueden incluso
contradecirse. Esta falta de coherencia podría debilitar la eficacia global de la
política criminal y minar la confianza en las instituciones estatales.
Modificaciones al Sistema Penal para Niños, Niñas y Adolescentes: Se
destaca la importancia de mantener una coherencia especialmente cuidadosa al
realizar modificaciones que afecten el Sistema Penal para niños, niñas y
adolescentes. Este sector merece una atención especial, garantizando que las
medidas adoptadas estén alineadas con los principios de protección integral y
respeto a los derechos de la infancia.
Evaluación de Impacto: Para mantener la coherencia, es crucial llevar a cabo
evaluaciones de impacto cuando se implementan cambios en la política criminal.
Estas evaluaciones deben analizar cómo las modificaciones afectan cada área
involucrada, asegurando que no haya conflictos o contradicciones en la
aplicación de las medidas.
Adaptabilidad a Cambios Sociales: La coherencia no implica rigidez; más bien,
debe ser adaptable a los cambios sociales, culturales y tecnológicos. La política
criminal debe evolucionar de manera coherente con las transformaciones en la
sociedad, asegurando que las respuestas sean pertinentes y eficaces en
contextos cambiantes.
Enfoque Holístico: La coherencia aboga por un enfoque holístico, reconociendo
que la prevención y el abordaje de la criminalidad requieren esfuerzos
concertados en múltiples frentes. Las políticas culturales, educativas y
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 71
Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
tecnológicas deben formar parte integral de la estrategia general, trabajando de
la mano con las medidas jurídicas.
La coherencia en la política criminal es esencial para construir un sistema integral
y efectivo que responda de manera unificada a los desafíos asociados con la
criminalidad, garantizando la protección de derechos fundamentales y
promoviendo la seguridad ciudadana de manera equitativa y justa.
2.1.1.3. Previsión
La previsión y la evaluación de consecuencias en la política criminal son
aspectos cruciales para garantizar la efectividad y la sostenibilidad de las
medidas adoptadas por el Estado en el abordaje de conductas reprochables.
Estos procesos van más allá de la simple toma de decisiones, abordando el
análisis de impactos tanto internos como externos a fin de evitar efectos no
deseados y promover una gestión eficiente de recursos. A continuación, se
profundiza en estos elementos clave:
Análisis de Consecuencias Internas: Impacto en el Sistema Penitenciario: Se
debe realizar un análisis exhaustivo del posible impacto de las medidas en el
sistema penitenciario. Esto incluye evaluar la capacidad de las instalaciones, el
efecto en la población carcelaria y las posibles repercusiones en la seguridad y
rehabilitación de los reclusos.
Costos Presupuestales: La adopción de nuevas medidas implica evaluaciones
financieras detalladas. Se deben analizar los costos presupuestales asociados,
considerando la asignación de recursos para implementar y mantener las
políticas, así como el impacto a largo plazo en las finanzas públicas.
Coordinación Efectiva: Se debe evitar la creación de instancias de
coordinación redundantes que podrían generar burocracia innecesaria. En
cambio, se debe fortalecer y dotar de legitimidad a las instancias de coordinación
ya existentes, fomentando la colaboración efectiva entre diferentes entidades
gubernamentales, organizaciones y actores relevantes.
Involucramiento de la Sociedad Civil: La previsión también implica considerar
la opinión de la sociedad civil y garantizar la participación ciudadana en la toma
de decisiones relacionadas con la política criminal. La legitimidad de las medidas
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 72
Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
aumenta cuando se incorporan perspectivas diversas y se fomenta un diálogo
abierto.
Efectos en Comunidades y Grupos Vulnerables: Las medidas adoptadas
deben ser evaluadas en términos de su impacto social, especialmente en
comunidades y grupos vulnerables. Es esencial considerar si las políticas
podrían tener efectos desproporcionados o contribuir a la discriminación,
buscando siempre garantizar la equidad.
Establecimiento de Metas Medibles: Antes de implementar una medida, se
debe establecer claramente qué resultados se esperan lograr. Estas metas
deben ser medibles y evaluar si la intervención ha alcanzado los objetivos
propuestos, permitiendo ajustes o modificaciones según sea necesario.
Seguimiento y Evaluación Periódica: La previsión implica un compromiso
continuo de seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas. Este proceso
permite ajustar las políticas según la evidencia empírica y garantiza la
adaptabilidad de la política criminal a medida que evolucionan las circunstancias.
Identificación y Mitigación de Riesgos: Es fundamental realizar evaluaciones
de riesgos asociados a las medidas propuestas. Esto implica identificar posibles
desafíos, conflictos o efectos no deseados y desarrollar estrategias para mitigar
estos riesgos, asegurando una implementación más efectiva y segura.
La previsión y evaluación de consecuencias en la política criminal representan
un enfoque proactivo y responsable que busca maximizar los beneficios y
minimizar los riesgos asociados con las intervenciones estatales. Este proceso
contribuye a la toma de decisiones informada, la transparencia y la rendición de
cuentas en la gestión de la criminalidad y la justicia penal.
2.1.1.4. Prohibición del Derecho Penal Simbólico y del
Populismo Punitivo
La prohibición del derecho penal simbólico y del populismo punitivo representa
un principio esencial en la formulación y aplicación de la política criminal. Al
centrarse en la necesidad de evitar acciones meramente simbólicas o
políticamente motivadas, este enfoque promueve la coherencia,
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales. A continuación, se
detallan aspectos clave para ampliar este tema:
Derecho Penal Simbólico: Se refiere a la adopción de medidas legales o
penales que, más allá de su eficacia real en la prevención del delito, buscan
principalmente enviar un mensaje simbólico a la sociedad. Estas medidas
pueden carecer de justificación sustantiva y estar motivadas por consideraciones
políticas o populistas.
Populismo Punitivo: Este fenómeno implica la adopción de políticas penales
que buscan obtener apoyo popular mediante el uso excesivo de medidas
represivas, a menudo sin considerar su eficacia real en la reducción del crimen.
Se basa en discursos que apelan a la percepción de seguridad sin un respaldo
sustantivo.
Efectividad y Justificación: Toda medida penal debe fundamentarse en su
efectividad real para prevenir o abordar conductas delictivas. La prohibición del
derecho penal simbólico implica que las acciones adoptadas deben tener un
respaldo sustantivo y no limitarse a generar una percepción de acción.
Protección de Derechos Fundamentales: Las medidas adoptadas bajo la
política criminal deben respetar y proteger los derechos fundamentales. La
prohibición del populismo punitivo asegura que las acciones no comprometan
derechos individuales en aras de objetivos políticos o populares.
Preservación de la Confianza: La prohibición de adoptar medidas simbólicas
contribuye a mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema penal y en la
efectividad de las políticas adoptadas. La confianza se ve amenazada cuando
las acciones parecen más motivadas por consideraciones políticas que por la
protección real de la sociedad.
Estigmatización y Discriminación: El derecho penal simbólico puede llevar a
la estigmatización de ciertos grupos o individuos, mientras que el populismo
punitivo puede contribuir a la adopción de medidas discriminatorias. La
prohibición busca prevenir estos riesgos y promover un enfoque más equitativo
y justo.
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
Incorporación de Perspectivas Diversas: La prohibición del derecho penal
simbólico y del populismo punitivo fomenta el diálogo y la participación ciudadana
en la definición de políticas criminales. La diversidad de perspectivas contribuye
a la toma de decisiones informada y evita medidas unilaterales basadas en
consideraciones políticas momentáneas.
Enfoque en Estrategias Educativas y Preventivas: La política criminal debe
priorizar estrategias educativas y preventivas que aborden las causas
subyacentes del delito. La prohibición del populismo punitivo destaca la
importancia de acciones sostenibles y basadas en evidencia para lograr cambios
duraderos en la sociedad.
Información Clara y Accesible: Para evitar el derecho penal simbólico, es
esencial que la información sobre las medidas adoptadas sea clara y accesible
para la ciudadanía. La transparencia contribuye a la rendición de cuentas y
permite evaluar la efectividad real de las políticas implementadas.
La prohibición del derecho penal simbólico y del populismo punitivo se erige
como un baluarte fundamental para garantizar que las políticas criminales sean
coherentes, efectivas y respetuosas de los derechos fundamentales,
contribuyendo así a la construcción de un sistema penal equitativo y confiable.
2.1.1.5. Evidencia Empírica:
La consideración de la evidencia empírica en la política criminal representa un
pilar fundamental para garantizar la eficacia, la justicia y la legitimidad de las
medidas adoptadas. Al incorporar un enfoque basado en la evidencia, se busca
establecer políticas y prácticas que estén respaldadas por datos concretos y
análisis rigurosos. A continuación, se detallan aspectos clave para ampliar este
tema:
Datos y Resultados Medibles: La evidencia empírica se refiere a la utilización
de datos y resultados medibles para respaldar la adopción de medidas en el
ámbito de la política criminal. Esto implica un enfoque científico y objetivo para
evaluar la eficacia y las consecuencias de las intervenciones.
Evitar Decisiones Arbitrarias: La justificación empírica asegura que las
decisiones en materia de política criminal no sean arbitrarias ni basadas
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 75
Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
únicamente en percepciones subjetivas. La necesidad de una justificación fáctica
impide la adopción de medidas sin un respaldo sustentado en pruebas concretas.
Evaluación de Impacto: Cualquier prohibición penal, reducción de beneficios o
aumento punitivo debe someterse a una evaluación de impacto basada en
evidencia. Esto implica analizar cómo dichas medidas afectarán los índices de
criminalidad, la reincidencia y otros factores relevantes antes de su
implementación.
Consecuencias Inesperadas: La falta de justificación fáctica puede conducir a
la adopción de medidas con consecuencias inesperadas y no deseadas. La
evidencia empírica actúa como un mecanismo preventivo al identificar posibles
riesgos antes de la implementación de nuevas políticas.
Impacto en la Protección de Derechos: La evidencia empírica también se
relaciona con la protección de derechos fundamentales. Al respaldar las políticas
con datos objetivos, se asegura que las medidas adoptadas no comprometan
indebidamente los derechos individuales de los ciudadanos.
Prevención Basada en Datos: La evidencia empírica no solo respalda la
adopción de medidas correctivas, sino que también guía las estrategias
preventivas. Analizar datos sobre las causas del delito permite diseñar
intervenciones más efectivas para abordar las raíces del comportamiento
delictivo.
Colaboración entre Disciplinas: La obtención de evidencia empírica implica a
menudo la colaboración entre diversas disciplinas, incluidas la criminología, la
sociología, la psicología y la estadística. Esta interdisciplinariedad fortalece la
calidad de la investigación y amplía la comprensión de los fenómenos criminales.
Acceso a Información: La evidencia empírica debe ser transparente y accesible
para la ciudadanía. Fomentar la participación ciudadana en la revisión y
evaluación de datos contribuye a la rendición de cuentas y fortalece la legitimidad
de las decisiones políticas.
Formación de Profesionales: La capacidad de recopilar y analizar evidencia
empírica requiere capacitación continua de los profesionales involucrados en la
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 76
Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
formulación de políticas criminales. Esto garantiza un enfoque informado y
actualizado.
Ciclo de Mejora Continua: La política criminal basada en evidencia implica un
enfoque de aprendizaje continuo. La capacidad de adaptarse y ajustar las
medidas según los resultados y las nuevas evidencias contribuye a un ciclo de
mejora continua.
La incorporación de la evidencia empírica en la política criminal fortalece la toma
de decisiones, promoviendo intervenciones más efectivas, justas y alineadas con
los objetivos de seguridad y justicia de la sociedad.
2.1.1.6. Seguridad Jurídica: Pilar Fundamental para la
Estabilidad y Confianza en la Política Criminal
La seguridad jurídica, como principio esencial en el ámbito legal, desempeña un
papel crucial en la efectividad y legitimidad de la política criminal. Este análisis
se enfocará en la importancia de garantizar la seguridad jurídica a través de
prácticas que eviten cambios abruptos e injustificados, fomenten la estabilidad
en la percepción pública y promuevan la coherencia en el desarrollo normativo.
Evitar Cambios Abruptos: La política criminal debe resistirse a la
implementación de cambios legislativos abruptos e injustificados. Introducir
nuevas leyes o modificar existentes sin una justificación clara puede generar
confusión entre los ciudadanos y debilitar la percepción de estabilidad en la
política pública. Un enfoque más gradual y reflexivo en la elaboración y
modificación de leyes contribuye a mantener la confianza en el sistema legal.
Doble Tipificación Punitiva: La doble tipificación punitiva, al penalizar una
conducta bajo múltiples disposiciones legales, puede socavar la seguridad
jurídica. Esto no solo crea confusión en los ciudadanos sobre las consecuencias
legales, sino que también plantea desafíos en términos de proporcionalidad y
aplicación justa de la ley. La política criminal debe evitar esta redundancia
normativa para garantizar claridad y coherencia en el marco legal.
Trámite Paralelo de Iniciativas Legislativas: La coordinación efectiva en el
trámite de iniciativas legislativas similares es esencial para evitar contradicciones
y conflictos normativos. El proceso paralelo de propuestas legislativas similares
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 77
Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
puede generar incertidumbre y afectar la coherencia del sistema legal. La política
criminal debe establecer mecanismos que eviten la duplicación de esfuerzos y
garanticen la revisión exhaustiva antes de la aprobación de nuevas leyes.
Reformas Legales Frecuentes: La estabilidad en la política criminal se ve
amenazada por reformas legales frecuentes y sin una adecuada incorporación
social. Cambios constantes pueden dificultar la comprensión y adaptación de la
sociedad a las nuevas normas, generando inseguridad jurídica. La política
criminal debe adoptar un enfoque equilibrado que permita la evolución normativa
sin comprometer la estabilidad y la aceptación social.
Incorporación Social y Desarrollo Normativo: La seguridad jurídica se
fortalece cuando las leyes se desarrollan de manera coherente con los valores y
necesidades de la sociedad. La política criminal debe fomentar la participación
ciudadana en el proceso legislativo y garantizar que las leyes sean socialmente
aceptadas. La creación de mecanismos para evaluar el impacto social de las
normas propuestas y permitir un desarrollo normativo gradual contribuye a una
mayor estabilidad y aceptación.
La seguridad jurídica es esencial para preservar la confianza en la política
criminal. Evitar cambios abruptos, la doble tipificación punitiva, el trámite paralelo
de iniciativas legislativas similares y reformas legales frecuentes son prácticas
clave. La incorporación social y el desarrollo normativo coherente son
fundamentales para mantener la legitimidad y eficacia del sistema legal,
garantizando así la seguridad jurídica para todos los ciudadanos.
2.1.1.7. Respeto a los Derechos Fundamentales en la Política
Criminal: Garantizando Justicia y Dignidad
El respeto a los derechos fundamentales se erige como pilar fundamental en
cualquier sistema jurídico justo y equitativo. En el ámbito de la política criminal,
es esencial dirigir esfuerzos hacia la promoción y salvaguarda de los derechos
fundamentales de todas las personas involucradas directa o indirectamente en
las medidas adoptadas por el Estado. Este análisis se centrará en la importancia
de este principio para procesados, víctimas, personas pos penadas y la sociedad
en su conjunto.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 78
Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
Promoción Activa de Derechos Fundamentales: La política criminal no solo
debe limitarse a la aplicación de medidas punitivas, sino que también debe
desempeñar un papel activo en la promoción de los derechos fundamentales.
Esto implica no solo respetar pasivamente estos derechos, sino también tomar
medidas proactivas para garantizar su cumplimiento y difusión en todos los
niveles del sistema judicial y penitenciario.
Atención a Diversos Actores: La atención a los derechos fundamentales no
puede ser selectiva. La política criminal debe abordar las necesidades y
protección de diversos actores en el sistema legal, incluyendo procesados,
víctimas y personas pos penadas. Esto implica garantizar un proceso legal justo,
proporcionar apoyo a las víctimas y asegurar que las personas que han cumplido
sus condenas sean reintegradas adecuadamente a la sociedad.
Consideración de Medidas Penales: Al adoptar medidas penales, la política
criminal debe considerar cuidadosamente su impacto en los derechos
fundamentales de los individuos. La proporcionalidad y la adecuación de las
penas deben ser evaluadas para asegurar que se respeten los principios de
justicia y dignidad humana. Las medidas punitivas deben ser herramientas para
la rehabilitación y no para la violación de derechos.
Enfoque de Reinserción Social: El respeto a los derechos fundamentales se
refleja en un enfoque de reinserción social para las personas post penadas. La
política criminal debe implementar programas y políticas que faciliten la
reintegración efectiva de estas personas a la sociedad, garantizando su derecho
a una segunda oportunidad y evitando la perpetuación de estigmatización.
Participación Ciudadana: El respeto a los derechos fundamentales implica una
participación ciudadana activa en la formulación y evaluación de políticas
criminales. La sociedad en general debe tener voz en las decisiones que afectan
directamente a sus derechos y al funcionamiento del sistema legal. La
transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para construir y mantener
la confianza en el sistema.
La política criminal debe ir más allá de la mera imposición de sanciones y
comprometerse activamente en la promoción y respeto de los derechos
fundamentales. Este enfoque no solo garantiza la justicia en el proceso penal,
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 79
Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
sino que también contribuye a la construcción de una sociedad justa, equitativa
y respetuosa de la dignidad humana. El respeto a los derechos fundamentales
debe ser el núcleo de cualquier política criminal que aspire a la legitimidad y
eficacia.
2.1.1.8. Revisión del Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes: Consideraciones en las Modificaciones
Legislativas
Cuando se emprenden iniciativas para modificar los códigos penal y de
procedimiento, así como otras regulaciones vinculadas a la infancia, es
imperativo tener en cuenta los impactos que dichas modificaciones pueden
generar en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).
Este análisis se enfocará en la importancia de considerar cuidadosamente los
efectos potenciales en el SRPA al realizar cambios legislativos relacionados con
la justicia penal juvenil.
Contextualización del SRPA: El SRPA se erige como un componente esencial
del sistema legal, destinado a abordar de manera específica los casos que
involucran a adolescentes en conflictos con la ley. Este sistema reconoce las
particularidades y necesidades de esta población, buscando una justicia que no
solo sea punitiva, sino también orientada a la rehabilitación y reintegración social.
Consideración de las Implicaciones: Antes de proponer modificaciones
legislativas, es esencial evaluar minuciosamente las posibles implicaciones que
estas puedan tener en el SRPA. Esto implica examinar cómo las alteraciones
propuestas podrían afectar los principios fundamentales del sistema, como la
proporcionalidad de las sanciones, el enfoque rehabilitador y la protección de los
derechos fundamentales de los adolescentes.
Alineación con Principios Internacionales: Las reformas deben estar
alineadas con los principios internacionales que rigen los derechos de los niños
y adolescentes, como la Convención sobre los Derechos del Niño. La
consideración de estos estándares asegura que las modificaciones legales no
solo cumplan con las normas nacionales, sino que también respeten los
compromisos internacionales en materia de justicia juvenil.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 80
Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
Enfoque Integral y Multidisciplinario: Es fundamental adoptar un enfoque
integral y multidisciplinario al evaluar cambios legislativos que puedan afectar el
SRPA. La participación de expertos en derecho, psicología, trabajo social y otros
campos relacionados es esencial para comprender completamente las
ramificaciones de las modificaciones propuestas y garantizar que se aborden de
manera holística las necesidades de los adolescentes en el sistema de justicia
penal.
Garantía de Derechos y Protección: Cualquier modificación legislativa debe
garantizar la protección de los derechos fundamentales de los adolescentes
involucrados en el sistema de justicia penal. Esto incluye el derecho a un juicio
justo, la asistencia legal adecuada, la protección contra la violencia y la
discriminación, y la consideración de su interés superior en todas las decisiones
judiciales.
Consulta a Actores Clave: La consulta con actores clave, como defensores de
derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, expertos en justicia
juvenil y representantes del SRPA, es esencial en el proceso de modificación
legislativa. La retroalimentación de estas partes interesadas ayuda a identificar
posibles problemas y a diseñar cambios que fortalezcan, en lugar de debilitar, el
SRPA.
Las iniciativas de modificación legislativa deben ser cuidadosamente
consideradas para evitar impactos negativos en el Sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes. Un enfoque reflexivo y consultas inclusivas con
expertos y partes interesadas garantizarán que las reformas respeten los
principios fundamentales de justicia juvenil y contribuyan a un sistema legal más
equitativo y efectivo para los adolescentes en conflicto con la ley.
2.1.1.9. Prevención del Delito: Estrategias en la Política
Criminal para Reducir la Reincidencia y Promover la
Reinserción
Dentro del marco de la política criminal, es esencial incorporar mecanismos de
prevención destinados a evitar la perpetración de delitos. En este contexto, se
da prioridad a estrategias que no solo buscan reducir la reincidencia, sino que
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
también promueven el tratamiento penitenciario y facilitan la reintegración post
penal. Este análisis se centrará en la importancia de estas medidas preventivas
y su papel crucial en la construcción de un sistema legal más eficaz y orientado
hacia la rehabilitación.
Enfoque Preventivo: La perspectiva preventiva en la política criminal implica
adoptar medidas proactivas para evitar la ocurrencia de delitos. Esta estrategia
va más allá de la respuesta punitiva, centrándose en abordar las causas
subyacentes del comportamiento delictivo y proporcionando intervenciones
oportunas para prevenir la reincidencia.
Priorización de la Reducción de Reincidencia: Una prioridad clave en la
política criminal preventiva es la reducción de la reincidencia. Esto implica
desarrollar programas y políticas penitenciarias que se centren en la
rehabilitación y la corrección del comportamiento del infractor, brindando
oportunidades para el crecimiento personal, la adquisición de habilidades y la
preparación para una reintegración exitosa en la sociedad.
Tratamiento Penitenciario Integral: La política criminal debe abogar por un
enfoque integral en el tratamiento penitenciario, abordando las necesidades
individuales de los infractores. Esto puede incluir programas educativos, de
capacitación laboral, asesoramiento psicológico y servicios de salud mental. La
atención personalizada ayuda a enfrentar las causas subyacentes del
comportamiento delictivo, contribuyendo así a la prevención de futuras
transgresiones.
Reinserción Post penal: La reinserción post penal es un componente crucial de
la estrategia preventiva. La política criminal debe garantizar que los individuos
que han cumplido sus condenas tengan acceso a oportunidades significativas
para reintegrarse a la sociedad de manera positiva. Esto puede implicar apoyo
en la búsqueda de empleo, vivienda estable y programas de seguimiento para
garantizar una transición efectiva.
Enfoque Basado en la Evidencia: La adopción de estrategias preventivas debe
basarse en la evidencia y la investigación. Es fundamental identificar y aplicar
programas probados que hayan demostrado ser eficaces en la reducción de la
reincidencia y la promoción de la reinserción post penal. La evaluación continua
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 82
Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
y la adaptación de las políticas según los resultados son esenciales para un
enfoque exitoso.
Colaboración Interinstitucional: La prevención del delito no puede ser
abordada únicamente por el sistema legal. La colaboración con instituciones
educativas, organizaciones comunitarias y servicios sociales es esencial. Una
estrategia preventiva integral debe abordar las dimensiones sociales y
estructurales que contribuyen al comportamiento delictivo.
La política criminal preventiva, centrada en la reducción de la reincidencia y la
promoción de la reinserción post penal, es esencial para la construcción de un
sistema legal equitativo y orientado hacia la rehabilitación. Este enfoque no solo
contribuye a la seguridad pública, sino que también reconoce la capacidad de
cambio y mejora de los individuos, impulsando la construcción de comunidades
más seguras y resilientes.
2.1.2. Relaciones Interdisciplinarias en el Sistema Penal: Una
Perspectiva Integral
La conexión entre la Criminología, la política criminal, el Derecho penal material,
el derecho procesal penal, y el derecho de ejecución de penas o penitenciario
forma una compleja red de interrelaciones en la ciencia totalizadora del Derecho
Penal. Esta integración se asemeja a una cadena de influencias y procesos que
moldean el funcionamiento del sistema jurídico.
En este contexto, la Criminología despliega su papel proporcionando datos
cruciales sobre la criminalidad, los cuales nutren a la política criminal. La política
criminal, a su vez, se traduce en el Sistema Penal, abarcando el derecho penal
material, el procesal penal, y el derecho penitenciario. Es fundamental
comprender que el discurso político criminal, lejos de emanar directamente del
legislador, proviene del Ejecutivo, que ejerce una influencia significativa en la
legislación penal a través de decisiones de carácter político.
La cadena de influencias implica que las ideologías preponderantes del Ejecutivo
se manifiestan detrás del sistema penal, agregando un matiz político al contenido
de las normas penales, procesales y penitenciarias. Sin embargo, esta relación
compleja no es exenta de conflictos internos.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 83
Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
La decisión política no solo afecta el contenido de la norma penal, sino que cada
componente del sistema penal tiene su propio discurso, generando tensiones
internas y una cierta inestabilidad. Esta dinámica se complica aún más por la
falta de conocimientos específicos del Ejecutivo sobre cómo abordar
eficazmente la criminalidad. El resultado observable de esta interacción es la
superpoblación carcelaria, la criminalización selectiva por motivos políticos y la
contradicción entre la prevención general (sociedad y derecho penal material) y
la prevención especial (derecho penitenciario y de ejecución de penas).
Esta complejidad y contradicción dentro del sistema penal conducen a un
funcionamiento deficiente. La falta de coordinación y coherencia entre sus
componentes provoca disonancias que impactan directamente en su eficacia y
en la búsqueda de sus objetivos.
La aspiración de la "Ciencia Totalizadora del Derecho Penal" es integrar las
metas y herramientas de las ciencias del Derecho Penal, incluyendo la
Criminología y la política Criminal, atravesando todo el espectro desde el
Derecho Penal Material hasta el derecho procesal penal y penitenciario. Aunque
esta visión puede ser atractiva, surge la necesidad de encontrar un punto de
equilibrio donde el sistema no se anule a sí mismo y pueda seguir una línea
coherente en el cumplimiento de su misión.
2.1.2.1. Integración y Funciones de las Ciencias Penales:
Criminología, Política Criminal y Dogmática Penal
Las ciencias penales, como la Criminología, la Política Criminal y la Dogmática
Penal, constituyen elementos fundamentales en el estudio y control de la
criminalidad. Este conjunto de disciplinas busca prevenir, controlar y reducir la
delincuencia de manera coordinada y efectiva.
Criminología: Entendiendo la Realidad Criminal
La Criminología, como disciplina empírica e interdisciplinaria, se dedica al
estudio de la etiología del crimen, abordando aspectos como el infractor, la
víctima, el hecho criminal y el control social. Su función es describir las
características, dinámicas y tendencias del fenómeno criminal, así como analizar
los mecanismos estatales para prevenirlo y controlarlo.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 84
Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
Política Criminal: Estrategias para el Control del Delito
La Política Criminal, considerada un saber científico aplicado, tiene como
objetivo principal desarrollar estrategias sistemáticas y eficaces para el control
del delito a través de la intervención estatal. Valora la información criminológica,
formulando estrategias y acciones para prevenir, controlar y reducir la
criminalidad (García-Pablos, 2008, págs. 1 - 2). Además, asesora al legislador
penal en la evaluación crítica del Derecho Penal vigente, identificando la
necesidad de reformas.
Dogmática Penal: Interpretación de Normas
La Dogmática Penal se enfoca en el estudio de las normas penales vigentes,
interpretándolas para desarrollar una elaboración conceptual abstracta que
facilite su aplicación segura y previsible (Díez Ripollés, 2018). Su función es
analizar la interpretación de las normas formuladas por la política criminal,
asegurando su coherencia y aplicación efectiva en casos concretos.
Interdependencia y Complementariedad
Estas tres ciencias penales mantienen una relación de interdependencia y
complementariedad. La Criminología proporciona información sobre la realidad
del fenómeno delictivo, identificando conductas lesivas. La Política Criminal,
basándose en esta información, emite valoraciones y propuestas de solución o
directrices de acción. Por último, la Dogmática analiza la interpretación de las
normas diseñadas por la política criminal para su aplicación específica.
2.1.2.2. Funciones Específicas de la Política Criminal
Estudio de la Realidad y Prevención del Delito: La política criminal debe
fundamentarse en un sólido conocimiento empírico sobre la etiología y dinámicas
de la criminalidad (Medina, 2003). Esto implica un diálogo constante con la
Criminología para comprender estratégicamente el fenómeno criminal.
Crítica de la Legislación Penal: Realiza un análisis político-criminal riguroso de
las normas penales para identificar aspectos disfuncionales (Díez Ripollés,
2013). Este proceso permite cuestionar aquellas partes de la legislación que no
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
cumplen con los objetivos de protección social y principios fundamentales del
Derecho Penal.
Diseño, Implementación y Evaluación de Programas: La política criminal
debe diseñar programas basados en un diagnóstico sólido, definiendo y
priorizando objetivos y estrategias compatibles con la naturaleza del fenómeno
criminal. Además, debe evaluar la ejecución de dichos programas, verificando su
eficacia y eficiencia, lo que impulsa un proceso continuo de retroalimentación y
reformulación de las políticas de control de la criminalidad.
2.1.3. El Impacto de las Decisiones de Política Criminal en la
Estructura y Desempeño del Sistema Judicial: Una
Evaluación Completa
La relevancia de la política criminal se manifiesta de manera crucial en la
configuración y operación del sistema judicial, ejerciendo una influencia directa
en la administración de justicia y la manera en que se abordan los desafíos
criminológicos. Este impacto puede ser analizado desde diversas perspectivas
con el fin de comprender de qué manera las decisiones y estrategias en materia
de política criminal afectan al sistema judicial.
2.1.3.1. Diseño y Modificación de Normativas Penales: El
Papel de la Criminología en la Política Criminal
La interacción entre la criminología y la política criminal en el diseño y
modificación de normativas penales es esencial para la construcción de un
marco legal que responda de manera efectiva a los desafíos criminológicos de
la sociedad. Este proceso no solo refleja la evolución en la comprensión del
fenómeno criminal, sino que también tiene implicaciones significativas para el
sistema judicial. A continuación, se amplía sobre este tema:
• Análisis Criminológico en la Legislación: La política criminal, al basar sus
decisiones en análisis criminológicos, garantiza una comprensión más
profunda de las causas y dinámicas que subyacen al comportamiento
delictivo. La criminología aporta datos empíricos sobre patrones
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
delictivos, perfiles de delincuentes y factores de riesgo, proporcionando
una base sólida para la toma de decisiones legislativas.
• Desarrollo de Leyes Efectivas: La integración de la criminología en la
política criminal facilita el diseño de leyes más efectivas. Al entender las
motivaciones y circunstancias que rodean a los delitos, se pueden
establecer disposiciones legales que aborden de manera específica y
proporcionada cada tipo de conducta delictiva. Esto contribuye a la
eficacia del sistema judicial al contar con herramientas legales adaptadas
a la complejidad del fenómeno criminal.
• Prevención del Delito: La legislación criminológicamente fundamentada
no solo busca sancionar, sino también prevenir el delito. La criminología
identifica factores de riesgo y áreas de intervención temprana,
permitiendo que la política criminal oriente esfuerzos hacia la prevención,
disuasión y rehabilitación. Este enfoque preventivo impacta positivamente
en la carga de trabajo del sistema judicial al reducir la incidencia delictiva.
• Flexibilidad y Adaptabilidad: La criminología aporta una perspectiva
dinámica al proceso legislativo. Dado que la comprensión del fenómeno
criminal evoluciona, la política criminal puede ajustar y modificar las leyes
de manera oportuna. La flexibilidad y adaptabilidad son esenciales para
enfrentar nuevos desafíos y fenómenos delictivos emergentes,
proporcionando al sistema judicial herramientas actualizadas.
• Protección de Derechos y Justicia Equitativa: Al fundamentar las
normativas penales en la criminología, se promueve la protección de
derechos y la justicia equitativa. La comprensión detallada de las
circunstancias que rodean un delito permite establecer penas
proporcionadas y medidas correctivas que consideran aspectos como la
culpabilidad, la proporcionalidad y la rehabilitación, garantizando un
sistema judicial más justo.
• Participación Interdisciplinaria: La colaboración entre expertos en
criminología y responsables de la política criminal fomenta una
participación interdisciplinaria en la toma de decisiones. Esta sinergia
permite abordar la complejidad del fenómeno criminal desde diversas
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
perspectivas, enriqueciendo el proceso legislativo con conocimientos
especializados y garantizando una respuesta más completa y equilibrada.
2.1.3.2. Carga de Trabajo y Eficiencia Judicial: Implicaciones
de las Decisiones de Política Criminal
La relación entre la política criminal y la carga de trabajo judicial es fundamental
para comprender cómo las decisiones legislativas pueden afectar la eficiencia y
el funcionamiento del sistema judicial. Profundicemos en las dimensiones y
consecuencias de este vínculo:
• Diversidad de Delitos y Sobre penalización: La política criminal, al decidir
qué conductas deben ser penalizadas, puede contribuir a una diversidad
de delitos contemplados en el marco legal. Sin embargo, la sobre
penalización de ciertos comportamientos, ya sea por su frecuencia o
gravedad percibida, puede resultar en una carga de trabajo
desproporcionada para los tribunales. La inclusión excesiva de delitos
puede generar congestionamiento y demoras en los procesos judiciales.
• Complejidad de los Casos: La naturaleza y gravedad de los delitos
penalizados impactan directamente en la complejidad de los casos que
llegan a los tribunales. Delitos más complejos o con mayores
implicaciones requieren procesos judiciales más extensos y detallados.
La política criminal, al influir en la diversidad y gravedad de los delitos,
puede determinar la carga de trabajo al imponer la necesidad de abordar
casos más complejos.
• Necesidad de Recursos: Las decisiones de política criminal que aumentan
la cantidad de delitos penalizados pueden requerir recursos adicionales
para el sistema judicial. Desde personal adicional hasta infraestructuras y
tecnologías avanzadas, la capacidad de los tribunales para gestionar
eficientemente su carga de trabajo depende en gran medida de los
recursos disponibles. La falta de inversión adecuada puede conducir a la
saturación y retrasos en los procedimientos judiciales.
• Acceso a la Justicia y Eficiencia: Una carga de trabajo excesiva puede
afectar negativamente el acceso a la justicia. Tribunales abrumados
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
pueden traducirse en tiempos de espera más largos para la resolución de
casos, lo que impacta directamente en la eficiencia judicial. La lentitud en
la administración de justicia puede tener consecuencias perjudiciales para
las partes involucradas y socavar la confianza en el sistema legal.
• Alternativas a la Pena Tradicional: La política criminal también puede
influir en la carga de trabajo al considerar alternativas a la pena tradicional,
como la mediación o programas de rehabilitación. Enfoques innovadores
que buscan resolver conflictos fuera del sistema judicial formal pueden
aliviar la carga de trabajo al reducir la cantidad de casos que requieren un
proceso judicial completo.
• Impacto en la Eficacia Judicial: La sobrecarga de trabajo judicial puede
comprometer la eficacia del sistema. Tribunales saturados pueden no
tener la capacidad de abordar cada caso de manera exhaustiva y justa.
Esto no solo afecta la prontitud de la justicia, sino que también puede
influir en la calidad de las decisiones judiciales, generando
preocupaciones sobre la equidad y coherencia del sistema.
• Adaptación a Cambios en la Política Criminal: Cambios en la política
criminal, como la despenalización de ciertos delitos o la introducción de
enfoques rehabilitadores, también pueden tener un impacto en la carga
de trabajo. La adaptabilidad del sistema judicial para ajustarse a estas
transformaciones es esencial para mantener la eficiencia y garantizar que
los recursos se asignen de manera estratégica.
La carga de trabajo judicial, influenciada por las decisiones de política criminal,
es un factor crítico en la efectividad y eficiencia del sistema judicial. Un equilibrio
cuidadoso entre la penalización de delitos, la asignación de recursos y la
consideración de alternativas innovadoras es esencial para garantizar que los
tribunales puedan cumplir su función de manera efectiva y oportuna en beneficio
de la justicia y la sociedad en su conjunto.
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
2.1.3.3. Enfoque de Resolución de Conflictos: Explorando
Alternativas a la Pena Convencional
La exploración de alternativas a la pena tradicional es un componente clave de
una política criminal progresista y adaptable. Este enfoque no solo se centra en
la rehabilitación de infractores, sino que también tiene implicaciones
significativas para la carga de trabajo judicial y la eficacia del sistema legal. Así
tenemos:
• Diversidad de Enfoques Innovadores: Una política criminal orientada a la
innovación puede abrir la puerta a una variedad de enfoques alternativos
para abordar el conflicto y la delincuencia. La mediación, la resolución
restaurativa, los programas de tratamiento y rehabilitación, entre otros,
representan estrategias que buscan superar la rigidez de la pena
convencional y proporcionar soluciones más flexibles y centradas en
resultados.
• Impacto en la Rehabilitación de Infractores: La adopción de alternativas a
la pena tradicional refleja un reconocimiento más amplio de la
rehabilitación como objetivo primordial. Estos enfoques buscan abordar
las causas subyacentes del comportamiento delictivo, ofreciendo
programas y recursos que ayuden a los infractores a reintegrarse
positivamente en la sociedad. La rehabilitación se convierte en un
componente esencial de la respuesta penal.
• Descongestión de Tribunales y Agilización de Procesos: La
implementación de métodos alternativos de resolución de conflictos
reduce la carga sobre los tribunales al proporcionar vías fuera del sistema
judicial formal. La mediación y otros procesos similares permiten abordar
disputas de manera más rápida y eficiente, aliviando la presión sobre los
recursos judiciales y acelerando la resolución de casos.
• Enfoque Restaurativo: Muchas de estas alternativas adoptan un enfoque
restaurativo, que se centra en la reparación del daño causado a las
víctimas y la reintegración del infractor en la comunidad. Este cambio de
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
paradigma busca promover la responsabilidad y la reconciliación,
contribuyendo a una justicia más equitativa y colaborativa.
• Participación Activa de las Partes Involucradas: Los métodos alternativos
a menudo implican la participación activa de las partes involucradas,
incluidos los infractores, las víctimas y la comunidad. Esta participación
directa puede tener beneficios significativos al empoderar a las partes
para contribuir a la resolución del conflicto, promoviendo así una mayor
comprensión y aceptación de las decisiones judiciales.
• Prevención de la Reincidencia: La atención a la rehabilitación y la
reintegración social en estos enfoques alternativos no solo busca resolver
conflictos actuales, sino también prevenir la reincidencia. Al abordar las
causas subyacentes del comportamiento delictivo y proporcionar apoyo
continuo, se crea un entorno propicio para evitar futuras infracciones.
• Adaptabilidad a Casos Específicos: La flexibilidad inherente a estos
enfoques permite una adaptación más efectiva a las circunstancias y
necesidades específicas de cada caso. La respuesta penal se vuelve más
personalizada y contextual, respondiendo de manera más precisa a las
complejidades de cada conflicto y delito.
• Fomento de la Confianza en el Sistema Legal: La adopción de alternativas
a la pena convencional puede contribuir a fortalecer la confianza en el
sistema legal. Cuando las personas perciben respuestas más justas,
restaurativas y participativas, es más probable que confíen en la eficacia
y la equidad del sistema judicial.
El enfoque de resolución de conflictos mediante alternativas a la pena tradicional
representa un cambio significativo en la forma en que la sociedad aborda la
delincuencia. Además de abogar por la rehabilitación, estas estrategias ofrecen
soluciones más ágiles y colaborativas, promoviendo una justicia más efectiva y
orientada a resultados.
2.1.3.4. Acceso a la Justicia y Desigualdades Sociales
La relación entre el acceso a la justicia y las disparidades sociales constituye un
elemento fundamental en el análisis de las políticas criminales. Las variables
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
socioeconómicas juegan un papel determinante en establecer cómo los
individuos de diferentes estratos sociales interactúan con el sistema legal. La
falta de abordaje integral de estas desigualdades por parte de las políticas
criminales puede tener consecuencias sustanciales en la equidad y la justicia
dentro del sistema judicial.
• Impacto en el Acceso a la Justicia: Cuando las políticas criminales no
incorporan medidas específicas para contrarrestar las desigualdades
socioeconómicas, se generan brechas en el acceso a la justicia. Aquellos
con recursos económicos limitados enfrentan obstáculos financieros para
asegurar una representación legal adecuada y participar de manera
efectiva en los procedimientos judiciales. Este escenario no solo afecta la
equidad en la aplicación de la ley, sino que también restringe la capacidad
de ciertos grupos para hacer valer sus derechos y obtener un juicio justo.
• Imposición Desproporcionada de Penas: La imposición de sanciones
desproporcionadas, un fenómeno vinculado a la falta de abordaje de las
desigualdades, introduce una capa adicional de injusticia. Cuando las
políticas criminales no consideran de manera cuidadosa las condiciones
socioeconómicas de los infractores, existe el riesgo de que las
consecuencias legales afecten de manera desigual a distintos estratos
sociales. Este escenario puede resultar en condenas más severas para
aquellos con recursos limitados, contribuyendo a la perpetuación de ciclos
de desigualdad y discriminación dentro del sistema de justicia penal.
• Exacerbación de Problemas Sociales: La falta de abordaje de las
desigualdades sociales por parte de las políticas criminales no solo tiene
implicaciones directas en el ámbito legal, sino que también puede
intensificar problemas sociales más amplios. La discriminación y la
injusticia resultantes pueden alimentar la desconfianza en el sistema
judicial, impactando la cohesión social y contribuyendo a la percepción de
que la ley no se aplica de manera equitativa.
En última instancia, el examen de las consideraciones socioeconómicas en las
políticas criminales emerge como esencial para asegurar un acceso a la justicia
equitativo. La adopción de enfoques que aborden activamente las desigualdades
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
sociales no solo fortalecerá la integridad del sistema judicial, sino que también
fomentará una sociedad más justa y equitativa en su totalidad.
2.1.3.5. Desafíos Económicos del Sistema Judicial:
La introducción de nuevas leyes y enfoques dentro del ámbito de la política
criminal plantea desafíos económicos inherentes al sistema judicial. Estos
desafíos pueden manifestarse en la necesidad de contratar personal adicional,
mejorar las instalaciones y asegurar la disponibilidad de tecnologías
actualizadas. Es esencial reconocer que las demandas judiciales que surgen a
raíz de cambios en la legislación a menudo requieren una asignación cuidadosa
de recursos para garantizar la eficiencia y eficacia del sistema.
• Impacto en la Funcionalidad del Sistema Judicial: La insuficiencia de
financiamiento puede incidir directamente en la capacidad del sistema
judicial para cumplir con sus funciones de manera oportuna y eficiente. La
falta de recursos puede resultar en una carga de trabajo abrumadora para
jueces y personal judicial, lo que a su vez puede provocar demoras en los
procedimientos judiciales y afectar la calidad de la administración de
justicia. Asignar recursos insuficientes podría minar la confianza en el
sistema legal y comprometer su habilidad para satisfacer las expectativas
de la sociedad.
• Adopción de Tecnologías Modernas: La implementación de nuevas leyes
y estrategias conlleva la necesidad de adoptar tecnologías modernas para
gestionar los casos judiciales de manera eficiente. Este proceso abarca
desde la implementación de sistemas electrónicos de archivo hasta
plataformas de videoconferencias para audiencias remotas y
herramientas de gestión de casos. La falta de recursos financieros puede
obstaculizar la capacidad del sistema judicial para llevar a cabo estas
actualizaciones necesarias, limitando así su habilidad para adaptarse a
las demandas cambiantes y proporcionar una administración de justicia
efectiva.
• Formación y Desarrollo del Personal: Además de la infraestructura y la
tecnología, la política criminal también puede influir en la necesidad de
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
formación y desarrollo continuo del personal judicial. La introducción de
enfoques innovadores o cambios legislativos puede requerir que el
personal adquiera nuevas habilidades y conocimientos. La falta de
recursos para programas de formación continua podría resultar en un
personal no preparado para abordar eficazmente los desafíos derivados
de las nuevas políticas, comprometiendo así la calidad y la coherencia en
la administración de justicia.
• Demandas Emergentes y Planificación Financiera: Las políticas
criminales deben anticipar y planificar meticulosamente las demandas
emergentes que puedan surgir como consecuencia de cambios
legislativos. Esto implica una evaluación realista de las necesidades
financieras y una asignación estratégica de recursos para garantizar que
el sistema judicial esté listo para afrontar los desafíos sin comprometer su
integridad y eficacia. La falta de previsión financiera puede dar lugar a
situaciones en las que el sistema se ve desbordado, afectando
negativamente la calidad y la equidad en la administración de justicia.
La cuestión del financiamiento y los recursos judiciales es esencial para asegurar
la funcionalidad y eficacia del sistema judicial en el contexto de cambios en la
política criminal. Una asignación adecuada de recursos, respaldada por una
planificación financiera estratégica, es fundamental para abordar los desafíos
que surgen con la implementación de nuevas leyes y enfoques, y garantizar que
el sistema judicial pueda desempeñar su papel crucial de manera justa y
eficiente.
2.1.3.6. Rehabilitación mediante Programas Específicos
La integración de programas de reinserción y rehabilitación en las políticas
criminales se presenta como una estrategia esencial para reformar tanto el
sistema judicial como el penitenciario. Estos programas van más allá de la mera
imposición de sanciones a los infractores, ya que aspiran a abordar las causas
profundas del comportamiento delictivo y facilitar la reintegración exitosa de los
individuos a la sociedad. Este enfoque contribuye de manera directa a la
reducción de la sobrepoblación carcelaria al proporcionar alternativas a la
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
detención prolongada y al promover enfoques más eficaces para abordar la
reincidencia.
• Impacto Tangible en la Población Carcelaria: La implementación eficaz de
programas de reinserción tiene un impacto palpable en la población
penitenciaria al lograr una disminución directa de la misma. Estos
programas, centrados en la rehabilitación y el tratamiento, buscan
transformar a los infractores en miembros productivos y respetuosos de
la ley. La reintegración exitosa a la sociedad no solo contribuye a aliviar
la carga carcelaria, sino que también impulsa un enfoque más compasivo
y orientado a soluciones dentro del sistema de justicia penal.
• Evaluación de la Eficacia del Sistema Judicial en la Reinserción: La
capacidad del sistema judicial para lograr la reintegración efectiva de
infractores se ve directamente influenciada por la adopción y evaluación
constante de programas de reinserción. Un sistema judicial que valora y
respalda estos programas demuestra un compromiso genuino con la
resocialización de los delincuentes, priorizando la prevención de la
reincidencia sobre la mera privación de libertad. La evaluación continua
de la eficacia de estos programas facilita ajustes y mejoras continuas,
asegurando que cumplan su propósito de manera óptima.
• Disminución de Recidivas y Fortalecimiento de la Seguridad Pública: Los
programas de reinserción exitosos no solo reducen la carga carcelaria,
sino que también contribuyen significativamente a fortalecer la seguridad
pública. Al abordar las causas subyacentes del comportamiento delictivo
y equipar a los individuos con las herramientas necesarias para
reintegrarse de manera productiva, se reduce la probabilidad de
reincidencia. Esto no solo beneficia a los infractores a nivel individual, sino
que también contribuye a la creación de comunidades más seguras y
resistentes al disminuir la incidencia de delitos recurrentes.
• Enfoques Innovadores y Cooperación Multidisciplinaria: El desarrollo e
implementación de programas de reinserción efectivos a menudo
demandan enfoques innovadores y la colaboración de diversos
profesionales, incluyendo expertos en salud mental, educadores y
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Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
trabajadores sociales. La multidisciplinariedad en la planificación y
ejecución de estos programas refuerza su impacto y aborda las variadas
necesidades de los infractores. La evaluación constante de estos
enfoques garantiza que se mantengan actualizados y pertinentes en un
entorno en constante evolución.
Las políticas criminales que respaldan programas de reinserción y rehabilitación
no solo buscan imponer castigos a los infractores, sino que también buscan
abordar las causas fundamentales del comportamiento delictivo y facilitar la
reintegración efectiva a la sociedad. Estos programas tienen un impacto directo
en la reducción de la sobrepoblación carcelaria, mejoran la eficacia del sistema
judicial en la rehabilitación y contribuyen a la seguridad pública al reducir las
tasas de reincidencia. La evaluación constante y la adopción de enfoques
innovadores fortalecen su capacidad para cumplir sus objetivos y transformar
positivamente el sistema de justicia penal.
2.1.3.7. Adaptabilidad frente a Transformaciones en la
Sociedad y la Delincuencia
La naturaleza dinámica de la sociedad y la constante evolución de las tendencias
criminales resaltan la importancia de que la política criminal sea intrínsecamente
flexible. Este enfoque implica la necesidad de ajustarse continuamente a los
cambios sociales y delictivos para preservar su pertinencia y eficacia. La
carencia de esta capacidad de adaptación puede generar tensiones indebidas
sobre el sistema judicial, especialmente cuando se enfrenta a fenómenos
delictivos emergentes no contemplados por la legislación existente.
• Identificación de Tendencias Nacientes: La respuesta eficaz de la política
criminal a los cambios sociales y criminales comienza con el
reconocimiento temprano de las tendencias emergentes. La identificación
proactiva de patrones delictivos en evolución y la comprensión de las
transformaciones sociales permiten a las autoridades diseñar estrategias
preventivas y de control que se ajusten a las realidades contemporáneas.
Esta capacidad de anticipación es esencial para prevenir que el sistema
judicial se vea desbordado por fenómenos delictivos imprevistos.
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
• Presiones Inherentes al Cambio: Las presiones cambiantes en la
sociedad, como el progreso tecnológico, los cambios culturales y las crisis
económicas, pueden propiciar formas novedosas de comportamiento
delictivo. La política criminal debe estar preparada para abordar estas
nuevas dinámicas y desarrollar respuestas innovadoras. La inflexibilidad
en la aplicación de leyes existentes puede conducir a lagunas normativas
y limitar la capacidad del sistema judicial para afrontar desafíos
emergentes.
• Papel de la Legislación en Constante Evolución: La capacidad de
adaptación de la política criminal implica una legislación en continua
evolución que refleje de manera efectiva las realidades cambiantes de la
sociedad y la delincuencia. Este proceso no solo implica la introducción
de nuevas leyes, sino también la revisión y ajuste de las leyes existentes
para mantener su relevancia y eficacia. La flexibilidad legislativa es
esencial para dotar al sistema judicial de las herramientas necesarias para
abordar eficazmente las tendencias criminales emergentes.
• Colaboración y Comunicación Interdisciplinaria: El éxito de la adaptación
de la política criminal a cambios sociales y criminales implica una
colaboración y comunicación interdisciplinaria efectiva. La interacción
entre criminólogos, legisladores, profesionales judiciales y otros expertos
facilita el intercambio de conocimientos y perspectivas, permitiendo la
identificación y abordaje de fenómenos delictivos emergentes. Esta
colaboración puede ser esencial para el diseño de estrategias integrales
y actualizadas.
• Evaluación Continua de Estrategias: Una política criminal adaptable no
solo se trata de ajustar leyes, sino también de evaluar constantemente la
efectividad de las estrategias implementadas. La retroalimentación
basada en resultados reales proporciona información valiosa para ajustar
y mejorar las respuestas del sistema judicial a los cambios en la sociedad
y la criminalidad. Esta evaluación constante es esencial para asegurar
que las políticas sean efectivas y se ajusten a las necesidades
cambiantes.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 97
Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
La capacidad de la política criminal para adaptarse a cambios en la sociedad y
la criminalidad es crucial para mantener la eficacia y relevancia del sistema
judicial. La anticipación de tendencias emergentes, la flexibilidad legislativa, la
colaboración interdisciplinaria y la evaluación continua son elementos clave de
esta capacidad de adaptación, asegurando que el sistema judicial esté
preparado para abordar de manera efectiva los desafíos cambiantes que
enfrenta.
2.1.3.8. Optimización de la Efectividad en el Control del Delito
La evaluación de la política criminal según su efectividad en el control del delito
es esencial para garantizar una administración de justicia coherente y eficaz.
Este proceso de evaluación se basa en la medición de resultados tangibles
derivados de la implementación de políticas específicas y permite ajustar
estrategias para abordar de manera proactiva los desafíos delictivos
emergentes.
• Indicadores Cuantificables: La medición de resultados implica el análisis
detallado de indicadores cuantificables que reflejen la prevalencia y la
naturaleza de la criminalidad en un periodo determinado. Estos
indicadores pueden incluir tasas de delincuencia, índices de reincidencia,
y otros datos estadísticos relevantes. Al recopilar y analizar estos datos,
las autoridades judiciales pueden evaluar la efectividad real de las
políticas implementadas.
• Análisis de Tendencias a Largo Plazo: La efectividad en el control del
delito no puede evaluarse de manera aislada; es necesario realizar
análisis de tendencias a largo plazo. Esto implica examinar la evolución
de los índices delictivos a lo largo de varios años para identificar patrones,
determinar la sostenibilidad de las reducciones o aumentos observados y
ajustar las estrategias en consecuencia. El enfoque en tendencias a largo
plazo proporciona una perspectiva más completa de la efectividad de las
políticas criminales.
• Consideración de Factores Multidimensionales: La medición de
resultados debe considerar factores multidimensionales que pueden influir
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 98
Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
en la efectividad de las políticas criminales. Esto incluye evaluar el
impacto en diferentes segmentos de la población, analizar la correlación
con factores socioeconómicos y examinar cómo las políticas afectan a
comunidades específicas. La consideración de estos factores garantiza
una evaluación más completa y equitativa de la efectividad de las
políticas.
• Ajustes Continuos basados en Resultados: La retroalimentación basada
en la medición de resultados debe alimentar ajustes continuos en las
políticas criminales. Si se observa un aumento inesperado en ciertos
delitos o se identifican áreas donde las políticas no están teniendo el
impacto previsto, es esencial realizar ajustes inmediatos. Esta capacidad
de adaptación en función de resultados tangibles garantiza que las
políticas sean efectivas y respondan de manera dinámica a las
cambiantes condiciones del entorno delictivo.
• Transparencia y Rendición de Cuentas: La medición de resultados
también promueve la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema
judicial. Al proporcionar información clara sobre el impacto real de las
políticas, se fortalece la confianza del público en el sistema judicial. La
rendición de cuentas se facilita mediante la comunicación abierta sobre
los resultados y la disposición de las autoridades a ajustar políticas en
función de la evidencia.
La medición de resultados en la efectividad de la política criminal en el control
del delito es esencial para garantizar que las estrategias adoptadas sean
efectivas y se ajusten a las necesidades cambiantes. A través de la evaluación
constante, ajustes proactivos y la transparencia en la comunicación de
resultados, el sistema judicial puede optimizar su capacidad para abordar de
manera eficaz los desafíos delictivos en la sociedad.
Como podemos observar el impacto de la política criminal en el sistema judicial
es multifacético y complejo. Desde la formulación de leyes hasta la asignación
de recursos y la implementación de programas de rehabilitación, cada decisión
tiene implicaciones que afectan la administración de justicia y la eficacia del
sistema judicial. Una política criminal informada y adaptable es esencial para
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 99
Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
lograr un equilibrio entre la prevención del delito, la justicia social y la eficiencia
judicial.
2.1.4. Explorando las Dinámicas del Delito: Reseñas Críticas
sobre Criminología y Política Criminal
La dinámica del delito es un fenómeno complejo que involucra múltiples factores
y exige un análisis en profundidad desde las perspectivas de la criminología y la
política criminal. Estas disciplinas, en constante evolución, juegan un papel
crucial en la comprensión, prevención y gestión de las conductas delictivas en la
sociedad contemporánea. Las reseñas críticas presentadas en este contexto
buscan adentrarse en las investigaciones más recientes y debates en curso,
explorando diversos aspectos que van desde la etiología del crimen hasta la
efectividad de las estrategias de control implementadas por la política criminal.
2.1.4.1. Prevención del crimen
La sección sobre "Prevención del Crimen" de la obra "Tratado de Criminología"
de Antonio García-Pablos de Molina, en su tercera edición (Valencia, España,
2003), aborda de manera detallada y exhaustiva los modelos y programas de
prevención e intervención en Criminología. García-Pablos de Molina destaca la
relevancia de la prevención del delito en la Criminología empírica actual y en la
Política Criminal. A través de un análisis jurídico dogmático, establece
conexiones entre la criminología clásica y moderna, abordando las distintas
escuelas criminológicas y evaluando modelos socialistas. La obra se estructura
en cinco subcapítulos que proporcionan una comprensión integral de la
prevención del crimen.
El crimen, considerado un problema social, requiere una solución proporcionada
por la sociedad misma. La mera satisfacción de la pretensión punitiva del Estado
no es suficiente. García-Pablos de Molina destaca la importancia de una
respuesta al delito que vaya más allá de la capacidad intimidatoria del sistema
legal, abogando por la rehabilitación del delincuente, la reparación del daño a la
víctima y la resolución constructiva del conflicto. Se abordan modelos teóricos
de prevención, desde la prevención primaria que busca neutralizar las causas
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 100
Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
del conflicto criminal hasta la prevención terciaria destinada a evitar la
reincidencia.
Se destacan dos modelos teóricos de prevención del delito, el clásico y el
neoclásico, ambos centrados en la amenaza del castigo como esencia de la
prevención. Se examina la evaluación empírica de los modelos disuasorios,
subrayando la dificultad de medir el efecto intimidatorio real de la pena. Se critica
el enfoque exclusivo en la disuasión y se aboga por programas de prevención
primaria. Se cuestiona la eficacia de la pena privativa de libertad y se propone la
prevención situacional como un modelo que se centra en reducir la oportunidad
delictiva, modificando el entorno.
La obra resalta la importancia de la criminología moderna en el Estado Social y
Democrático de Derecho, donde la prevención desempeña un papel
fundamental. Sin embargo, se señalan circunstancias negativas que afectan las
políticas de prevención, como el desempleo, la violencia y la corrupción. Se
destaca la necesidad de un compromiso colectivo para abordar el problema
social del crimen.
El crimen es un problema social, que afecta a la comunidad, debiendo el Estado
implementar estrategias adecuadas que permitan mitigar el cometimiento de
delitos.
Debe darse una mayor importancia a las medidas preventivas del delito y
conseguir que vayan adquiriendo un peso específico frente a las políticas
sancionadoras o represivas. Dentro de la perspectiva de prevención del delito,
parece razonable poner el acento en la actuación cada vez más temprana frente
al riesgo delictivo, por medio de las políticas de prevención secundaria (en el
momento del problema) y primaria (antes del problema), para finalmente,
implementar las políticas de prevención terciarias, ya cuando la persona este
recluida en los centros de privación de libertad, esta política debe actuar para
evitar la reincidencia a través de una verdadera rehabilitación.
Las teorías situacionales parten del presupuesto de que el delito es fruto de una
elección motivada o racional de un sujeto que considera la presencia de
circunstancias no aleatorias que favorecen la «oportunidad» de delinquir o
ejecutar la elección delictiva; de esta premisa se deduce que el objetivo de estas
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 101
Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
teorías sea la reducción de oportunidades, pretendiendo hacer menos atractivo
el delito.
Las teorías situacionales centradas en la actuación sobre los factores
ambientales o geográficos, han determinado la influencia de la ubicación
geográfica urbana a la hora de generar o incrementar la percepción del miedo,
como base para generar políticas de control social formal o informal en función
de estos parámetros. Esta vinculación entre la estructura urbana y la inseguridad
ha sido también confirmada en nuestro país, y un claro ejemplo es cuando
ocurren asesinatos, el Código Orgánico Integral Penal ha tipificado en el Art. 140
numeral 4, considerando los factores ambientales y geográficos.
2.1.4.2. Análisis y Evaluación de Programas de Prevención
del Delito
El capítulo sobre el análisis y evaluación de los principales programas de
prevención del delito es una sección crucial en la IV parte del "Tratado de
Criminología" de Antonio García Pablos de Molina, publicado en 2003 en
Valencia, España. Este apartado aborda dos aspectos fundamentales: el éxito
de la filosofía prevencionista y los programas de prevención desde enfoques
relevantes.
García Pablos de Molina destaca que la participación ciudadana es esencial para
el éxito de cualquier acción emprendida para prevenir la delincuencia. Propone
un nuevo enfoque donde la formulación de programas y acciones públicas se
realice con la participación activa de la sociedad. La prevención del delito se
convierte así en un componente esencial de la estrategia de seguridad pública,
extendiéndose más allá de la respuesta punitiva y reactiva.
Éxito de la Filosofía Prevencionista: El surgimiento del nuevo paradigma
"prevencionista" se atribuye al fracaso del modelo represivo, que actuaba
tardíamente, y a la selectividad del crimen que exige condiciones específicas. La
criminología desempeña un papel crucial al identificar variables y presionar a la
sociedad para implementar estrategias de prevención más ambiciosas,
involucrando a los actores relevantes.
Programas de Prevención más Relevantes:
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
• Prevención sobre Áreas Geográficas: Basado en el aspecto espacial,
estos programas se enfocan en áreas con altas tasas de criminalidad,
proponiendo intervenciones de reordenamiento social.
• Remodelación de la Convivencia Humana: Desde la psicología
comunitaria, se busca reestructurar el entorno urbano para influir en el
hábitat físico y modificar actitudes delictivas.
• Orientación Comunitaria: Reconociendo al crimen como un problema
comunitario, se propone la intervención comunitaria con el compromiso
de las fuerzas vivas.
• Prevención Victimal: Dirigido a poblaciones vulnerables, busca prevenir
delitos mediante la concienciación y difusión de medidas de protección.
• Insp. Político-Social: Aborda las desigualdades económicas y sociales
como fuente de delito, proponiendo programas que ofrezcan
oportunidades de bienestar social.
• Prevención de la Criminalidad: Orientado a la revisión de actitudes y
valores sociales, busca cambiar comportamientos desde una perspectiva
positiva.
• Criminalidad Subcultural: Fomenta enseñanzas positivas para
contrarrestar la participación en subculturas criminales.
• Cultura Consumista: Aboga por políticas sociales ambiciosas para
contrarrestar la cultura consumista y la desigualdad de oportunidades.
• Orientación Cognitiva: Intervención resocializadora para aislar al
delincuente de influencias negativas, promoviendo la capacidad de
discernimiento.
• Prevención de Reincidencia: Dirigido a penados, busca evitar la
reincidencia mediante intervenciones pedagógicas y terapéuticas, así
como alternativas al sistema legal.
• Bases de una Moderna Política Criminal de Prevención del Delito: Se
destaca la necesidad de una política criminal de prevención que controle
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
el crimen de manera razonable y con un enfoque a medio y largo plazo.
La prevención debe considerarse como social y comunitaria, requiriendo
el compromiso activo de la comunidad. La autocrítica y la implementación
de políticas sociales efectivas son esenciales para una prevención
exitosa.
García Pablos de Molina presenta una reflexión exhaustiva sobre los programas
de prevención del delito. Varios de estos programas se pueden relacionar con la
realidad ecuatoriana, destacando la importancia de la participación ciudadana,
la intervención en áreas geográficas y la necesidad de una política de prevención
de reincidencia.
La prevención del delito implica estrategias y medidas para reducir riesgos y
combatir causas. Intervenir en la raíz del problema criminal es crucial, y los
programas de prevención actúan de manera complementaria. En Ecuador, la
Policía Nacional ha implementado programas como "Ecuador Territorio de Paz",
destacando la importancia de la participación comunitaria en la prevención del
delito. Una política criminal honesta inicia con la autocrítica y se centra en
prestaciones positivas para reestructurar la convivencia y controlar el crimen de
manera razonable.
2.1.4.3. Las prisiones en América Latina
En el artículo "Las prisiones de América Latina", las autoras destacan que el
encarcelamiento en la región no sigue el modelo panóptico, subrayando la
dinámica de negociaciones internas entre prisioneros y personal de custodia. La
actual crisis carcelaria en Ecuador subraya la importancia de analizar las
situaciones en las prisiones latinoamericanas para comprender la gestión de las
personas privadas de libertad. La vulnerabilidad inherente a estos individuos,
separados de su entorno habitual, depende de diversos factores individuales,
circunstancias y la etapa del proceso judicial.
Mediante un mapeo, se evidencia el marcado aumento en la población
penitenciaria en América Latina en las últimas dos décadas. Esto se acompaña
de un deterioro en las condiciones de las prisiones, generando dudas sobre la
adhesión de los sistemas penitenciarios a las normas internacionales de
derechos humanos y si cumplen con los instrumentos legales. A pesar de que
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pág. 104
Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
las personas privadas de libertad deben gozar de los mismos derechos, existen
limitaciones temporales basadas en la ley y en razones inherentes a su
condición.
• El creciente poder del castigo: La expansión global del poder punitivo se
destaca, evidenciando una mayor diversificación en la administración de
la justicia criminal que va más allá de las prisiones. A pesar de la
implementación de dispositivos de control como brazaletes electrónicos y
arrestos domiciliarios, no se ha reducido la tasa de encarcelamiento. En
América Latina, las políticas de prohibición, especialmente en relación con
el narcotráfico, impulsan el aumento de la población carcelaria. La
detención prolongada antes del juicio contradice los principios de los
derechos humanos y la presunción de inocencia.
• La vida en prisión: La falta de recursos y personal en las prisiones
latinoamericanas ha llevado a una disminución de la autoridad del
personal penitenciario. Los problemas incluyen la falta de supervisión en
las clases o talleres, la insuficiente provisión de bienes y servicios, y la
escasa presencia de oficiales en los pabellones. Esto refleja una realidad
similar en zonas urbanas pobres, donde la policía evita ingresar por temor.
Las pandillas latinoamericanas operan cada vez más dentro de los
sistemas penitenciarios, corrompiendo a funcionarios estatales.
La crisis carcelaria, marcada por el hacinamiento, el endurecimiento de penas y
la falta de personal capacitado, contribuye a la destrucción de la personalidad y
la salud de los reclusos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca
los problemas vinculados a la falta de espacios en prisiones, afectando la
higiene, la violencia, la protección y la calidad de los servicios. Sin medidas
correctivas, la crisis carcelaria en América Latina podría volverse incontrolable.
La problemática penitenciaria en América Latina, enmarcada en el hacinamiento,
la violencia y la corrupción, revela la vulneración de los derechos fundamentales
de las personas privadas de libertad. A pesar de la existencia de normativas
legales, estas han quedado en letra muerta. La falta de capacidad instalada y el
uso indiscriminado de la prisión preventiva demandan una concientización en la
administración de justicia penal. La intervención estatal y la solicitud de ayuda
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 105
Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
internacional son esenciales para establecer un sistema de rehabilitación
efectivo.
2.1.4.4. La sociedad de los reclusos y los límites de la
represión
"La Sociedad de los Cautivos" de Gresham Sykes, publicada en 1958, ha
mantenido su relevancia como una obra fundamental que ofrece una visión
penetrante del sistema carcelario. Mediante una minuciosa investigación en una
prisión de máxima seguridad en Nueva Jersey, Sykes realiza un análisis
profundo de los problemas inherentes a la vida en prisión. Esta obra, compuesta
por siete capítulos, no solo retrata el sistema carcelario de la época, sino que
también sirve como un espejo que refleja las problemáticas actuales.
En su enfoque, Sykes destaca la importancia de comprender la prisión no solo
como un espacio físico de muros y celdas, sino como una sociedad en sí misma.
La privación de libertad en un entorno carente de garantías básicas de
infraestructura da lugar a un régimen totalitario, donde el poder se concentra en
manos de ciertas personas y se mantiene mediante amenazas de fuerza. Esta
conceptualización se revela particularmente pertinente al examinar la realidad
carcelaria en Ecuador.
La obra aborda una cuestión central relacionada con el orden social, destacando
dos dimensiones fundamentales. En el entorno de las comunidades de reclusos,
la prisión emerge como una institución basada en una forma de poder que difiere
de la moral internalizada. Simultáneamente, se presenta el poder represivo
ejercido por las autoridades, el cual se revela como ineficaz para mantener la
estabilidad social.
Es crucial considerar la escasa autoridad moral de los guardias, combinada con
la limitada efectividad de la violencia, lo que conduce a fallos en el ejercicio del
poder total. Este poder total recae específicamente en aquellos encargados de
custodiar a los individuos privados de libertad. Un ejemplo evidente de esta
dinámica se observa en la situación actual del sistema penitenciario en Ecuador,
que se ha convertido en un claro ejemplo del fracaso de diversos gobiernos e
instituciones públicas en su misión de abordar la desigualdad estructural. La
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
violencia ha permeado estos lugares estratégicos, donde los reclusos
experimentan la privación de su vida. Numerosos incidentes han expuesto un
contexto marcado por el abandono, la violencia, los motines, la discriminación y
la corrupción en la vida carcelaria. Los eventos ocurridos en el Estado
ecuatoriano entre los años 2021 y 2022 destacan la falta de respuestas efectivas
por parte del Estado ante la crisis penitenciaria.
A pesar de las deficiencias inherentes al sistema, se reconoce que el daño penal,
es decir, los sufrimientos experimentados dentro de la prisión, deberían ser
proporcionales a las transgresiones cometidas por aquellos que han incurrido en
actos ilícitos. En la prisión moderna, se ha evolucionado más allá del concepto
de castigo corporal, reconociendo que la privación de libertad no implica una
pérdida de derechos humanos.
Sykes destaca que su obra busca exponer la singularidad de la sociedad
carcelaria desde las perspectivas tanto de los guardias como de los reclusos,
explorando la naturaleza de su interacción. Subraya la prisión como un espacio
donde prevalece el rechazo y la negación, caracterizado por el sufrimiento del
encarcelamiento, que implica la pérdida de privilegios y la ausencia de
recompensas.
Lamentablemente, el orden social se muestra extremadamente frágil y
susceptible a la corrupción, que se manifiesta de manera encubierta en la
sociedad. Esta corrupción se extiende desde las negociaciones entre los
guardias y los presos hasta las acciones de las autoridades que administran los
centros penitenciarios.
La crisis carcelaria en el Estado ecuatoriano constituye un desafío complejo y
multifacético que afecta tanto a los reclusos como al sistema penitenciario en su
conjunto. A continuación, se destacan algunos de los aspectos clave de esta
situación problemática:
• Sobrepoblación y Hacinamiento: Una de las principales problemáticas
es la sobrepoblación carcelaria, que ha llevado a un hacinamiento
significativo en las cárceles ecuatorianas. El número de reclusos excede
la capacidad diseñada de las instalaciones, lo que resulta en condiciones
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
precarias, falta de espacio y servicios adecuados, y una mayor dificultad
para mantener el control y garantizar la seguridad.
• Violencia y Motines: La violencia y los motines son fenómenos
recurrentes en el sistema penitenciario ecuatoriano. La aglomeración de
reclusos en condiciones adversas a menudo genera tensiones, conflictos
y episodios de violencia dentro de las cárceles. Estos incidentes no solo
ponen en riesgo la seguridad de los internos, sino también la de los
guardias y otros empleados penitenciarios.
• Fracaso en la Rehabilitación: La falta de programas efectivos de
rehabilitación y reinserción social agrava la crisis carcelaria. La
sobrepoblación dificulta la implementación de iniciativas que busquen la
reintegración exitosa de los reclusos en la sociedad después de cumplir
sus penas, lo que perpetúa el ciclo de reincidencia delictiva.
• Condiciones Precarias de Vida: Los reclusos enfrentan condiciones de
vida precarias, con acceso limitado a servicios básicos, atención médica
y programas educativos. El hacinamiento contribuye a la propagación de
enfermedades, generando riesgos para la salud de los reclusos y, en
algunos casos, extendiéndose a la comunidad exterior.
• Corrupción y Negociaciones Ilegales: La corrupción ha permeado el
sistema penitenciario ecuatoriano, desde negociaciones ilegales entre
guardias y reclusos hasta acciones indebidas por parte de las autoridades
que administran las cárceles. Estas prácticas corruptas socavan la
integridad del sistema y contribuyen a la falta de confianza en las
instituciones penitenciarias.
• Desafíos del Sistema Judicial: La crisis carcelaria también refleja
desafíos en el sistema judicial, como demoras en los juicios, acumulación
de casos pendientes y falta de recursos para abordar eficientemente las
demandas judiciales. Estos problemas contribuyen a la prolongación de
la estadía de los reclusos en espera de juicio y agravan la situación de
sobrepoblación.
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
• Impacto en la Sociedad: La crisis carcelaria no solo afecta a los reclusos
y al sistema penitenciario, sino que también
"La Sociedad de los Cautivos" sigue siendo una obra fundamental que
proporciona una visión profunda y penetrante del sistema carcelario. La
pertinencia de sus conceptos y análisis perdura a lo largo del tiempo, y su
capacidad para reflejar y explicar las problemáticas actuales en el ámbito
penitenciario, como se observa en la realidad ecuatoriana, destaca la
importancia continua de esta obra en el estudio de la sociedad carcelaria y sus
implicaciones más amplias.
2.1.4.5. Los sufrimientos del encarcelamiento
En uno de los capítulos de "La sociedad de los cautivos" titulado "Los
sufrimientos del encarcelamiento", Gresham M. Sykes y Bruce Western exploran
el concepto de sufrimiento que experimentan las personas privadas de libertad.
La sociedad contemporánea refleja un rechazo moral y una carga estigmatizante
hacia aquellos que han pasado por el sistema carcelario, afectando su capacidad
para acceder a empleos dignos, a pesar de que la normativa legal prohíbe la
discriminación basada en antecedentes judiciales.
El sufrimiento del encarcelamiento, desde la perspectiva de los reclusos, se
manifiesta en la vida en la prisión de máxima seguridad como restrictiva y
profundamente frustrante. Esta vivencia implica amenazas a la integridad y
personalidad del individuo, generando un impacto negativo en su autoestima y
desencadenando un dolor por la pérdida de libertad. El encarcelamiento se
convierte en un padecimiento cada vez más intenso, marcado por el rechazo
deliberado de la comunidad y dejando secuelas traumáticas posteventos
desagradables.
• Privación de Libertad: Los reclusos coinciden en que la vida en prisión es
privativa y frustrante, siendo castigados no solo con penas físicas, sino
también con una influencia deliberada que ataca su autoestima y
seguridad psicológica. Aunque existen horarios de visitas y ciertos
privilegios, el aislamiento y la debilitación de vínculos familiares
contribuyen al dolor y al castigo emocional durante la reclusión.
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Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
• Privación de Bienes y Servicios: Comparar el estándar de vida entre una
persona libre y una privada de libertad es complejo, pero se destaca la
falta de comodidades y bienes en la vida carcelaria. Aunque hay ciertos
privilegios, el empobrecimiento afecta la autoimagen y la autoestima,
recordándoles que están pagando por sus delitos.
• Privación de Relaciones Heterosexuales: En las prisiones de máxima
seguridad en Estados Unidos, la ausencia de visitas conyugales frustra
las relaciones heterosexuales de los reclusos, generando problemas
fisiológicos y psicológicos. Esta privación afecta negativamente la esfera
sexual, un aspecto natural del ser humano.
• La Privación en su Autonomía: Desde el momento de ingreso, los reclusos
experimentan una privación de su autonomía, ya que están sujetos a las
normas institucionales. La tríabilidad del control por parte del personal
burocrático crea una pérdida adicional de seguridad, ya que difiere de la
regulación basada en la costumbre.
• La Privación de la Seguridad: La privación de seguridad surge al obligar
a los reclusos a interactuar con otros hombres violentos y agresivos. Esta
situación genera ansiedad y afecta la seguridad emocional del detenido,
no solo por los actos violentos sino también por la constante evaluación
de su habilidad para enfrentarlos.
Se destaca la diferencia entre los sistemas carcelarios de Estados Unidos y
América Latina, evidenciando un control estatal más fuerte frente al control de
los prisioneros. Aunque se menciona la limitación de derechos en América del
Sur, se enfatiza que esta restricción ayuda a contrarrestar niveles de violencia.
Los Estados sudamericanos deben esforzarse en la administración de la
población carcelaria, reconociendo sus derechos humanos.
El sufrimiento del encarcelamiento va más allá de la pérdida física de libertad,
abarcando frustraciones y privaciones que amplifican ese sufrimiento. Estas
privaciones, desde la pérdida de bienes hasta la falta de relaciones
heterosexuales, generan una presión constante que impacta en la conducta de
los reclusos. La búsqueda de alternativas para escapar de estas tensiones refleja
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Capítulo II:
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la necesidad de abordar adecuadamente las dimensiones físicas, psicológicas y
sexuales de quienes sufren el encarcelamiento.
2.1.4.6. Seguridad Urbana y Estrategias Preventivas del
Delito: Un Análisis Crítico
En el ámbito internacional, se han desarrollado diversas tácticas y técnicas
dirigidas directamente a la prevención del delito. Estas estrategias han
evolucionado a lo largo de la historia, adaptándose a los cambios culturales,
políticas criminales penales y no penales, y a la constante transformación de la
sociedad. Este análisis crítico se centra en la obra de Máximo Sozzo, quien
aborda el tema de la seguridad urbana y las tácticas utilizadas para prevenir el
delito.
La política criminal se orienta hacia dos objetivos principales: la represión del
delito, actuando después de su comisión, y la prevención, enfocándose en evitar
la perpetración de actos delictivos. Para alcanzar estas metas, se emplean
recursos penales y no penales. El primero, inicialmente destinado a la represión,
ha adoptado matices preventivos con el tiempo. El segundo, de naturaleza no
penal, ha mantenido históricamente su enfoque en la prevención del delito.
Dada la actual dirección de la política criminal hacia la seguridad urbana, con
problemas objetivos como ser víctima de un delito y subjetivos como el temor a
ser víctima, se observa una convergencia con la seguridad social. Esto da lugar
a tres tácticas alternativas de prevención del delito.
• Táctica Situacional y Ambiental
Esta táctica busca reducir las oportunidades para la comisión de delitos.
Teóricamente, se sustenta en tres enfoques: la teoría de la elección racional, el
diseño del entorno para excluir la delincuencia y la teoría de las actividades
rutinarias. Sin embargo, se critica su capacidad para desplazar, en lugar de
eliminar, el delito.
• Táctica Social
Esta táctica aborda la creciente criminalidad social como resultado de
desigualdades sociales. Busca reducir la delincuencia mediante la igualdad de
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
condiciones sociales. Se explora en dos contextos: anglosajón, centrado en
teorías de control, y francés, enfocado en la prevención del delito independiente
del Estado.
• Táctica Comunitaria
Considerada como una prevención social y comunitaria del delito, esta táctica se
sitúa entre las tácticas situacional-ambiental y sociales. Se apoya en teorías
como la movilización de individuos y recursos, la organización comunitaria, la
defensa comunitaria, el involucramiento de los residentes y las instituciones
intermedias.
Aunque las tácticas de prevención han mitigado en cierta medida la criminalidad,
el delito persiste y supera estas estrategias. Las tácticas presentadas son
funcionales y eficaces, pero no lo suficientemente eficientes para erradicar el
delito a largo plazo. La táctica comunitaria gana relevancia debido a la
percepción de inseguridad, llevando a la sociedad civil a colaborar con la
institución policial para combatir la criminalidad mediante una mixtura entre el
control social formal e informal (Sozzo, 2000)
Ante el fracaso evidente de las tácticas de prevención y la institución policial
como principal herramienta para erradicar el delito, se destaca la importancia de
confiar en los mecanismos de control social informal. La apuesta por sancionar
incivilidades puede conducir a un populismo penal ineficaz. La táctica de "Justicia
Indígena", basada en la justicia restaurativa y el control social informal, emerge
como un modelo alternativo exitoso en sistemas que reconocen el pluralismo
jurídico, como en Ecuador y otros estados latinoamericanos.
2.1.4.7. Victimización secundaria
El concepto de victimización secundaria, abordado por Carlos V. Reyes y Gina
Ll. Benavides en su artículo "Perspectiva Psicosocial de los Derechos Humanos
- Victimización Secundaria", se centra en los impactos psicosociales y legales en
individuos sometidos a procesos judiciales prolongados. Las autoras destacan
acertadamente que la victimización secundaria constituye una forma de violencia
institucional, manifestándose en la atención nula o inadecuada que recibe la
víctima al entrar en contacto con el sistema de justicia. Esta violencia refuerza la
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
posición de víctima y causa daños psicológicos, sociales, judiciales y
económicos.
La victimización secundaria se refiere a las consecuencias negativas
experimentadas por las víctimas de delitos debido a la respuesta inadecuada de
instituciones y personas involucradas en procesos judiciales. En el caso de
estudio, ilustrado con el ejemplo de VJGA en Ecuador, se examinan
detalladamente los parámetros de la victimización secundaria.
• Eventos y Secuelas en Eventos Inesperados: La pérdida de un ser querido
desencadena efectos psicológicos y reacciones en la conducta de la
familia. Este evento imprevisto genera daños psíquicos y emocionales
crónicos, reduciendo la capacidad de afrontar la nueva realidad. La falta
de superación del duelo puede conducir a una victimización por parte de
la propia persona afectada.
• Efectos en Víctimas de Procesos Judiciales Prolongados: Irregularidades
en el proceso judicial, como dilaciones, diligencias incompletas y
audiencias extensas, contribuyen a la victimización secundaria. La madre
de VJGA experimenta victimización múltiple debido a la prolongación
injustificada del proceso, generando impactos psicosociales en ella, su
familia y la comunidad.
• La Victimización Secundaria: La negación de derechos de la víctima,
manifestada en audiencias fallidas, procesos pospuestos y desconfianza
en los operadores de justicia, constituye la victimización secundaria. Esto
aumenta el sufrimiento psicológico y físico de la víctima, generando una
pérdida de credibilidad en las instituciones, especialmente en la Fiscalía,
y afectando su entorno familiar.
• Derecho a la Reparación Integral: La reparación integral busca restituir
derechos y mejorar la situación de las víctimas. Implica una reparación
económica y psicológica para la familia y la víctima, así como medidas
judiciales y simbólicas para la sociedad. La ausencia de reparación puede
resultar en trastornos, estigmatización social y la perpetuación de la
victimización secundaria.
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
• Solicitud de Medidas de Reparación Integral: Se propone la
indemnización por daños y perjuicios, medidas simbólicas como la
publicación de la sentencia y acciones para prevenir la repetición de
eventos similares. Además, se destaca la importancia de la intervención
psicosocial prioritaria en el afrontamiento del duelo, especialmente en
casos de pérdida de un hijo.
El análisis de caso plantea interrogantes sobre la eficiencia de la justicia,
especialmente en casos donde la prolongación del proceso impacta
negativamente en las víctimas. A pesar de la consideración prioritaria de casos
relacionados con niños, niñas y adolescentes, el sistema judicial ecuatoriano ha
fallado en proporcionar una tutela judicial efectiva, afectando la salud física y
mental de las víctimas y sumiéndolas en una victimización secundaria.
La victimización secundaria, un fenómeno conceptual en progreso, tiene
repercusiones psicosociales y legales prolongadas que afectan la capacidad de
las personas para enfrentar procesos judiciales. La reparación integral, que
abarca medidas económicas y simbólicas, emerge como una necesidad crucial
para contrarrestar los daños ocasionados y prevenir la perpetuación de la
victimización secundaria. La falta de reparación contribuye a la impunidad y a la
vulneración continua de los derechos de las víctimas, resaltando la necesidad de
un sistema judicial ágil y efectivo.
2.2. Conclusiones del capítulo
En este capítulo, hemos explorado a fondo el complejo tejido que conforma la
política criminal, desde su definición hasta la aplicación de sus principios
fundamentales, resaltando su esencia como un conjunto de decisiones y
estrategias gubernamentales destinadas a controlar y abordar la criminalidad. A
lo largo de este análisis, hemos profundizado en varios aspectos clave,
destacando la importancia de la interdisciplinariedad, la comprensión de las
dinámicas del delito, las reseñas históricas que moldean su evolución, así como
aspectos cruciales como la prevención del crimen, las prisiones, la sociedad de
los reclusos y el sufrimiento del encarcelamiento.
Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
La política criminal, fundamentada en principios clave como la proporcionalidad
de las penas, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos,
se revela como un instrumento esencial para mantener el orden social y
garantizar la seguridad ciudadana. Su definición abarca tanto aspectos legales
como sociales, reflejando la necesidad de una perspectiva integral para abordar
eficazmente la complejidad de la criminalidad.
La interdisciplinariedad emerge como un pilar fundamental, permitiendo una
comprensión más completa y precisa de la criminalidad. La incorporación de
conocimientos provenientes de la sociología, la psicología, la criminología y otras
disciplinas se erige como una herramienta esencial para la formulación de
políticas más efectivas y equitativas.
Explorar las dinámicas del delito y revisar las reseñas históricas revela la
evolución de la política criminal a lo largo del tiempo. Desde sistemas punitivos
hasta enfoques más centrados en la rehabilitación, la adaptabilidad de las
estrategias preventivas se destaca como una lección crucial, resaltando la
importancia de aprender de la historia para moldear políticas más efectivas en el
presente.
La prevención del crimen emerge como un componente esencial de la política
criminal, abogando por estrategias que vayan más allá del castigo, priorizando
la identificación y mitigación de factores de riesgo antes de que se materialice el
delito.
El análisis de las prisiones y la sociedad de los reclusos pone de manifiesto la
tensión constante entre el castigo y la rehabilitación. La efectividad de las
prisiones se mide no solo por su capacidad para contener, sino también por su
capacidad para reformar y preparar a los reclusos para una reintegración exitosa
en la sociedad.
El sufrimiento del encarcelamiento se revela como una realidad compleja y
multidimensional que va más allá de la pérdida de libertad. La atención a la
privación de derechos, la seguridad y el bienestar emocional de los reclusos se
postula como una necesidad imperante para abordar de manera efectiva el
sufrimiento asociado al encarcelamiento.
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pág. 115
Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
En conclusión, este capítulo ha proporcionado una visión holística de la política
criminal, destacando su evolución, principios fundamentales y la necesidad de
una perspectiva interdisciplinaria. La comprensión de las dinámicas del delito,
las estrategias preventivas y la atención a los aspectos humanos detrás del
sufrimiento del encarcelamiento son esenciales para la formulación de políticas
más justas, equitativas y efectivas en el ámbito de la justicia penal.
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Capítulo II:
Política Criminal para una Justicia Renovada Criminología
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Entre la Criminología y la Política Criminal: Caminos para una Justicia Renovada
pág. 123
Referencias:
El texto aborda la relación entre criminología y política criminal,
destacando su importancia en la comprensión del fenómeno criminal
y la gestión estatal contra la delincuencia. Se exploran elementos
clave, incluyendo los objetivos valorativos de la política criminal, la
relación entre violencia estatal y social, la flexibilidad en la elección
de objetivos, y la operación en diversos contextos. Se destaca la
crucial participación del poder legislativo y la necesidad de adaptarse
a la temporalidad. El texto aboga por nuevas políticas criminales
respaldadas por instrumentos legales sólidos y una administración
pública eficaz para moldear un sistema de justicia más preciso en la
sociedad contemporánea.
Palabras Clave: Criminología, Política criminal, Violencia estatal,
Objetivos valorativos, Adaptación temporal.
Abstract
The text addresses the relationship between criminology and criminal policy, highlighting
its importance in understanding the criminal phenomenon and state management of
crime. Key elements are explored, including the evaluative objectives of criminal policy,
the relationship between state and social violence, flexibility in the choice of objectives,
and operation in diverse contexts. The crucial involvement of the legislature and the need
to adapt to temporality are highlighted. The text argues for new criminal policies
supported by sound legal instruments and effective public administration to shape a more
accurate justice system in contemporary society.
Keywords: Criminology, Criminal policy, State violence, Value objectives, Temporal
adaptation.
http://www.editorialgrupo-aea.com
Editorial Grupo AeA
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Editorial Grupo AEA